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CIUDAD DE MÉXICO. La defensa de Rosario Robles acusó al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, de pretender utilizar la prisión preventiva como antes se usaban los «tehuacanazos», para obligarla a delatar a otros presuntos implicados en la Estafa Maestra, cuando ella no tiene nada que revelar.

El Fiscal General de la República dijo esta tarde que la diferencia del trato que le daban a Emilio Lozoya, en relación con Robles, es que el primero hizo una oferta de información a la FGR y ha denunciado hechos de corrupción, en este caso contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto.

Epigmenio Mendieta, abogado de la ex titular de la Sedatu y Sedesol, dijo en un comunicado que estas declaraciones de Gertz no sólo son una afrenta al debido proceso y la presunción de inocencia, sino que demuestran que el encarcelamiento es una nueva forma de presión.

«El Fiscal General da a entender que Robles Berlanga está en prisión por ‘no ser solidaria con el Estado’, dejando en entredicho que nuestra defendida está privada de su libertad por no ‘delatar’ a otros funcionarios, cuando en realidad no tiene nada que revelar», dijo Mendieta.

«Para esta defensa, significa que el fiscal pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo contra la ciudadanía. Antes eran ‘tehuacanazos’, hoy es prisión. Pareciera que Robles Berlanga está privada de su libertad por no querer colaborar’ con las autoridades, cuando en este país ese hecho no es ningún delito».

El litigante además desmintió la afirmación que hiciera Gertz Manero, en el sentido que el caso en que Robles está involucrada, denominado la Estafa Maestra, ocasionó un daño patrimonial de 15 mil millones de pesos.

De acuerdo con Mendieta, a la ex funcionaria no se le imputa ni está procesada por un delito que amerite la reparación del daño.

«Es falso que nuestra defendida esté acusada de una afectación al erario federal. Contrario a lo dicho por el fiscal, Rosario Robles enfrenta un proceso por un supuesto delito de omisión de resultado formal, no de acción. Es decir, ejercicio ilícito del servicio público, delito considerado no grave y que tampoco trae aparejado la reparación de un presunto daño. Por esta acusación debería tener el beneficio de enfrentar su proceso en libertad», dijo.

«Las imprecisiones observadas por el fiscal Gertz señalan a Rosario Robles de provocar un daño patrimonial. Sin embargo, no existe ninguna acusación formal por parte de la FGR por un delito diferente al que ya se mencionó. La FGR está obligada a investigar, fundamentar y comprobar sus acusaciones plenamente, más allá de toda duda razonable y no sólo hacer imputaciones».

Indicó que los dichos del Fiscal violan el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala en su Fracción I que la acusada debe ser tratada como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad.

También, afirman, infringe la fracción XIV del mismo artículo, que obliga a las autoridades a que los imputados no sean expuestos a los medios de comunicación, y la fracción XV, que precisa que tampoco deben ser presentados ante la comunidad como culpables.

«Con sus imprecisiones, el fiscal general marca una diferencia entre las conveniencias políticas de sus testigos colaboradores y lo que no tienen ese carácter, esto según sus propias palabras. Sus declaraciones son una afrenta al debido proceso y a la presunción de inocencia», afirmó Mendieta.

«Los dichos de hoy demuestran una vez más que se trata de una detención arbitraria y una nueva modalidad de presión».

Al participar esta tarde en un conversatorio sobre el caso Lozoya, dentro del «Seminario sobre violencia y paz» que organiza el Colegio de México, Gertz Manero explicó las razones de por qué Lozoya y Robles recibían un trato distinto de la autoridad a su cargo.

«Este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos, él lo está presentando, él lo está pidiendo eso», expuso.

«En el otro caso no hay eso y es un daño por 15 mil millones de pesos donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país ¡por favor! ¡por favor! Es decir, la jerarquía de los daños merecería la conducta solidaria con el Estado mexicano para descubrir esa famosa llamada Estafa Maestra».

Por: Abel Barajas


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