SAÚL ORTEGA/NTRZACATECAS.COM
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por las que se presumen daños de hasta 15.8 millones pesos a la hacienda pública, además de otros 2.1 millones que fueron requeridos, debido al manejo de los recursos a cargo de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), encabezada por Gilberto Breña Cantú.

Los señalamientos fueron en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral; el Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, del Seguro Popular, y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.

Se trata desde contratos con criterios en duda, ampliaciones de convenios anómalas, administración de recursos en cuentas con distintas fuentes de financiamiento y pago a personal sin comprobar, hasta falta de certeza en entregas de medicamentos y de control en fármacos controlados y de alto costo.

 

Sin comprobar

Según los informes individuales de la Cuenta Pública 2019, el mayor de los montos pendientes por aclarar resultó en el esquema de atención a personas sin seguridad social, con 9 millones 327 mil 378.10 pesos en total, de los que la mayoría fueron por recursos no devengados al 31 de diciembre de 2019.

Se incluyen 76 mil 79.24 pesos por los pagos realizados de un puesto del que no se proporcionó la autorización de la Clave Única de Establecimientos de Salud, por parte de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud de la Secretaría de Salud.

En este caso, la auditoría registró incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la SSZ no reportó los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos transferidos.

De acuerdo con los resultados de la revisión al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, la SSZ únicamente solventó uno de los señalamientos de la ASF y los otros generaron ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

Resaltó que la secretaría fiscalizada intentó comprobar lo señalado, pero la unidad auditora concluyó que la información proporcionada no cumplió “las características de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados se consideran como no atendidos”.

Entre las anomalías por las que se pide a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que investigue y determine responsabilidades contra los servidores que “abrieron una cuenta bancaria que no fue única para recibir y administrar los recursos del Programa, ya que transfirieron a dos cuentas adicionales en las que se identificaron diferentes fuentes de financiamiento”.

También se detectaron anomalías en contratos, como faltas de propuestas técnicas del proveedor ganador, convenios ampliatorios fuera de vigencia, falta de documentación que permitiera validar la fecha programada de entrega de bienes adquiridos y verificar que llegaran al almacén de farmacias subrogadas.

Sobresalió que “no entregaron a las unidades médicas los equipos médicos y de laboratorio, adquiridos por medio del contrato número SSZ-LPN-LA-932057995-E21-2019-005, por lo que no cumplieron con los objetivos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos”.

Con base en estos resultados, la ASF determinó que el gobierno de Zacatecas, a través de la SSZ, “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

Faltan controles

El siguiente mayor monto que resta por aclarar fue en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, con un total de 8 millones 616 mil 260.81 pesos, de los que incluso la auditoría federal ya recuperó 2 millones 193 mil 416.81 pesos de la SSZ.

Otros 6 millones 422 mil 844 pesos quedaron pendientes por comprobar, más 828 mil 287 pesos generados por cargas financieras, por los pagos de compensaciones “de los que no se proporcionaron las autorizaciones actualizados”.

La ASF argumentó que faltó “la comprobación de que dicho personal reside en la comunidad con bajo desarrollo, los programas de trabajo, las evaluaciones al personal y las acciones de capacitación realizadas por las jurisdicciones”.

Además, expuso que “no se proporcionó la documentación que acredite que los trabajadores beneficiados estuvieron adscritos a unidades de salud validadas por la Secretaría de Salud”.

De 13 resultados de la auditoría, en cuatro no hubo irregularidades, tres fueron solventados por la SSZ y los restantes generaron cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

Lo que pidió investigar la auditoría fue que se ignoró implementar mecanismos de atención acordados ante “las debilidades identificadas en el control interno instrumentado por los servicios de salud del estado”.

Asimismo, “no se conciliaron saldos de la cuenta bancaria en la que se recibieron los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” y los recursos se administraron “en tres cuentas bancarias para el pago de impuestos y derechos, en las que se identificaron diferentes fuentes de financiamiento”.

En este caso, de igual manera hubo anomalías en contratos, así como carencia de documentación para validar la fecha de entrega pactada para medicamentos y la entrada de los mismos al almacén de las farmacias subrogadas.

Destacó que tampoco se implementó un mecanismo de control adecuado en el Hospital de la Mujer Zacatecana para el manejo de medicamentos controlados y de alto costo, “lo que impidió constatar la salida y entrega final de los beneficiarios”.

 

Incumplimientos

En el caso de los recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, el daño que se presume es el menor y asciende a 51 mil 994.70 pesos, por los rendimientos generados con la Cuota Social 2019, de enero a marzo de 2020.

Esta revisión derivó en siete promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones, en el que, además, se señaló que “administraron dichos recursos en siete cuentas bancarias adicionales en las que se identificaron diferentes fuentes de financiamiento”.

Las irregularidades detectadas fueron que no se localizó el contrato de prestación de servicios de un trabajador financiado con recursos de la Cuota Social 2019, no se presentó suficiencia presupuestal para contratos, también los hubo que no se adjudicaron con los máximos autorizados y sin acreditar criterios.

De igual manera, se señaló la celebración de convenios ampliatorios fuera de vigencia, faltó documentación que permita validar entrega pactada o programada de bienes y servicios y, “en su caso, determinar la aplicación de penas convencionales”.

Se incumplió con celeridad en informes mensuales de respuesta a solicitudes de beneficiaros de programas, sobre quejas, sugerencias y solicitudes de gestión; no se remitieron a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud la información relativa al padrón de beneficiarios.

Además, se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un monto que difiere con la cifra de auxiliares contables y presupuestales, en el ejercicio y destino de los recursos del programa del cuarto trimestre.


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