ABEL BARAJAS/AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción llevó a los tribunales federales dos casos relacionados con la Estafa Maestra por sobreprecios millonarios. Entre los que se señala están los zacatecanos Armando Silva Cháirez, ex rector de la UAZ; Pedro de León Mojarro, ex coordinador de Delegaciones de la Sedesol, y Marcos Ibarra Infante, ex director general adjunto en la misma dependencia federal.

Por la Estafa Maestra, la fiscalía solicitó a la justicia federal una audiencia para imputar a tres indiciados un sobreprecio de más de 130 millones de pesos en un contrato para integrar padrones de beneficiarios de programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Los indiciados son José Antolino Orozco Martínez, ex director general de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol; Armando Silva Cháirez, ex rector de Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Luis Octavio Solís Sánchez, antes del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Industrial de esta institución.

La fiscalía, a cargo de María de la Luz Mijangos Borja, pidió la diligencia al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para imputarlos por el delito de uso indebido de atribuciones por contratación, que en principio no contempla la prisión preventiva justificada.

De acuerdo con informes judiciales, la audiencia se realizaría a mediados de noviembre, pero fue reprogramada hasta nuevo aviso a solicitud de los señalados, quienes manifestaron no haber tenido todas las constancias de la indagatoria.

Orozco Martínez está preso en el Reclusorio Norte desde el 25 de septiembre, procesado por un contrato diverso de 77.8 millones de pesos para encuestas de la Sedesol.

Este caso es uno de los primeros por la Estafa Maestra que presenta la fiscalía ante los tribunales; el otro es un contrato de la Sedesol a la UAZ, pero de menor cuantía.

Según la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000730/2019, iniciada por una denuncia de la Secretaría de la Función Pública (SFP), los hechos derivan del convenio de coordinación del 25 de junio de 2015 firmado por la Sedesol y la máxima casa de estudios del estado, por 170 millones 520 mil pesos.

Con este acuerdo, suscrito por los señalados, la universidad se comprometió a prestar a la secretaría los servicios de “diagnóstico inicial para la integración de los padrones estatales de beneficiarios” de los programas de la dependencia federal.

Una vez que recibió el total de los recursos, mediante cinco depósitos, el 5 de agosto de 2015 –40 días después del convenio con la Sedesol– la UAZ subcontrató los servicios con la empresa Custom Performance SA de CV, por un total de 40 millones 228 mil 557 pesos.

Solís Sánchez adjudicó los servicios a través de dos procedimientos de invitación restringida, uno por 24 millones 100 mil 957 y otro de 16 millones 127 mil 600 pesos.

Para la fiscalía este contrato no sólo le proporcionó un beneficio millonario indebido a la UAZ, sino que también evidencia una mala administración y falta de verificación de la Sedesol en el cumplimiento del convenio, pues la universidad no contaba con la suficiente capacidad técnica, material, financiera y humana para prestar los servicios.

Apuntan a sobreprecio

CIUDAD DE MÉXICO. El otro caso de la Estafa Maestra que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó ante los tribunales es un contrato para integrar padrones de beneficiarios de la Sedesol, en el que se pagaron 52.2 millones de pesos, pero los servicios valían 25.5 millones de pesos.

A solicitud de la fiscalía, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte citó a una audiencia de imputación a tres ex funcionarios de la desaparecida Sedesol, uno de ellos prófugo de la justicia, y dos mandos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Se trata de Pedro de León Mojarro, titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, hoy evadido de la justicia, así como Marcos Ibarra Infante y Ricardo Mejía Zayas, ambos ex directores generales adjuntos en la Sedesol.

También están citados Armando Silva Cháirez, ex rector de la máxima casa de estudios del estado, y Luis Octavio Solís Sánchez, antes titular del Área de Proyectos del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Industrial de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (CIITI-UAZ).

Este caso corresponde a la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000729/2019, iniciada por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de atribuciones y facultades, a raíz de una denuncia que también presentó la Secretaría de la Función Pública (SFP) el 27 de noviembre de 2019.


Nuestros lectores comentan

  1. Excelente investigación. Benditas redes sociales, que nos dan a conocer de tanto ladron que existe en nuestro Estado de Zacatecas. Todavía quieren seguir robando.

  2. Y que van a hacer? Ya que algunos de ellos forman parte del gabinete del actual gobierno en Zacatecas? No que cero corrupción? Estafadores y ahora actuales funcionarios públicos? Mejor ya traiganse a Rosario Robles también para formar el equipo completo.