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CIUDAD DE MÉXICO. La Suprema Corte de Justicia aclaró que las faltas administrativas de funcionarios de todos los niveles, cometidas antes de julio de 2017, deben ser investigadas y sancionadas con las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción, y no con la vieja Ley Federal de Responsabilidades de 1982.

La Segunda Sala de la Corte resolvió el 8 de julio una contradicción de tesis entre tribunales colegiados, y por 3 votos contra 2, estableció jurisprudencia por la cual la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) será aplicable a conductas cometidas antes de su vigencia, que inició el 19 de julio de 2017.

Lo anterior, únicamente en casos en que la Secretaría de la Función Pública (SFP), o la respectiva contraloría estatal, aún no han iniciado el procedimiento disciplinario.

Esto implica, por ejemplo, que las sanciones por faltas administrativas graves, como destituciones, inhabilitaciones y pagos de daños y perjuicios, no serán impuestas por la SFP, sino por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).

Hasta la fecha, el Ejecutivo y el Senado no han designado a los magistrados especializados del TFJA que realizarán estas funciones, pero el propio tribunal habilitó desde hace tres años una sala regional para llevarlas a cabo.

También será aplicable un amplio catálogo de conductas de particulares, que pueden ser sancionados incluso con la disolución de la empresa en casos graves y reiterados de corrupción, y está previsto el embargo de bienes como medida precautoria.

Otro elemento de la LGRA que será aplicable a casos previos a 2017, será la posibilidad de que los denunciantes de presuntos actos de corrupción, impugnen ante el TFJA, cuando la SFP determine que la infracción no califica como grave.

Para los funcionarios denunciados, la LGRA también prevé mas garantías, pues las autoridades investigadoras tienen que observar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, mientras que el procedimiento de responsabilidad tiene que partir del principio de presunción de inocencia.

La Corte tuvo que aclarar el tema, que ha generado confusiones desde 2017, debido a la redacción incompleta del artículo tercero transitorio de la LGRA.

«Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la LGRA, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio», dice el transitorio, sin aclarar cómo debían procesarse los casos por conductas cometidas antes del 19 de julio de 2017, pero que fueran descubiertos o denunciados con posterioridad a esa fecha.

Por: Víctor Fuentes


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