FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM
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La Secretaría de Gobernación (Segob) expuso que 28 de las medidas estatales y municipales implementadas en Zacatecas implican restricciones a los derechos humanos, siendo ésta la tercera entidad a nivel nacional con mayor número de disposiciones potencialmente violatorias de la misma durante la contingencia.

Con dichas acciones, las autoridades locales “han rebasado sus facultades y han representado riesgos para la protección”, se advierte en el segundo informe de revisión, presentado este jueves por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

Las disposiciones observadas en Zacatecas fueron ocho de reducción de movilidad, cinco de uso obligatorio de cubrebocas, cuatro de toque de queda, tres de filtros sanitarios, dos de accesos restringidos y una de limitación de la movilidad, además de cinco clasificadas como “otras”.

Según el documento de la dependencia federal Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos Cometidas durante la Contingencia Sanitaria por COVID-19, Zacatecas se colocó en el tercer lugar con más señalamientos, después de la Ciudad de México, con 43, y Oaxaca, con 38.

Una de las principales alertas es que “si bien algunas medidas no parecen suponer una grave violación, van acompañadas de sanciones severas o no cuentan con temporalidad clara ni con protocolos de ejecución para guiar a los funcionarios encargados de implementarlas”.

Al citar el caso de Jalisco con Giovanni López, cuya muerte se consideró como ejecución extrajudicial, la Subsecretaría reprobó el abuso de autoridades. “Ejemplos de este actuar se pueden observar también en Colima, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas”, advirtió.

Preocupan arrestos

El informe, con corte a mayo, reveló que varios municipios implementaron medidas que incluyen el arresto como sanción, lo que “resulta particularmente preocupante”; de este tipo, se detectaron seis acciones en Zacatecas, sólo por debajo de Baja California Sur, con nueve.

Estas disposiciones “pueden llevar a la comisión de abusos de autoridad, que suelen afectar desproporcionadamente a personas en situación de calle, indígenas, afromexicanas, de tez oscura y aquellas en situación de pobreza”.

Además, “no sólo restringen de manera más importante los derechos humanos, sino que resultan contraproducentes al generar potencialmente concentraciones de personas en reclusión que pueden facilitar la propagación del virus SARS-CoV2”.

También fueron, sobre todo, los ayuntamientos los que incurrieron en más restricciones, contemplando multas como sanción posible; en total, sumaron nueve, el número más alto junto con Baja California Sur, y sólo después de Oaxaca, donde ascendieron a 13.

Sanciones administrativas, multas, suspensión de actividades y retiro de mercancías se consideran acciones desproporcionadas, pues también se aclaró que “la evidencia disponible muestra que no parecen ser un medio efectivo para disminuir la tasa de contagios por COVID-19”.

La Subsecretaría de Derechos Humanos añadió que retenes, cierres de fronteras y de carreteras son restricciones severas al libre tránsito. Entre abril y mayo se impusieron en Zacatecas cuatro toques de queda a nivel municipal; destacaron los casos de Tepechitlán, Loreto y Trancoso.

Esto, alertó, “además de ocasionar abusos de autoridad, puede tener efectos graves en materia de seguridad, ya que dichos dispositivos facilitan la participación del crimen organizado en las acciones de castigo y filtros sanitarios, como se ha documentado en diversos estados”.

 

Priorizar inclusión

Por otra parte, la dependencia federal documentó en Zacatecas una agresión en contra de personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, ni en este caso ni en quejas por actos de discriminación destacó el estado en número.

Sobre la situación de personas privadas de la libertad, de una población de mil 921 internos, se han otorgado 16 preliberaciones con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), pese a que de inicio no se registró una cifra estimada de quiénes pudieran salir por COVID-19.

Ante la llamada nueva normalidad, la Subsecretaría de Derechos Humanos exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a “abstenerse de implementar medidas coercitivas, y concentrar sus acciones en los ámbitos laboral, educativo y recreativo”.

Recordó que es responsabilidad de la Federación, estados y municipios trabajar en políticas públicas que permitan la inclusión de las personas ante el nuevo panorama social y económico.

“Las medidas deben ser positivas, apelando a la corresponsabilidad. Este enfoque no sólo es más efectivo para reducir la movilidad y con ello la transmisión del virus, sino también para reducir el impacto social diferenciado de la contingencia y evitar abusos de autoridad”.

 


Nuestros lectores comentan

  1. El gobierno solo aplasta y aplasta al pueblo ojala ellos tambien se mueran de hambre y del virus

  2. Humberto Campos

    Porque no dicen que Zacatecas es el segundo lugar en el país donde hay menos. Muertos, el el gobierno de Israel felicito al gobernador y a los zacatecanos por ser un estado modelo, los de derechos sólo han servido para defender delincuentes y en este caso defienden a los irresponsables, no creo que estos tenga derecho de contagiar a quienes nos cuidamos contagio, en derecho de unos termina donde violan el derecho de otros,