ALBERTO MORONES/NTRZACATECAS.COM
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En Zacatecas se castiga más el robo de una vaca que la pornografía infantil, reprochó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, en el primer Foro de Pornografía Infantil y Turismo Sexual en México: Una Triste Realidad.

Éste fue el inicio de una serie de encuentros organizados a nivel nacional por la Comisión de la Niñez y la Juventud del Senado de la República, con el objetivo de impulsar una agenda interinstitucional para erradicar este crimen que lesiona los derechos humanos y de libre desarrollo de la personalidad.

En el evento, realizado este lunes en la capital del estado, Nahle García afirmó que falta mucho por hacer en el ámbito legislativo, principalmente en los congresos locales.

Ejemplificó que el Código Penal de Zacatecas establece penas de cuatro a ocho años de cárcel por el delito de pornografía infantil, mientras que por abigeato, es decir robo de ganado, el castigo va desde cuatro hasta 12 años.

Por ello, llamó a aplicar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que contempla de 15 a 30 años de prisión como castigo.

El TSJEZ recibió en 2019 24 mil denuncias, de las que sólo 16 fueron por trata de personas; por corrupción de menores fueron 44; mientras que por abuso sexual 217, por lo que el magistrado alertó de la cifra negra de pornografía infantil.

“Tenemos un grave problema en el tema de la denuncia, pues pareciera que nos enfrentamos a un delito que no se denuncia o que no existe”, puntualizó.

Arturo Nahle explicó que en el estado la pornografía infantil está tipificada como “Delitos contra el desarrollo de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho”, específicamente en los artículos 181 y 182.

Recordó que hechos de este tipo se pueden perseguir “de manera oficiosa”, por lo que llamó a los padres de familia a vigilar a sus hijos, pues “con el acceso a las redes pueden ser enganchados a situaciones terribles, verdaderamente graves que tienen que ver con pornografía y explotación sexual”.

Advirtió que el problema está no sólo en entidades turísticas de México, sino hasta en escuelas de nivel básico, desde preparatorias, secundarias e incluso primarias.

En su intervención, el gobernador Alejandro Tello Cristerna se comprometió a reforzar las políticas para prevenir este tipo de delitos y erradicar el turismo sexual, que calificó como aberrante.

Señaló que uno de los principales retos que se tienen es avanzar en la cultura de la prevención de la violencia y la detección de los focos rojos, tales como el uso de teléfonos desde de los centros de Reinserción Social (Cerereso) y el anonimato en las redes sociales.

Problema en aumento

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre expuso durante marzo y abril, cuando comenzó la emergencia sanitaria por COVID-19, se incrementaron 73 por ciento la búsqueda y el consumo de pornografía infantil, toda vez que recalcó que casi “casi 80 por ciento fueron relacionados con Facebook”.

“La Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que un factor importante en el aumento de demanda ha sido el encierro por la pandemia, junto con el incremento de casos de abuso sexual en el entorno familiar”.

En el último registro que realizó la Procuraduría General de la República (PGR), en 2017, se contabilizaban más de 12 mil cuentas que se dedicaban a la distribución de fotos y videos que exhiben a niños y niñas explotados sexualmente. Tan sólo en 2018, se calcula que 20 mil menores de edad cayeron en redes de trata.

“Al revisar el marco legal, inferimos que nos enfrentamos a un problema de implementación de la ley en materia de los tres órdenes de gobierno”, consideró Bañuelos de la Torre.

Subrayó que es necesario fortalecer a la policía cibernética de la Guardia Nacional (GN), la atención de víctimas con departamentos enfocados en estos delitos, así como destinar más recursos humanos y financieros al combate, “para contar con equipo, personal especializado”.

La legisladora coincidió con el titular del TSJEZ en que se debe alertar a los estudiantes sobre los riesgos asociados por el uso de tecnologías, con planes educativos de prevención, además de la concientización de los padres sobre los riesgos a los que se exponen sus hijos.

Agregó que los congresos locales deben armonizar sus códigos penales y normatividad en materia de derechos de la niñez, mientras que exhortó a las fiscalías a reportar con claridad la información para diagnosticar el problema.

“Hoy no deberíamos estar reunidos discutiendo sobre turismo sexual y pornografía infantil; esto implica que el estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar el interés superior de la niñez por protegerla”, lamentó.

 


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