SAÚL ORTEGA / NTRZACATECAS.COM
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Jesús Alberto Gaytán Espinosa solicitó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, intervenga en el caso contra el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, para que investigue cuentas bancarias a nombre del hoy candidato del PRI a una diputación federal y de varios de sus familiares.

En un oficio recibido el 28 de abril de 2021 en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE), Gaytán Espinosa pidió este recurso al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Delitos en Materia de Corrupción, a fin de que gire las órdenes correspondientes.

La solicitud es para que el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) primero “investigue y proporcione la información sobre todas y cada una de las cuentas bancarias nacionales e internacionales a nombre de Miguel Alonso Reyes, Lucía Alonso Reyes, Diego Alonso Alcalá y Juan Alonso Reyes”.

Asimismo, se demanda que el titular de la UIF, “a la brevedad posible, proporcione un informe con la totalidad de cuentas bancarias encontradas, además de investigar posibles nombres de personas vinculadas con los investigados en referencia”.

En segundo término, Jesús Alberto Gaytán solicitó “investigar en los Reportes de Operaciones Relevantes, Reportes de Operaciones Inusuales, transferencias y depósitos de las cuentas bancarias resultantes de la investigación realizada a los ciudadanos en mención”.

Desde 2016, Gaytán Espinosa denunció ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a Miguel Alonso por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, y ofreció pruebas de la presunta adquisición de predios a través de prestanombres del gobierno de Alonso Reyes.

En el caso de Juan Manuel, hermano del ahora postulado a una diputación plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), también se le mencionó como presunto responsable de controlar contratos millonarios dirigidos a empresas de su preferencia a través de licitaciones irregulares.

Además, se le señaló de estar vinculado con el cobro a constructores del llamado “diezmo”, que alcanzaba hasta 20 por ciento del costo total de obras públicas y que acusó se entregaba en la casa familiar ubicada en la calle Fernando Villalpando, en el centro de la capital del estado.


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