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 CIUDAD DE MÉXICO. Una juez federal admitió el amparo que presentó la organización civil Tojil, dedicada a asuntos legales y defensa de derechos humanos, contra la negativa de la Fiscalía General de la República a reconocerle la calidad de víctima en la investigación del caso Odebrecht contra Emilio Lozoya, lo que le hubiese dado acceso al expediente.

El pasado 5 de agosto, el fiscal federal Kristian Javier Jiménez Hernández, adscrito a la Subprocuraduría de Delitos Federales, negó al organismo no gubernamental ese reconocimiento legal, argumentando que no existe un derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, como la solicitante adujo.

Es contra esa determinación de la Fiscalía que Tojil, representada por Adriana Greaves y Estefanía Medina, recurrió a la demanda de garantías que ahora ha sido admitida a trámite por Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México.

«Aún y cuando la FGR reconoció que el delito de cohecho por el que se encuentra vinculado Emilio Lozoya afecta a toda la sociedad, la Fiscalía negó el carácter de víctima a la organización, cerrando así la posibilidad de que los ciudadanos podamos tener un acceso real en esta investigación», dijo Tojil.

«Esta no es la primera vez que la FGR a cargo de Gertz Manero le niega tal carácter a Tojil, también lo negó en un caso relacionado con Javier Duarte, por lo que actualmente el Estado mexicano se encuentra denunciando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».

La juez Robledo Magaña negó la suspensión provisional a la ONG porque consideró que concederla contravendría disposiciones de orden público y causaría un perjuicio al interés social, dado que el Ministerio Público tiene la facultad y obligación de investigar los delitos.

La impartidora de justicia acordó celebrar el próximo 21 de agosto la audiencia incidental en la que, con más información documental, determinará si concede o no la suspensión definitiva contra la resolución de la Fiscalía.

Tojil dijo que la posibilidad de que los ciudadanos puedan intervenir y evitar irregularidades en el caso Lozoya ahora es una decisión que está en manos del Poder Judicial Federal, quien deberá resolver si la organización tiene el carácter de víctima y, en su caso, ordenarle a la FGR permitir que Tojil coadyuve en la indagatoria.

«Pese a que el Fiscal General, muy brevemente ha informado a la sociedad del avance de caso, esto no es suficiente para que las víctimas de la corrupción vigilen el actuar de las autoridades a cargo y colaboren en que se cumplan con los derechos de verdad, justicia y reparación, por lo que se corre el riesgo de que este emblemático caso de corrupción continúe en la opacidad y sin justicia para todos los mexicanos», concluye.

Por: Abel Barajas


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