*Pedro de León Mojarro
*Pedro de León Mojarro

Varios diputados federales de distintos partidos, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, miembro distinguido de Morena, han propuesto la creación del Salario Mínimo Vital (SMV).

A esta iniciativa se han sumado varias organizaciones de la sociedad civil, que coinciden en esta medida ante la emergencia económica de proporciones considerables que la pandemia del COVID–19 dejará.

Las organizaciones proponen $3,745 pesos mensuales por tres meses para un padrón aproximado de 34 millones de familias que tendrán problemas por haber perdido el empleo. Con la suma de esfuerzos puede ser mucho menor.

El SMV estaría pensado para apoyar a la población económicamente activa (PA) que ha perdido o está por perder su empleo o sus ingresos, si hablamos de la economía informal.

Según datos del INEGI, la PA es de 57 millones de personas. Con la propuesta mencionada, se estaría apoyando al 55% de los presuntos beneficiarios que requerirían el apoyo emergente durante tres meses y tal vez más, según evolucione la pandemia y con ésta la economía.

La propuesta desde el punto de vista social, no necesita justificación, los datos del CONEVAL (10.7 millones de personas en riesgo de caer en pobreza laboral por impacto del COVID–19), son más que evidentes para justificar la necesidad de esta medida.

Veamos entonces la viabilidad económica, sobre todo ante la decisión del presidente López Obrador de no incrementar la deuda pública del país.

Intentando encontrar la viabilidad económica para no caer en la propuesta simplista de que el gobierno federal se endeude y ponga los recursos, valdría proponer lo siguiente:

Con la mayor celeridad, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Bienestar, en coordinación con los gobiernos estatales y los organismos empresariales acuerden el padrón al que se asignaría el SMV.

Desagregar el padrón entre:

Los que recibirían el 100% del apoyo y durante cuántos meses.

Los que recibirían sólo un porcentaje del gobierno, a condición de que sus empleadores aportaran otra parte, con distintos apoyos crediticios y fiscales previamente acordados.

Los que no serían sujetos de apoyo por ya contar con distintos subsidios provenientes de los distintos programas sociales.

Los recursos asignados por el gobierno federal al Crédito a la Palabra, por 25 mil pesos, igual que los subejercicios de excedentes de los montos asignados a los distintos programas sociales, podrían aprovecharse para apoyar esta iniciativa.

Desde la banca de desarrollo, asignar una partida de recursos para que las Pymes los apliquen a mantener su planta productiva y, por tanto, el empleo, medida que abonaría a bajar el padrón propuesto por las organizaciones.

La iniciativa del SMV abona a bajar considerablemente la crisis económica y de empleo, que ya está a la vista, la caída de 2.2% del PIB en el primer trimestre lo demuestra.

La emergencia obliga a sustituir la polarización por el acuerdo unitario y a poner por delante la voluntad política de salir bien librados de esta pandemia.

El estado de bienestar al que aspiramos requiere, como lo dice don David Ibarra, de la inversión Público-Privada. Actualmente, del 20% del PIB que se invierte, el 17% es privado. Las medidas que varios gobiernos han tomado, junto con las propuestas de los empresarios, son suficientes, para que el gobierno federal conduzca los acuerdos en la visión republicana, de “hacer más con menos” para no incrementar la deuda del país.

*Coordinador Estatal del Movimiento Nacional Ruta 5

 


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