ALBERTO MORONES / NTRZACATECAS.COM
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Hace falta empatía y solidaridad de las autoridades para actuar en conjunto y dar más avances en la localización de personas desaparecidas, consideraron expertos y familiares de víctimas de este delito, durante la mesa de análisis “Retos y Pendientes sobre el Marco Jurídico en Materia de Derechos de Víctimas de Desaparición”.

En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas, los colectivos de familiares de personas desaparecidas en la entidad aprovecharon esta mesa para hacer ver qué ha faltado en las capacidades de búsqueda, siendo Zacatecas uno de los estados con mayor número de casos en este problema.

Según la última actualización que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la entidad hay un registro de mil 448 personas desaparecidas, de las cuales 413 han sido encontradas con vida, mientras que de 92 sólo han encontrado los restos; un total de 943 continúan sin rastro.

Angélica Hernández, integrante del Colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza, quien desde hace algunos años busca a su hijo Luis Antonio Pérez, detalló que parte del problema ha sido la capacitación de las autoridades correspondientes, que no saben actuar de manera inmediata.

“Cuando mi hijo desapareció, no teníamos idea de dónde buscar; por parte de las autoridades, en ese momento, no supieron qué decirnos, sólo que esperáramos; han pasado años y sigo esperando”, narró.

Ante la desesperación, expuso que ella se ha sumado a las búsquedas y a todas las dinámicas que han surgido para localizar personas, al igual que muchas mujeres y hombres que, “ante la falta de una respuesta de las autoridades, nos hemos unido para ayudarnos”.

“El problema es la coordinación, hemos visto los registros, ni siquiera tienen relación en una u otra institución; todas las autoridades deben ser una sola, no trabajar por separado, porque sólo se pierde tiempo, que es valioso; debemos de buscar en conjunto”, agregó.

Alma Mata, asesora técnica de la Agencia Internacional de Cooperación (GIZ), de la Comisión Nacional de Búsqueda,destacó que son varias las acciones pendientes para que se aplique la ley y disminuya este delito.

La primera es la atención a víctimas, ya que no sólo se refiere a la persona desaparecida, “también son todos los que sufren un prejuicio directo, como los familiares”, por lo que debería de haber atención de salud mental para ellos, es decir, asimilar lo que viven.

“No hay dignidad humana en estos procesos, es importante que se dé un acompañamiento solidario a la familia o afectados, porque no hay protocolos adecuados”.

Refirió que se debe otorgar el derecho a la participación de los familiares de la víctima, pues deben partir de lo que han pasado, el conocimiento que adquirieron, “que sean parte de las normas, protocolos, hipótesis e investigaciones”.

Ante ello, las autoridades deben garantizar condiciones seguras para los familiares que colaboran en búsquedas, no sólo de su seguridad al salir a los campos, sino tener un reporte de la salud física y mental; que no repercuta con efectos a su persona la fatiga y frustración en las búsquedas.


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