STAFF / NTRZACATECAS.COM
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ZACATECAS. Diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) cuestionaron la recaudación y destino de los impuestos ecológicos, por lo que propusieron que comparezca el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, para explicarlos.

Este jueves, en sesión de la Comisión Permanente de la LXIII (63) Legislatura, Gabriela Pinedo, Héctor Menchaca y Jesús Padilla enfatizaron que se debe aclarar cuánto ha ingresado por los gravámenes, qué empresas han cubierto los pagos, con qué monto cada una y a qué se ha destinado el dinero.

Argumentaron que la necesidad de tener recursos suficientes para enfrentar la crisis económica, que ha generado la emergencia sanitaria por COVID-19, hace aún más indispensable la rendición de cuentas y la vigilancia que debe ejercerse sobre la aplicación del presupuesto en Zacatecas.

Por estos impuestos, el estimado de recursos que se espera obtener es de mil 230 millones de pesos anuales, y a esta cifra se le suman los adeudos acumulados desde 2017 por los sujetos obligados que se ampararon, pero que finalmente deberán cumplir con el pago.

Los legisladores recordaron que desde la Ley de Ingresos, modificada por la contingencia sanitaria, se estableció la obligación de destinar estos recursos a atender la emergencia de salud y a programas, obras e infraestructura que incentiven el crecimiento económico y la generación de empleos.

La iniciativa, enviada a la comisión legislativa de Presupuesto y Cuenta Pública, hizo hincapié en que no se puede descartar que “dichos recursos ya se estén ingresando al erario y no se estén empleando para lo verdaderamente aprobado y estipulado en la ley, sino para hacer frente a eventuales e inminentes contingencias de índole electoral”.

 

Solicitan revisión de contratos con eólica

 

Legisladores de Morena y PT denunciaron que ejidatarios de El Orito reciben “menos de 500 pesos mensuales por rentar sus tierras a una empresa transnacional de energía eólica, contraviniendo lo establecido en sus contratos”, por lo que buscan que la Secretaría de Energía federal revise los documentos firmados durante la administración de Miguel Alonso Reyes.

Expusieron que la situación tiene su origen en un acuerdo signado en 2014 entre el ejido y Energy Power Group, encargada del parque eólico La Bufa 1. Según la exposición de motivos de la iniciativa, los afectados sostienen que, en 2013, empresarios estadunidenses y funcionarios estatales negociaron la renta de propiedades para instalar aerogeneradores.

Entonces les informaron que cada aerogenerador tendría unas ganancias anuales de 40 mil dólares, sin embargo, a la fecha están recibiendo 800 dólares mensuales que deben repartir entre 72 ejidatarios, es decir, 1.7 dólares para cada uno, o menos.

La empresa justificó que, debido a la pandemia, la planta automotriz de Volkswagen en Puebla, a la que se le iba a vender la electricidad generada, detuvo sus actividades, y por tanto los ingresos disminuyeron.

Por ello, se plantea exhortar a la Secretaría de Energía para buscar que se garanticen pagos justos y, en caso de detectar incumplimientos o cláusulas injustas, revocar los contratos, que tienen vigencia por 30 años. El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Desarrollo Económico, Industria y Minería.


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