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La Fiscalía General de la República busca imputar por segunda vez a Juan Pablo González Cimadevilla, de supuestamente orquestar un plan con funcionarios de la SEIDO y la Interpol para fabricar «pruebas» y acusar de narcotráfico a familiares de su esposa, con quien sostenía una disputa tras el divorcio.

En el 2019, un juez federal ordenó la aprehensión del empresario tapatío, por los delitos de tortura, asociación delictuosa, delitos contra la administración de justicia, falsificación de documento y simulación de pruebas.

Miembro de una familia que era accionista de Grupo Modelo, durante la pandemia Cimadevilla consiguió una suspensión contra la orden de aprehensión y se presentó ante el juez de la causa a la audiencia de imputación, sin el riesgo de ser detenido.

En la diligencia, Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, resolvió no vincularlo a proceso porque estimó que ninguno de los cinco ilícitos estaba acompañado de los datos de prueba mínimos.

Esta resolución fue apelada por la ex esposa del imputado, Ana Patricia Moller, y uno de sus hijos, sin embargo, fue confirmada por el magistrado Manuel Bárcena Villanueva. Contra la decisión de este último, las dos víctimas presentaron un amparo que aún continúa en trámite.

La FGR tenía la posibilidad de apelar el fallo, pero en lugar de ello, decidió solicitar la devolución del expediente para perfeccionarlo y el mes pasado volvió a judicializar la carpeta de investigación, ante el mismo juez de la causa.

De acuerdo con registros judiciales, Cimadevilla compareció el pasado 9 de junio ante Villar Ceballos, quien determinó suspender la audiencia hasta que sea resuelto en última instancia el amparo de la ex esposa y el hijo del imputado, en su calidad de víctimas.

Este amparo está en manos del magistrado Luis Pérez de la Fuente, titular del Sexto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México.

Según informes obtenidos, la imputación presentada hace un mes contra González Cimadevilla incluía los cinco delitos, no obstante que ya todos los imputados en este asunto -fiscales, agentes, abogados y el propio empresario- libraron varios de ellos.

De hecho, el tribunal que confirmó el procesamiento de los cuatro agentes de Interpol, dejó fuera el delito de asociación delictuosa y como ese fallo no fue combatido por los denunciantes, la resolución ha quedado fuera al menos para ellos.

La imputación de la FGR refiere que el 26 y 30 de abril de 2016 la Unidad Antisecuestros de la SEIDO envió a los agentes de Interpol a vigilar 3 casas de los ex cuñados de González Cimadevilla, quienes supuestamente habrían intervenido en la disputa de bienes por el divorcio de Ana Patricia Moller.

Los agentes, según la Fiscalía, rindieron informes supuestamente falsos en los que reportaron entregas de maletas de dinero y droga. Las casas fueron cateadas y en dos de ellas los agentes presumiblemente sembraron mariguana, cocaína y metanfetaminas.

Cuando la Fiscalía hizo una inspección a esta investigación y descubrió las irregularidades, acudió ante el juez que había librado las órdenes de aprehensión contra los dos ex cuñados de González Cimadevilla y se desistió de los mandamientos de captura.

 

Abel Barajas
Agencia Reforma


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