EL FINANCIERO/NTRZACATECAS.COM
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El Senado de la República aprobó la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, que tiene el objetivo de brindar mayor certeza jurídica a las instituciones y armonizar la jurisdicción con las reformas en materia de puertos, seguridad y protección marítima.

El dictamen se aprobó con 84 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones. La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas propuso modificar los artículos 2, 7 y 30, pero fue rechazada por la asamblea.

La nueva Ley precisa los diferentes niveles de mando, bajo principios incluyentes y con el impulso a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre mujeres y hombres que pertenecen a la Armada de México.

También se establecen atribuciones en materia de seguridad y protección marítima, y crea la Unidad de Policía Naval, la cual estaría destinada a apoyar a la Guardia Nacional.

La legislación propuesta corrige la Ley vigente, que consideraba sanciones que no implicaban necesariamente la pérdida del empleo de marinos acusados de cometer algún ilícito. Así, los organismos disciplinarios, mediante un procedimiento justo, podrán determinar la baja del personal de la milicia, sin importar su nivel.

Durante su participación, el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda Hernández, dejó claro que, congruente a la posición de su partido “de decir no a la militarización del país, votarán en contra de la propuesta. Sin embargo, puntualizó que existe respeto hacia la Armada de México, por lo que buscan que ya no se le involucre en tareas que no les corresponden.

Por su parte, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, indicó que el proyecto tiene como fin actualizar la legislación que rige a la Armada de México y su personal, para armonizarla con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y la Ley de Puertos.

Una vez que se aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Foto Cortesía El Financiero


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