Ricardo Monreal Ávila
Ricardo Monreal Ávila

La emergencia sanitaria decretada ayer nos ubica en el tiempo justo para enfrentar la amenaza de salud más costosa y desafiante en la historia contemporánea

Fue declarada la emergencia sanitaria en el país por el COVID-19, cuando la pandemia reporta 28 personas muertas, 1,094 casos confirmados y 2,752 casos sospechosos. ¿Qué implica esta emergencia “por causas de fuerza mayor”?

  1. Suspender de manera inmediata actividades no esenciales, hasta el 30 de abril (un mes completo).
  2. No realizar reuniones con más de 50 personas, en la vía pública o en lugares cerrados, en sedes públicas o en instalaciones privadas.
  3. Mantener resguardo domiciliario generalizado, permaneciendo en casa el mayor tiempo posible al día.
  4. Este resguardo será estricto y severo para la población mayor de 60 años y para personas vulnerables con hipertensión, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, entre otros padecimientos.
  5. Postergar todos los censos y encuestas (y seguramente, las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo).
  6. Todas las medidas de emergencia sanitaria se deberán aplicar con apego a los derechos humanos y laborales (es decir, no habrá toque de queda o estados de excepción ni suspensión de sueldos o despidos masivos en las empresas).
  7. Sigue el país en fase dos, sólo que reforzada, a fin de evitar que la fase tres desborde la capacidad de atención y respuesta del sistema hospitalario nacional.

Esta emergencia de salud se establece justo cuando crecía un debate nacional sobre la oportunidad y la efectividad de la estrategia de contención sanitaria adoptada por el gobierno federal. Las observaciones provenían de sectores científicos, legítimamente preocupados por la protección de la población, pero también de grupos políticos interesados en impulsar sus agendas particulares y personales.

Sin embargo, el tema central de la decisión que ayer se resolvió es de naturaleza diferente de la estrictamente sanitaria. ¿Cómo afectar lo menos posible la economía de las familias, de las empresas y del país en su conjunto? En otros términos, ¿cuál es la decisión que menos costos económicos, financieros y presupuestales traerá para el país y para las personas?

Para responder esta pregunta, afortunadamente México tuvo la oportunidad de valorar las experiencias de China, Corea del Sur y Alemania, por un lado, y lo acontecido en Estados Unidos, Italia y España del otro.

Los países que declararon de manera temprana (es decir, en la fase uno o dos) la emergencia sanitaria han durado entre dos y tres meses en aplanar la curva de infecciones y decesos, impidiendo el desbordamiento de sus sistemas de salud y seguridad, con un costo fiscal y económico manejable (de 0.5 a 1.5 de sus respectivos PIB).

En cambio, las naciones donde la emergencia sanitaria se declaró justo en la fase tres, cuando empezaron a dispararse exponencialmente los casos de infección graves y los decesos, el costo fiscal y económico ha sido pandémico. Sus gobiernos han tenido que combatir el contagioso virus a billetazo limpio, generando un alto costo a sus economías y gobiernos.

México viene de una experiencia desafortunada, cuando fue el epicentro de la gripe porcina en el 2009. Las medidas draconianas que se adoptaron resultaron al final más caras que la enfermedad misma. Hubo una sobrerreacción.

Hoy parecía que nos movíamos en el extremo opuesto, en la minimización del riesgo. La emergencia de salud decretada ayer nos ubica en el tiempo justo para enfrentar la amenaza sanitaria más costosa y desafiante en la historia contemporánea.

Twitter y Facebook: @RicardoMonrealA

 


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