Alberto Chiu
Alberto Chiu

Bocadito de realidad

 

Apenas 17 muertos y más de una docena de heridos después, la situación al interior del Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas, en Zacatecas, no parece mejorar evidentemente. Ya pasaron prácticamente dos semanas del sangriento cierre de año, y de acuerdo con lo que se dio a conocer a través de las notas periodísticas, algunas de las armas usadas en la matanza de reos habrían sido ingresadas por mujeres, ocultas en “oquedades femeninas” (así lo dijo el secretario Ismael Camberos, de veras), obviamente a sabiendas de que ahí nadie les revisa. Caray… ¿y todavía nos preguntamos… lo que nos preguntamos?

La innecesariamente detallada “aclaración” del secretario Camberos supondría, al mismo tiempo, una suerte de explicación -o apunte- sobre cómo es que en cada revisión que se hace al penal, “mágicamente” se encuentran celulares, cargadores, cualquier cantidad y clase de drogas y otros objetos “prohibidos”, mientras nadie sabe cómo es que aparecieron, sin haber sido detectadas en los filtros. Carajo, si entran armas… Cuestión de buscarle.

Supondría también, de ser posible, la existencia de una intrincada red de complicidades entre custodios (algunos, quizás, no todos, obviamente debe haber gente responsable y honesta), reos y sus respectivas familias. Y el asunto se complica.

Implicaría, pues, por supuesto, que las familias entonces también tienen (o tuvieron) acceso a las armas introducidas al penal… y hay que investigarlo. Y que afuera habría otra compleja red de tráfico de armas que la autoridad, lamentablemente, no ha podido parar. Y hay que investigarlo. Pensemos: ¿armas que circulan en las calles, que entran al penal sin problema, y que son usadas sin temor para asesinar gente, sin importar nada? Por supuesto que hay mucho que investigar.

Tras la masacre, una de las resoluciones visibles tomadas por el gobierno estatal en turno, fue la solicitud (en calidad de urgente, se supone) para que el gobierno federal se llevara de aquí a un montón de reos del fuero federal, de alta peligrosidad, que mantenían en vilo a la población de internos, y en entredicho evidente el papel de la autoridad: no hay gobierno en la cárcel, aunque insistan en que sí. Al amparo de la noche y sin avisar a los familiares, 165 presos fueron cambiados a un Centro Federal de Readaptación Social… en Guanajuato.

La siguiente medida visible, fue la llegada de un militar en retiro a la dirección del penal, para sustituir al fallido “responsable directo” del establecimiento penitenciario y a quien, curiosamente, ¡el secretario Camberos le agradeció su dedicado trabajo, y lo justificó señalando que era una situación que se les escapó de las manos! ¿Y ahí no se va a investigar?

En medio del desastre de seguridad interior, de política pública, de reacción tardía y, por supuesto, del desastre mediático que representó el hecho y sus todavía desconocidas repercusiones, falta todavía la cereza del pastel que, en este caso, queda en las manos del fiscal general Francisco Murillo y sus investigadores. ¿Cuántos custodios y familiares serán implicados y traídos ante la justicia?

Y por supuesto, faltará ver qué otros cambios se hacen en el penal, y cómo cambia (si es que cambia) la política pública en materia de seguridad, de atención penitenciaria; a ver cuándo le hacen caso a las recomendaciones de las comisiones de Derechos Humanos; a ver cuándo se bajan de la soberbia de decir que “todo está bien”, y empiezan a echarse un “bocado de realidad”.


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