Reforma
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MADRID. El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado luz verde a la regulación que permitirá a las fuerzas de seguridad recoger muestras de ADN de los migrantes detenidos para que esta información genética se incorpore a las bases de datos de agencias federales como el FBI.

Más de cuatro meses después de proponer por vez primera esta medida el pasado 21 de octubre, el Departamento de Justicia ha publicado este viernes un aviso en el Registro Federal, que indica que la regulación definitiva será publicada el próximo 9 de marzo.

A partir de entonces, se abrirá un plazo de 30 días para que el público pueda presentar los comentarios que considere pertinentes antes de que la medida entre oficialmente en vigor. Este plazo finalizará el 8 de abril, según datos del Departamento.

La nota publicada en el Registro Federal señala que la recolección de muestras de ADN de migrantes bajo custodia «podría ser fundamental para detectar y resolver crímenes que podrían haber sido cometidos o que podrían cometer en Estados Unidos» mientras esperan a que se tramiten sus solicitudes de asilo.

Ya en 2019, agentes de la Patrulla Fronteriza comenzaron a recolectar muestras de ADN de cualquier persona que se encontrara bajo custodia. Una vez entre en vigor la nueva normativa, estas muestran serán enviadas al FBI para que las almacene en su base de datos.

Varios altos cargos de la Administración Trump han explicado que esta medida supondrá la completa aplicación de la Ley de Huellas y ADN, una legislación que fue aprobada en 2005 por el Congreso y que requiere que se tomen muestras de ADN de cualquier arrestado.

No obstante, grupos de defensa de los Derechos Humanos han rechazado este medida y han criticado este tipo de normativas desde que comenzaron a ser abordadas en 2019.

«Las políticas migratorias racistas de la Administración pondrán en tela de juicio los derechos de algunas familias de otros países así como a miembros de familias aquí, incluidos los de ciudadanos estadounidenses», ha expresado Vera Eidelman, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Administración Obama

El Departamento de Seguridad Nacional pidió una exención de la ley durante la Administración del expresidente Barack Obama al objetar que no tenían los medios suficientes para recolectar las muestras.

Sin embargo, en octubre, cuando el gobierno de Trump anunció sus planes para poner en marcha esta medida, el Departamento aseguró que ahora el proceso era más «sencillo y barato», tal y como recoge la cadena de televisión NBC News.

Para el Departamento de Justicia, el fracaso a la hora de recabar muestras de ADN de migrantes bajo custodia «ha hecho que algunos sujetos acusados de participar en crímenes violentos como homicidios y agresiones sexuales hayan evitado ser detectados incluso después de ser detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Las autoridades han recalcado que los datos recabados «no serán utilizados por el Departamento de Seguridad Nacional para llevar a cabo medidas en la frontera».

Desde enero, los agentes de la CBP han llevado a cabo un programa piloto para realizar pruebas de AND a migrantes detenidos en Detroit, así como en el paso de Eagle, en el suroeste de Texas.

Los congresistas demócratas Rashida Tlaib (Míchigan), Veronica Escobar y Joaquín Castro (ambos de Texas) han denunciado que la medida «refuerza el mito xenófobo de que los migrantes que llegan al país de forma ilegal cometen más crímenes».


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