EDUARDO VALENCIA / NTRZACATECAS.COM
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Ante la programada ratificación de la secretaria de la Función Pública, Humbelina López Loera, desde el bloque oficial de diputados se acusó a la oposición de chantaje legislativo, mientras que los aludidos desmintieron los señalamientos y los calificaron de paranoia; falta oficio político, reprocharon.

El bloque plural, conformado por representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), sostuvo que no hay trato, mucho menos civilidad.

La priista Gabriela Basurto reclamó que la fracción oficial ha votado en contra de todos los exhortos y que no hay contacto con el titular del Poder Ejecutivo, David Monreal Ávila, ni con la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo, por lo que enfatizó la importancia de protestar.

Enrique Laviada, diputado de MC, señaló que el Poder Ejecutivo “supone que el Legislativo es una  oficina más donde manda y está equivocado”.

“Estamos muy molestos por la actitud de desprecio hacia el poder Legislativo. Hemos sido objeto de presiones para actuar como subordinados y desde aquí le decimos que no lo somos y no lo seremos”, puntualizó.

Remarcó lo dicho por Basurto sobre que las iniciativas para que se “tome en cuenta opiniones del Congreso” han sido votadas en contra y ejemplificó con la petición de la comparecencia del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares.

Aseveró que de manera mecánica y automática la mayoría vota no solo en contra del bloque plural, “sino que lo hace también en contra de la sociedad, por cierto más en un momento sumamente delicado en términos de seguridad pública”.

“Exigimos respeto al Poder Legislativo, nadie habla con nosotros. […] No estamos dispuestos a cumplir con este capricho y en señal de protesta abandonamos el salón de sesiones”.

Refugio Ávalos, del PRI, sostuvo que, sobre la crisis de seguridad y financiera, no puede estar el interés particular de “un gobernador insensible”. “Así es que en señal de protesta y a nombre de esa sociedad dañada, rompimos el quórum. No queremos ser parte de un gobierno que no escucha”, recalcó.

Previo a esta postura y al abortarse la ratificación en la SFP, Ernesto González, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), denunció que las bancadas de PRI, PAN y PRD condicionaron la presencia de la funcionaria estatal con la exigencia de 7.5 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas (Sefin) adeuda.

Expuso que el monto corresponde a la partida de Servicios Legislativos, “justo la de la Estafa Legislativa”. “Es grave lo que pasa en la Legislatura, ya que se somete una ratificación al pago de favores y prebendas. No hay por qué condicionar el nombramiento por un pago”, afirmó González.

Es ilógico, argumentó, que se reactiven los Servicios Legislativos, al acusar “manoseo”. Reconoció que hubo debate con la fracción del Partido del Trabajo (PT), que encabeza Xerardo Ramírez, “porque ellos sí aceptaban que se radicara el recurso, mismo que se debe, pero no se puede potenciar el tema económico ante el jurídico”.

Sobre lo dicho por Ernesto González, Enrique Laviada advirtió de “paranoia legislativa”. Aclaró que el procedimiento está suspendido y que no tiene nada qué ver con el reclamo del bloque plural.

Sostuvo que, en muchos temas, como en la ratificación en la SFP, debe haber comunicación con el Poder Legislativo, por lo que reiteró la necesidad de atención del Ejecutivo.

“A menos que el señor David Monreal piense que él puede sustituir a los demás poderes; por lo que vemos estamos muy lejos y, al contrario, los problemas se hacen más graves”.


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