SAÚL ORTEGA | NTRZACATECAS.COM
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Ojocaliente.- Desde mayo de 2019, la síndica de Ojocaliente, María de Jesús Hernández, denunció ante la LXIII (63) Legislatura del Estado que existen evidentes actos de violencia política y de género, en contra de ella, e irregularidades financieras.

De acuerdo con el documento, dirigido al presidente de la Comisión de Vigilancia, el panista Pedro Martínez Flores, al cual NTR Medios de Comunicación tuvo acceso, se ejemplifica que se ha tratado de obligar a que la síndica renuncie “a través de la presión y acoso por parte del presidente municipal [Daniel López Martínez] y regidores”.

En la denuncia está registrado que el 26 de octubre y 16 de noviembre de 2018, De Jesús Hernández fue tratada con gritos durante las sesiones de cabildo de las fechas mencionadas.

“Llegando, incluso, el presidente municipal a golpear la mesa violentamente, a escasos centímetros de la síndica municipal”, expone el documento.

Acusa, además, que cada sesión de cabildo “se acompaña de presión en grupo para aprobar actos administrativos y de manejo de la Hacienda Municipal en forma irregular. Las solicitudes de tratamiento de puntos específicos de la síndica se ignoran y/o se tratan con burlas y comentarios sin fundamento”.

De igual forma, en la denuncia, de 180 páginas, se hace mención de que también se ha negado el acceso a los videos y manifestaciones de daños físicos y digitales a los mismos, para tratar de ocultar la evidencia de las agresiones hacia la síndica.

Y, sin mencionar los nombres de los involucrados, afirma que “varios regidores también aprovechan las sesiones para intentar forzar, en bloque, el voto y la renuncia de la síndica”.

Esta situación derivó en una denuncia ante la agencia del Ministerio Público (MP), especializada en violencia de género.

Problemas financieros

La denuncia destaca la falta de atención al pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y actos jurídicos que se realizaron a espaldas de la sindicatura, “que podrían generar pérdidas de derechos laborales y afectación en las pensiones de los trabajadores, así como negación del servicio médico e incremento innecesario de los pasivos a corto plazo del ayuntamiento”.

Otro señalamiento es que, a pesar de ejecutarse la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR), éste no se paga al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Otro acto que se denuncia es el bloqueo y obstaculización a la sindicatura, para conocer información financiera para su vigilancia, “además de intentar obligar a firmar informes sin la información (sic) básica para su revisión, así como condicionar entrega de informes financieros”.

Señala además la contratación de gastos no autorizados en el Presupuesto de Egresos, como fiestas, grupos musicales, rentas de equipos y escenarios para conciertos.

Se lee en el documento que “se ha intentado de manera sistemática impedir el ejercicio de la función de la sindicatura y provocar omisiones, por falta de recursos y apoyo”.

La denuncia advierte también que fueron contratados dos abogados como apoderados legales, incorporados a la nómina de la sindicatura, sin que ninguno labore directamente con esta área del ayuntamiento.

Otra irregularidad denunciada es que uno de los dos vehículos asignados a la sindicatura fue dado al presidente municipal para su uso personal, mientras que el segundo auto se encuentra descompuesto y no se ha asignado presupuesto para su reparación.

 


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