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La gestión de la crisis migratoria por parte del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido deficiente y sin diferencias sustanciales respecto al ex Mandatario republicano Donald Trump, quien impuso políticas de línea dura en la materia, subrayaron especialistas.

En el recién concluido año fiscal 2021, el demócrata estuvo ocho meses completos en la Casa Blanca, periodo en el que, a falta de que se publiquen los datos de septiembre, se hicieron más de un millón 245 mil detenciones de indocumentados en el linde con México, lo que equivale a 172 por ciento más que en 2020 y 27 por ciento más que en 2019.

Algunos sectores, principalmente conservadores, han atribuido el alza de cruces ilegales a los cambios de la nueva Administración, que asumió el 20 enero de 2020, pero para Leisy Abrego, una investigadora de temas migratorios de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), no hay diferencia alguna.

«No importa si hay republicanos o demócratas (en el poder), las leyes estadounidenses son siempre antimigrantes. Biden no ha quitado las peores políticas que pasaron durante la era Trump en cuanto a gente que busca asilo, es decir, están haciendo lo mismo», acusó, en referencia al Título 42, bajo el cual se deporta a casi todos los indocumentados por el Covid-19 sin permitirles presentar su caso.

«Lo que cambia es la manera en la que expresan lo que van a hacer. Los demócratas son buenos en usar lenguaje que te permite pensar que creen en los derechos humanos y que están tratando de hacer algo productivo».

Tanto para Abrego como para Alejandra Macías, directora de Asylum Access México, los Gobiernos de la región deben cambiar su enfoque migratorio y pasar de la militarización a la asistencia social.

Las entidades del sur de Estados Unidos y las autoridades en Centroamérica y México han militarizado sus fronteras ante la crisis, una medida que, dicen las especialistas, no soluciona el problema de la falta de oportunidades y seguridad que tienen los indocumentados en su tierra natal.

«Hay una falta de respuesta por parte de los Gobiernos, entonces, al haber una falta de respuesta a todos estos acontecimientos de los últimos meses o años (violencia, corrupción, huracanes, Covid-19), las personas se ven obligadas a salir», indicó Macías.

«Debería haber una coordinación de los países de la región, y no se debe seguir con la militarización de fronteras, sino, más bien, todos esos recursos que se están implementando para eso se deben enfocar a la integración de las personas, para que puedan acceder a sus derechos».

La investigadora de la UCLA apuntó que desde hace décadas no es prioridad establecer programas de ayuda para los necesitados en Centroamérica y México.

«Lo que pasa con los Gobiernos es que cada uno representa a las élites, se benefician a las élites, pero hacen la vida imposible para la mayoría de la gente en su país», enfatizó Abrego.

«Reciben fondos de Estados Unidos para militarizar fronteras y se la ponen más difícil a la gente que trata de salir».

Se prevé que las cifras completas del año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre, se publiquen a mediados de octubre.

Alejandro Albarran García
Agencia Reforma


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