*Pedro de León Mojarro
*Pedro de León Mojarro

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Bill Gates

 

 

Durante casi todo el siglo pasado, los únicos órganos autónomos que existieron fueron las universidades; fue hasta la década de los 90 cuando surgieron el Banco de México, el Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Fue al inicio de este siglo cuando se crearon varios órganos autónomos, todos ellos con un denominador común: restarle poder a la presidencia de la República y, a la vez, darle mayor “certeza” a la sociedad sobre el cumplimiento y desempeño de distintas funciones.

Se han creado, entre otros, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y, recientemente, ahora en el gobierno de la 4T, la Fiscalía General de la República (FGR).

A la par de la aprobación de órganos autónomos, creció la enorme burocracia con el consabido costo económico, con cargo a los impuestos que a diario pagamos los ciudadanos en el IVA, ISR, Predial, y también los costosos trámites, relativos a los “productos” y “aprovechamientos” que cobran invariablemente el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y Municipales.

Otra característica de los órganos autónomos es que lo mismo le cuestan a la  Federación que a los Estados, como es el caso del ahora INE, y la CNDH.

En el gobierno del Presidente López Obrador, ha surgido la polémica de la “Cooptación”, “Amenaza” y hasta la “Extinción” de algunos de estos órganos autónomos.

Más allá de la prevalencia o no de estas instancias, lo importante es revisar y salvaguardar las funciones que desempeñen a favor de un mejor y más eficaz ejercicio del gobierno. Ésa sería la revisión y discusión de fondo, adicionalmente hay otra discusión de forma, pero que también es de fondo, porque tiene que ver con la postura del Presidente para acabar con la corrupción, el dispendio y los excesivos salarios,  de los funcionarios de los órganos autónomos, mismos que están muy por arriba de lo que gana el presidente (112 mil pesos), convertido por ley en salarios tope.

La excesiva burocracia y los altos salarios constituyen la esencia del debate sobre los múltiples órganos autónomos, incluidas las Universidades, a las que el presidente López Obrador también les está exigiendo, y con toda razón, eficientar optimizar y transparentar el uso de los recursos.

La prevalencia de la mayoría de estos órganos, pero sobre todo del INEGI, el INE, el Banco de México, CNDH y las Universidades son inobjetables, no así sus excesivas burocracias ni sus elevados salarios.

Otro nivel lo constituyen los distintos órganos reguladores, mismos que en una administración honesta y eficaz administrativamente hablando, salen sobrando.

Concluiría mencionando a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública, que se inscriben en la misma característica de los órganos autónomos, aunque éstas no lo sean; sus enormes y excesivas burocracias, de muy poco sirven al combate a la corrupción y a un gobierno eficaz y transparente.

 

*Coordinador Estatal del Movimiento Nacional Ruta 5

 


Nuestros lectores comentan

  1. Sin duda es necesario revisar cuidadosa y minuciosamente las funciones, el alcance, el costo y el tamaño de dichos órganos. Tener perfectamente determinado el costo-beneficio…. que no es facil … quien lo haría?? Y como??