STAFF / NTRZACATECAS.COM
STAFF / NTRZACATECAS.COM

Los senadores Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Soledad Luévano Cantú y José Narro Céspedes, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), expusieron sus propuestas contra la crisis por el Covid-19, luego de que el gobernador Alejandro Tello Cristerna convocara a los representantes de Zacatecas a apoyar al estado por la carencia de recursos federales.

 

Unidad frente a desamparo: Anaya

Por medio de un boletín, la senadora Claudia Anaya advirtió que, “sin esperar mucho del gobierno federal, la unidad social logrará que superemos la grave crisis económica que dejará el coronavirus”.

Criticó que antes los diputados federales tenían un papel fundamental para la distribución de recursos pero, al ser la mayoría “afín al Poder Ejecutivo”, dejaron de lado sus facultades y “en desamparo presupuestal a las entidades, lo que pone en riesgo la operatividad del estado de Zacatecas”.

Reconoció el esfuerzo de Alejandro Tello y otros gobernadores para atender a nivel local la emergencia sanitaria, toda vez que enfatizó que “su encomienda es aún más difícil, a razón de que la Federación no entrega los recursos suficientes”.

Anaya Mota lamentó que, de acuerdo con analistas, de no tener políticas adecuadas el impacto será devastador, con un crecimiento económico de entre .1 y -3.9 por ciento, pérdidas de hasta 3 mil millones de pesos en turismo y aumento de deuda pública.

Sobre el plan presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, evaluó que la propuesta de generar 2 millones de empleos es “imposible” y recordó que no hay certidumbre entre empresarios para invertir.

Por ello, llamó al gobierno de México a escuchar las propuestas de todos los sectores, principalmente de los pequeños negocios. “No estamos en contra de los programas sociales, pero no todo el presupuesto se puede ir ahí”, sostuvo.

Además, la legisladora propuso aplicar exenciones y estímulos fiscales; diferir tres meses las declaraciones fiscales; asumir el salario de empleados que ganen menos de 6 mil pesos al mes; destinar recursos para pago de servicios básicos en hogares con ingreso menores a la misma cantidad; buscar acuerdos para aliviar hipotecas y crear un fondo para reactivar el turismo.

 

Recortes, para Senado: Luévano

En su perfil de Facebook, la representante de Zacatecas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Soledad Luévano, afirmó, sin especificar el monto, que donó “parte” de su salario a la Tesorería de la Federación para la compra de material médico.

Anunció que, por el llamado del primer mandatario a la solidaridad, comprará “algunas toneladas de frijol zacatecano de calidad para entregarlo al Banco de Alimentos” y exhortó a los ciudadanos a cooperar en “tiempos de buena voluntad”.

Agregó que la bancada de los guinda en la Cámara Alta impulsa un plan de austeridad para liberar recursos para enfrentar la pandemia; se incluye reducir nuevamente la dieta de los senadores, “cuando menos 30 por ciento”, y suprimirles el aguinaldo.

Lo mismo para servidores públicos de mayor rango y percepción salarial en este Poder, además de recortar 50 por ciento el presupuesto de los grupos parlamentarios y eliminar reuniones internacionales, interparlamentarias, foros y convenciones en el extranjero y en el país.

Además, eliminar gastos para muebles o adquisiciones “que no sean indispensables” y poner a disposición inmuebles, como hospitales temporales, para el Consejo de Salubridad General, al que se enviarán todos los recursos que mensualmente se obtengan de éstas medidas.

“Desde luego que hay algunas resistencias a este plan de austeridad, porque ya se había realizado un recorte importante en el presupuesto del Senado, pero México necesita lo mejor de nosotros y no los vamos a defraudar”, aseguró Luévano Cantú.

 

Deuda pública es opción: Narro

El senador de Morena, José Narro, declaró que López Obrador debe valorar el uso de las reservas del Banco de México (Banxico) y la posibilidad de adquirir deuda para contrarrestar las afectaciones por la emergencia sanitaria.

En conferencia de prensa, opinó que “a lo mejor no le gusta al presidente, pero a lo mejor es la medicina que debemos tomar”, en referencia a la obtención de recursos de Banxico y préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre los apoyos económicos presentados por el gobierno de México, precisó que son buenos, pero admitió que muchos sectores quedaron fuera, como los productores del campo.

Puntualizó que se debe asegurar la suficiencia alimentaria del país, fortaleciendo las actividades primarias, sobre todo a los pequeños productores que, dijo, tienen problemas como cartera vencida y alto costo de insumos, por lo que insistió en que deben ser considerados.

Narro Céspedes reiteró que la respuesta del gobierno federal ha sido buena, “pero falta apoyar a más rubros, ya que se ha disminuido 60 por ciento el consumo, con una paralización de 80 por ciento del transporte y 90 por ciento de hoteles y restaurantes”.

Especificó que el apoyo de 25 mil pesos a las pequeñas industrias es insuficiente, ya que deben seguir pagando salarios e impuestos, por lo que se requiere un programa emergente para no perder más trabajos.

Enfatizó que la planta productiva del país se debe mantener, evitando la corrupción y privilegios con una mayor solidaridad y compromiso de los grandes empresarios. La economía no sólo la genera el gobierno, resaltó, y consideró que las compañías deben dar condiciones para mantener los empleos y participar con acciones solidarias.

 

Bañuelos, por reforma futura

Luego de donar tres meses de su sueldo a favor del sector salud local, la senadora Geovanna Bañuelos anunció que buscará reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con una iniciativa inscrita en la Gaceta Parlamentaria para su presentación, una vez que pase la contingencia.

En su propuesta, difundida a través de un boletín, la legisladora explicó que pretende incluir una fracción quinta al artículo 429, para proteger los derechos laborales cuando este tipo de emergencias se extiendan por periodos prolongados.

Argumentó que la ley sólo obliga al empleador a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes.

“Esto coloca a la clase trabajadora en un estado de indefensión ante una contingencia sanitaria que se prolongue por un periodo mayor”, por lo que la intención es garantizar el pago íntegro y acuerdos tripartitos entre patrón, empleados y Estado para mantener los ingresos.

Además, se plantean beneficios fiscales por este tipo de convenios, que deberán ser publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) junto con las condiciones para su aplicación, con beneficio a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

 

*Con información de STAFF y Alejandro Castañeda


Los comentarios están cerrados.