STAFF / NTRZACATECAS.COM
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La diputada Perla Martínez Delgado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de la Ley para Prevenir y Erradicar toda Forma de Discriminación en Zacatecas.

La finalidad es establecer un consejo estatal en este rubro, que sea un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría General de Gobierno, con el fin de que tenga atribuciones que le permitan responder a las quejas en cuanto a discriminación.

Por su parte, en la ley orgánica se plantea adicionar una fracción al Artículo 48 que permita que el consejo se convierta en un organismo público descentralizado.

En la ley contra la discriminación se plantean reformas para los Artículos 7, 29, 31, 40 41 y 43; y adiciones para los Artículos 34 y 44, con el fin de concretar los objetivos antes mencionados, de tal suerte que este organismo pueda imponer sanciones a servidores públicos o particulares cuando se detecten actos discriminatorios.

La Junta de Gobierno estará integrada por la persona que ocupe la presidencia del consejo, ocho representantes del Ejecutivo estatal y siete de la Asamblea Consultiva del organismo.

La representación del Poder Ejecutivo federal estará conformada por las secretarías General de Gobierno, de Finanzas (Sefin), de la Función Pública (SFP), de Salud (SSZ), de Educación (Seduzac), de Desarrollo Social (Sedesol), de las Mujeres (Semujer) y por la Coordinación General Jurídica.

Serán invitados permanentes a la junta con derecho a voz, pero no a voto, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), las comisiones de Desarrollo Social de la Legislatura del Estado y de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y el Instituto Estatal de Migración (IEM).

El presidente del consejo, cuya administración durará cuatro años, será designado por el titular del Ejecutivo federal y durante su cargo no podrá desempeñar ningún otro cargo remunerado, con excepción de los de carácter docente y científico.

La asamblea, con principio de paridad, estará integrada por no menos de diez ni más de veinte personas representantes del sector privado, social y académico, que contribuyan a la prevención de la discriminación.

Éstas no recibirán retribución alguna por su participación y durarán tres años en su cargo, con la posibilidad de ser ratificados una vez por un periodo igual, como en el caso de la presidencia.

El control interno de esta institución corresponderá al Órgano de Vigilancia, que estará integrado por un comisario y su suplente, que al efecto designe la Contraloría Interna de gobierno estatal.

Al establecer que el consejo se encargará de la aplicación de la ley y de resolver los expedientes de quejas en la materia, se derogarían los Artículos 35 al 39, que otorgaban facultades a la CDHEZ y a la SFP para la atención de quejas sobre discriminación.


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