ALBERTO MORONES / NTRZACATECAS.COM
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Salvador Lara Martínez, imputado en el caso de la Estafa Maestra, denunció a Nicolás Castañeda Tejeda y José Guadalupe Estrada Rodríguez como los operadores de cinco programas con los que se realizaron los desvíos millonarios en Zacatecas.

Lara Martínez fue rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) en el período de 2015 a 2016, cuando se fincó responsabilidad por los desvíos de recursos, que asegura iniciaron con el ex rector Estrada Rodríguez, quien comenzó los fraudes en 2014.

Detalló que los delitos que ejecutaron fueron la falsificación de su firma para dar continuidad a los malos manejos, con los cuales se lograron desviar de la UPSZ más de 34 millones de pesos.

Refirió que como autoridad no se percató del fraude porque los convenios de los programas no se operaban en la universidad, sino “en una oficina de proyectos estratégicos a cargo de José Estrada y otra por Nicolás Castañeda.

Además, el imputado comentó que existe un dictamen pericial que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en el que se puntualizó que la firma en documentos fue falsificada, así como la de los beneficiarios.

Aunque en la investigación que realiza la FGR solo se imputó a Alejandro Jiménez Ordóñez, ex responsable administrativo de la UPSZ y a él, por lo que enfatizó que con las pruebas que presentaron se dará cuenta de “los verdaderos responsables”.

A la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada se hizo llegar todas las pruebas que se obtuvieron por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa), de quiénes cobraban y cuánto”.

“Vamos a enfrentar la responsabilidad que nos toca, pero no por algo que no hicimos, se nos falsificaron las firmas y los operadores de proyectos tienen nombre y apellido”, reiteró.

Manifestó que, a pesar de los tres años de investigaciones en el caso, las indagaciones quedaron impunes por “las relaciones que (Castañeda Tejeda y Estrada Rodríguez) han realizado en las dependencias; no se les había querido investigar”.

Como pruebas, Lara Martínez pidió a la FGR que lleven a cabo un análisis exhaustivo de los bienes de los funcionarios mencionados, “porque seguramente no podrán acreditar su riqueza”.

“Lo único que buscamos es que se sepa la verdad, que se investigue a los autores materiales e intelectuales de este delito y se siga la ruta del dinero para que no quedeimpune”.


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