David H. López
David H. López

La cola de ese huracán llamado “conflicto postelectoral” en EEUU nos ha dejado una secuencia de sucesos ampliamente conocidos. De todos llama nuestra atención la suspensión permanente que hicieron Twitter y Facebook a la cuenta del aún Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Después de meses donde estas empresas tomaron decisiones editoriales sobre la comunicación del presidente Trump, censurando las publicaciones que consideraban fake news, el incidente en el Capitolio fue la gota que derramó el vaso. En un ejercicio de dramatización retórica, los demócratas —tanto Biden como Pelosi— lo llamaron “ataque a nuestra democracia”. La irrupción de un puñado de revoltosos blancos en un edificio público fue un incidente grave para la seguridad de una de las instituciones del Estado norteamericano —el Legislativo— y caracterizarlo de “ataque…” es el toque retórico que necesitaban, el empujoncito para silenciarlo del debate público que se libra en redes.

Desde 2008 el fenómeno Obama dejó clara la importancia que tiene para los políticos el uso de las redes sociales. Su dominio de ellas, le valió no sólo el crecimiento de su candidatura sino también para configurarla en un nivel de adhesión que la transformó en un movimiento, el primero que logró una proeza no antes vista: convertir los números de ‘me gusta’ y seguidores, en donantes para la campaña y en votos.

Ocho años después, los sectores conservadores —no solo de EEUU sino de todo el mundo— entendieron la lección y se abocaron a utilizar las redes para ganar elecciones, aún a costa de recursos carentes de ética como las fake news. El escándalo de Cambridge Analytica lo dejó patente. Hace más de un año lo comentamos en este espacio, http://bit.ly/2UtVFXO

En cuanto a Trump y la suspensión de sus cuentas de redes tenemos el primer caso de un gobernante cuyo poder excede los límites de su territorio y es acotado en su comunicación por gobiernos corporativos, al parecer con mayor alcance supranacional.

La canciller alemana Angela Merkel lo ilustra con la declaración emitida por su vocero, “el cierre total de la cuenta de un presidente elegido con base a la decisión de direcciones corporativas es problemático”. Vaya frase.

La libre expresión y el debate —en muchos casos mundial— dependen de las políticas corporativas que se determinan en los cuarteles generales de las grandes empresas de la interacción social. En amplias zonas de lo que en el mundo conocemos como occidente pesan lo mismo o más lo que determinen Mark Zuckerberg o Jack Dorsey (dueños de Facebook y Twitter, respectivamente) como censores del debate público mundial.

Pareció sencillo para quienes tenemos aversión “natural” hacia Trump y su retórica antimexicana, estar de acuerdo con los juicios de valor aplicados a sus cuentas. Su narrativa, su tenacidad y compulsión para diseminarla y su petulancia nos hicieron cambiar la empatía por un innegable alivio. ¿Era la solución censurarlo? ¿La decisión debió estar en quienes la tomaron?

Si se lo hicieron al poderoso e influyente Donald Trump, lo harán y de hecho lo hacen con cualquiera que no se ciña a la visión y juicios sociales, morales y políticos de un puñado de personas que no son electas para ejercer tal poder, sino les viene por el éxito de sus canales.

El asunto oscila en dos extremos indeseables y peligrosos. Por un lado, la privatización del discurso, que es el escenario actual con fallos que solo son apelables en función de presiones sociales, políticas y económicas que no siempre funcionan; por otro, la estatización de las redes, donde el principal argumento es que busquen reflejar con equidad la pluralidad de una sociedad tan diversa como la occidental.

El tema no ha comenzado a debatirse.


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