STAFF / NTRZACATECAS.COM
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ZACATECAS. La Fiscalía General de Justicia informa que dio inicio a una carpeta de investigación el día 27 de mayo de 2020 derivado de la denuncia presentada por el apoderado legal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y que motivó la detención de seis personas por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, todos ellos servidores públicos del municipio de Pánuco.

Los detenidos –Abraham, Melisa, Isaías, Olivia, Susana y Juan Manuel– irrumpieron en las instalaciones del SEDIF Zacatecas, lesionando al guardia y ocasionando algunos daños; todos fueron puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien determinó con fundamento en lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la libertad inmediata de quien ostenta el cargo de presidente municipal, esto en presencia de su abogado defensor, Juan Martínez Ramos, al igual que las demás diligencias de investigación urgentes e inmediatas practicadas, como su certificación médica, requerimiento procedimental que se realiza a todas las personas detenidas en estricta observancia de sus derechos fundamentales.

En cuanto a la situación legal de los demás detenidos, el Ministerio Público igualmente determinó su inmediata libertad de acuerdo al contenido del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tratarse de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa. Cabe señalar que también se certificó su integridad física al momento de ser puestos a disposición, siguiendo los protocolos que garantizan el respecto de sus derechos.

Conforme a lo anterior, todos los detenidos enfrentarán su proceso en libertad. La indagatoria con relación a estos hechos sigue abierta y en curso, la Fiscalía General de Justicia seguirá recabando los datos de prueba que lleven al esclarecimiento de estos hechos respetando en todo momento las debidas garantías que en favor de las personas imputadas y víctimas mandata la Constitución General de la República.


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