STAFF / NTRZACATECAS.COM
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Con el fin de brindar mejores herramientas para hacer efectivo el derecho a la información pública y la protección de datos personales de los ciudadanos en México, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propuso reformar los artículos 41, 181, 201, 208 y 215 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo detalló que se trata de dar facultades al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que brinde asistencia técnica y jurídica a las personas que, una vez que han agotado los mecanismos establecidos en la ley, deciden presentar recursos ante autoridad jurisdiccional al considerar que la respuesta que brindó un sujeto obligado vulnera su derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

“Reformamos esta ley para que sea una obligación, no una facultad potestativa del INAI o de los Organismos garantes denunciar los hechos que impliquen la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 206 de esta ley ante la autoridad competente”.

En el documento presentado a la Comisión Permanente, se destaca que actualmente si una autoridad no cumple con su responsabilidad de dar acceso a la información se realiza un procedimiento de revisión ante el organismo garante en las entidades federativas, mismo que por motivo de su relevancia puede ser atraído por el INAI.

Agotado este recurso se puede interponer otro recurso de inconformidad por la respuesta del sujeto obligado o la resolución del organismo garante ante el INAI, sin embargo, si el ciudadano considera que se viola su derecho a la información, queda a salvo su derecho de actuar ante la autoridad judicial.

Pero en estos casos el INAI no brinda asesoría técnica o jurídica a los ciudadanos en este proceso, lo que dificulta la posibilidad que se presenten denuncias por violaciones al derecho a la información y protección de datos personales, ya que el ciudadano que no tenga los conocimientos o los recursos no podrá defender este derecho.

En este sentido, la iniciativa presentada por el Partido del Trabajo pretende reformar la Ley General de Acceso a la información Pública para que el Instituto brinde apoyo técnico y jurídico a las ciudadanas y ciudadanos cuando, una vez agotados los mecanismos que marca esta ley, impugnen la resolución de organismos garantes y la respuesta de sujetos obligados por la vía del juicio de amparo.

También pretende establecer un plazo máximo de tres días para que el Instituto dé respuesta sobre la solicitud de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

“Para los casos en que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o parcial de la resolución por parte de un sujeto obligado deba dar vista a la contraloría, Órgano Interno de Control o equivalente del sujeto obligado, para que determine lo que en derecho corresponda”.

 


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