CLAUDIO MONTES DE OCA y FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a favor del gobierno del estado en amparos contra el impuesto ambiental interpuestos por la cervecera de Grupo Modelo y el aeropuerto de Zacatecas, luego de que en 2019 la minera Peñasquito, de Newmont-Goldcorp, también perdiera en un tribunal colegiado.

Jorge Miranda Castro, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), explicó que estas empresas deberán pagar lo que les corresponda de las distintas vertientes del tributo, por lo que se buscará dialogar con ellas en la Procuraduría Estatal de la Defensa del Contribuyente (Cedecon), para establecer acuerdos y que el cobro no deteriore las condiciones económicas de los privados.

El funcionario aclaró que la decisión de la Suprema Corte no significa que la administración del estado comenzará de inmediato a cobrar a las compañías involucradas, sino que se privilegiará evitar conflictos, en reconocimiento de las aportaciones de la industria a Zacatecas y para mantener ambientes propicios para motivar la inversión.

“Es sólo un paso más. Tenemos que entrar forzosamente a un proceso de negociación con las diferentes empresas que se ampararon y que de alguna manera se han venido resolviendo a favor del gobierno del estado.

Pero no lo vamos a hacer de manera punitiva, lo vamos a hacer con este instrumento de construimos desde 2017, que es la procuraduría de defensa del contribuyente, con los acuerdos conclusivos cuantificados de pago, de tal suerte que no generemos un ambiente hostil”, enfatizó.

Miranda Castro recordó que el tributo de remediación al ambiente estuvo vigente a partir de 2017, por lo que los corporativos que se resistían al cobro pagarán el acumulado retroactivo desde entonces hasta 2020, por un monto de mil 230 millones de pesos por año.

“Tanto en la ley de ingresos del estado como la de hacienda, estos mismos mil 230 millones se replican para 2018, 2019 y 2020. Tendríamos que ver de manera particular cuál sería la contribución económica de cada una de estas empresas, en virtud de un instrumento que se denomina autodeterminación; serán ellas quienes en principio nos digan, de acuerdo con sus propios cálculos, lo que tendrían que pagar de cada una de las vertientes del impuesto”.

El titular de la Sefin recordó que se tenían 21 amparos directos de compañías contra el tributo de nivel local, implementado por la administración del gobernador Alejandro Tello Cristerna en 2016; a la fecha, quedan 17 procesos por resolverse y se espera concluyan en las próximas semanas.

Tras postergar estos asuntos, la Segunda Sala de la SCJN, encargada de lo administrativo y laboral, resolvió en sesión de este jueves los amparos de Exploradora de Sombrerete, filial de Industrias Peñoles; la cervecera de Grupo Modelo, del corporativo belga Anheuser-Busch InBevy (Ab-InBev), y el Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, los dos últimos ubicados en Calera.

Las compañías reclamaron que se revisara la constitucionalidad de artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas referentes al impuesto de remediación ambiental, con el argumento de la invasión de la esfera de competencia de la Federación. En el primer caso, se concedió en parte que “la justicia de la unión ampara y protege”, pero en otra que no.

En febrero de 2019, la Suprema Corte falló a favor del estado de Zacatecas en la controversia constitucional que promovió el gobierno del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Entonces los ministros determinaron que el estado no invadió atribuciones federales con el tributo, aprobado por la sexagésima segunda Legislatura para que las empresas pagaran por emisiones de gases a la atmósfera, contaminación de suelo, subsuelo y agua, así como depósito y almacenamiento de residuos.


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