ALBERTO MORONES / NTRZACATECAS.COM
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Mara Muñoz Galván, abogada en el caso de una menor de edad que presuntamente fue violada por otro menor, solicitó a las instituciones federales y a la Presidencia de la República que se revise y se corrijan las anomalías con las que se lleva a cabo el caso, en el que participan la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

Puntualizó que, acompañada de la madre de la menor afectada, se reunieron con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, para exponer las irregularidades que han detectado en la investigación, comprometiéndose a hacer justicia.

Sin embargo, la preocupación en el caso es el tiempo que se tiene para ampararse, dado que, al ser menor de edad el imputado, el 5 de septiembre se cumple el tiempo establecido de cinco meses para la vinculación a proceso.

Muñoz Galván mencionó que “el gobernador dice que se va a hacer justicia, por ello, este martes vamos a hacer llegar un oficio de manera puntual a las partes (gobierno y Tribunal de Justicia), esperando que, el compromiso que dice tener, se materialice en términos judiciales”.

“Ya le pedimos al juez por escrito, dos veces, que confirme cuándo fenece el término (de vinculación a proceso), pero sigue cometiendo un error en perjuicio de la niña, al referir que es el 21 de septiembre, dejando un escenario de indefensión”, agregó.

En medios nacionales y plataformas de Internet, se envió un mensaje al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para exponer que “en el estado de Zacatecas todas las instituciones de justicia se han coludido para proteger al imputado”.

Reiteró que, desde la investigación complementaria inicial y las pruebas fehacientes como el delito en flagrancia, la Fiscalía General, el Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes han manipulado los procesos para garantizar impunidad la agresor.

“Así es como el estado mexicano construye a los feminicidas, porque este hecho lamentable no comienza cuando se priva a la mujer de la vida de manera violenta, sino es un cúmulo de violencia tolerada por la impunidad social y de estado”, dijo la abogada.

Recordó que, entre las anomalías detectadas, se encuentran el uso de exámenes clínicos falsos, con fecha que no concuerdan cuando el imputado ya estaba internado; el fiscal general solicitó una orden para rastrear la sábana de llamadas y geolocalización del teléfono móvil del agresor, sin embargo, se utilizó el número de la madre, no el del imputado, con el propósito de que los registros fueran erróneos.

“El fiscal sabe del tema, él ha solicitado a jueces federales datos reservados con un número equivocado; es como si el juez le dijera al imputado: escribe tu sentencia; es grave lo que está sucediendo”, afirmó.

Con respecto al informe que presentó la titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujer), Adriana Rivero Garza, en cuestión al incremento de violencias a la mujer durante la pandemia, sentenció que “esos informes para mí no tienen consecuencia con la realidad de las mujeres”.

“Yo, que acompaño víctimas, para mí lo que hace la Semujer es irrelevante, porque es una masacre la que está ocurriendo con las mujeres de Zacatecas, donde no hay institución que trabaje de manera diligente, no existe”, concluyó.


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