FRANZELY REYNA Y ALEJANDRO CASTAÑEDA /NTRZACATECAS.COM
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El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó al estado a “investigar, castigar al responsable y aplicar la ley” en el caso de una interna violada en la cárcel distrital de Calera. En respuesta, autoridades locales se reunieron con algunos de los grupos feministas y otras organizaciones civiles de Zacatecas.

Este martes, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, se preguntó al primer mandatario si la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Zacatecas debería ser capacitada por colectivos de defensa de las mujeres, al considerarse que se ha revictimizado a la afectada.

López Obrador respondió afirmativamente. “Aunque es un asunto estatal, […] le vamos a pedir a Olga Sánchez Cordero (secretaria de Gobernación) que hable con el gobernador (Alejandro Tello Cristerna) para que se den estas facilidades y se lleve a cabo esta capacitación, esta formación”.

Más tarde, a través de un boletín, el gobierno estatal informó que Tello Cristerna recibió a integrantes de la Red Plural de Mujeres y otros colectivos, “a quienes ofreció trabajar de manera interinstitucional para que se garantice el estado de derecho”.

En el encuentro en el Palacio de Gobierno, estuvieron los secretarios Jehú Salas Dávila, general de Gobierno; Ismael Camberos Hernández, de Seguridad Pública, y Adriana Rivero Garza, de las Mujeres, además del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Antonio Guzmán Fernández.

De acuerdo con el boletín, el gobernador reconoció ante las feministas que “el tema de la violencia contra las mujeres en el país es muy sensible, y en Zacatecas, lamentablemente, no ha sido la excepción”, por lo que ofreció “que no haya impunidad, que no sólo haya discursos ni buenas intenciones y garantizar que se respete y ejerzan los derechos de todas las personas”.

En entrevista con NTR, Irma Serrano Esparza, representante de la Red Plural de Mujeres, informó que plantearon 15 puntos para una agenda feminista en la entidad, además de exigir resultados en el caso de la mujer abusada en la cárcel de Calera y capacitación en prevención de violencia de género, sobre todo para las instituciones de seguridad.

La organización recordó que, desde el inicio de la actual administración, se trató de implementar este esquema y, pese a que hubo dos encuentros para plantearlo, no hubo seguimiento de la entonces secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, ni por el actual titular del área.

Serrano Esparza expuso que el principal tema tratado fue la difusión de videos con los que se expuso al “linchamiento social” a tres jóvenes que hicieron pintas en la capital después de una protesta, al considerar que se puso en riesgo su vida y se les criminalizó; las autoridades se comprometieron a investigar y castigar la filtración.

Además, se solicitó que se actualizara el plan de trabajo para la Alerta por Violencia de Género y se sancione a las dependencias que incumplieron, con acciones contra el embarazo adolescente, que la UAZ atienda los casos de agresiones contra universitarias y que se abra una maestría en Estudios de Género.

Se exigió que “pare de manera definitiva la violación al estado laico”, con la destitución del director de Asuntos Religiosos, Jesús Quezada Jáuregui, “por discursos de odio contra mujeres, LGBTTTIQ+ y feministas”. También pidieron remover al comisionado de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Javier Ramírez García, por el maltrato a los familiares de víctimas y acoso.

Urgieron a modificar todas las legislaciones y regulaciones para aplicar la denominada “paridad en todo”. A la Coordinación de Comunicación Social la conminaron a trabajar contra agresiones, descalificaciones y uso de estereotipos contra mujeres en medios. Propusieron un foro estatal para evaluar la transversalidad de igualdad sustantiva y el cumplimiento de derechos humanos.

Además de priorizar la generación de empleos para mujeres, la Red consideró “fundamental que la Secretaría de las Mujeres (Semujer) tenga margen de operación”, con mayor presupuesto, igual pidieron más recursos para el Festival Cultural de Diversidad Sexual, que sufrió un recorte “indiscriminado”.

Por último, pidieron a Alejandro Tello que lleve a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) la solicitud para reforzar la persecución del delito de feminicidio atendiendo al tipo penal, contra el planteamiento de la Fiscalía General de la República (FGR) de desaparecerlo.

El acuerdo de la reunión fue realizar otras más, de las que no se especificó fechas, para verificar que el estado cumpla las peticiones. “Con esto se busca tener más amarraditos a nuestros actores políticos, a pesar de que el trato fue receptivo y atento”, afirmó Irma Serrano.

Pierden la pista de acusado de violación

El fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó que las autoridades ya tenían localizado al policía penitenciario acusado de violar a una interna en la cárcel distrital de Calera, pero el custodio, fugitivo desde noviembre de 2018, se volvió a escapar.

“No puedo hablar de la orden de aprehensión. Por haberlo dicho así ya se peló; ayer (lunes) lo teníamos ubicado. ¿Cómo puedo hablar de una orden de aprehensión? ¿Y cómo lo detenemos?”, declaró este martes.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se negó a dar más declaraciones con el argumento de que al informar a los medios de comunicación sobre una orden de aprensión se pierde el sigilo necesario.

Explicó que las autoridades no lograron detener al presunto responsable de la agresión sexual contra una reclusa, que ha sido noticia nacional esta semana, porque no se respetó este aspecto del procedimiento.

“Es su tema que no se puede decir: las órdenes de aprehensión son con el mayor sigilo. Pero lamentablemente, cuando se ventilan esos casos, pues es que la eficacia radica en el sigilo y ahorita ¿cómo le vamos a hacer? (sic)”, argumentó.

Esto luego de que, en conferencia de prensa, la fiscal especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, Fátima Encina Arroyo, admitiera que no existía una orden de aprehensión contra el custodio señalado.

“No tenemos un mandamiento judicial (para detenerlo) puede ser en horas o en días que podamos contar con ella”, adelantó el 13 de febrero, a dos años de que la víctima denunció el ataque, después circularon versiones de que estos días se les había sido otorgada.


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