SAÚL ORTEGA/NTRZACATECAS.COM
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No hay posibilidades de continuar con los trámites para iniciar la construcción de la presa Milpillas en Jiménez del Teul, mientras no cesen los conflictos políticos y sociales en las comunidades El Potrero y Chichimequillas, coincidieron Víctor Manuel Reyes Rodríguez, director de la Conagua, y Luis Fernando Maldonado Moreno, ex titular de la SAMA.

El ex secretario de Agua y Medio Ambiente explicó que se cumplió con el pago de hasta 50 mil pesos por hectárea; sin embargo, “los ejidatarios de Atotonilco y El Potrero pretendían recibir 1 millón de pesos, luego de que pseudolíderes sociales les dijeran que la construcción de la presa les habría de afectar”.

De acuerdo con fuentes de SAMA, destaca el ejido Atotonilco como un lugar primordial por su ubicación dentro del proyecto, pues es en este lugar donde se construirá la cortina, camino de acceso, planta de bombeo y zona de campamento en una superficie de 41.5 hectáreas.

El acuerdo original por estos predios fue el pago de 12 mil pesos por hectárea afectada y al final se dieron 5 mil pesos por cada una; sin embargo, el acta de asamblea no fue aceptada en el Registro Agrario Nacional (RAN) porque supuestamente fueron detectadas irregularidades en el comisariado ejidal.

Las fuentes no precisaron cuáles son estas anomalías, pero explicaron que grupos políticos no permitieron que se efectuara la asamblea para regularizar pagos y actas correspondientes; señalaron por el bloqueo al Observatorio de Conflictos Mineros del Estado de Zacatecas, con Grecia Rodríguez como vocera.

Agregaron que en el ejido El Potrero se realizaron las asambleas ejidales y convenios de ocupación previa debidamente fundamentados de acuerdo y con el apoyo de la Procuraduría Agraria; en éstas se determinó el pago de 50 mil pesos por hectárea en un total de 125.7.

No obstante, en el cambio de mesa de asamblea, los nuevos dirigentes se negaron a llevar las actas ante el notario por las presiones políticas de la zona, a pesar de que, según se informó, el dinero por la indemnización se pagó.

Maldonado Moreno precisó que los ejidatarios de estas comunidades pretendían cobrar hasta 1 millón de pesos por hectárea para permitir la continuidad del proyecto: “ya se tenían los permisos y lo necesario para iniciar la obra”.

Asimismo, afirmó que gobierno del estado tenía la facultad del uso de la fuerza para evitar que se detuviera la obra, puesto que las actas de las asambleas ejidales fueron firmadas, aunque no notariadas.

El titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente durante el quinquenio de Alejandro Tello Cristerna celebró el llamado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reactivar la construcción de presa.

El ex funcionario estatal especificó que la anterior administración dejó un avance de 94 por ciento para arrancar el proyecto, “pero la gente de Atotonilco y El Potrero se echaron para atrás en la venta de los terrenos. (…) Ahora corresponde al gobierno de David Monreal Ávila negociar con los ejidatarios y lograr algún acuerdo”.

En espera de certeza jurídica

Víctor Manuel Reyes Rodríguez, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), explicó que mientras continúen los conflictos en la región la dependencia federal no intervendrá: “necesitamos que haya certeza jurídica sobre los predios”.

Recordó que desde 2015 tienen el proyecto ejecutivo y desde 2018 las aprobaciones necesarias para la construcción de la presa que dotará de agua potable a Fresnillo, Enrique Estrada, Calera de Víctor Rosales, Morelos, Guadalupe y la capital, “pero deben solucionarse los problemas sociales”.

Advirtió que la Conagua no interviene en las negociaciones de los conflictos que puedan generarse en la zona de construcción, sino que “solo participamos en las cuestiones técnicas”.

Recordó que la instrucción de López Obrador es avanzar a la brevedad y detalló que, desde la visita presidencial, el jueves de la semana pasada, “hemos tenido algunos acercamientos con gobierno del estado y buscamos reunirnos pronto con el gobernador Monreal”.

Dinero sin destino

En 2018 le fueron destinados 169 millones 700 mil pesos al proyecto de la presa Milpillas y al cierre fiscal de dicho año tenía un avance de 0.12 por ciento. El 19 de junio de ese año, la obra licitó la construcción del sistema de la presa de almacenamiento.

El fallo favoreció a Materiales y Construcciones Camino Real, no obstante que presentó la segunda propuesta económica más elevada, por 140 millones 856 mil 817 pesos; el contrato fue firmado el 28 de junio de 2018 por Héctor González Orozco, administrador único de la firma asentada en Villa de Cos.

Para iniciar la obra, Conagua entregó 49 millones de pesos por concepto de anticipo; los trabajos iniciarían el 31 de julio de ese año y se estimó que terminara el 5 de enero del 2019. De acuerdo con la dependencia federal, se ejercieron 3 millones de pesos del presupuesto autorizado.

Materiales y Construcciones Camino Real adquirió 43 toneladas de cemento que, tras el finiquito del contrato, quedarían bajo propiedad y resguardo en una casa comercial; también adquirió una cantidad indeterminada de varilla, que se encuentra abandonada en el lugar de la obra.

El director de la Conagua dio a conocer que el material de construcción está bajo resguardo y en una negociación con la empresa Materiales y Construcciones Camino Real para cubrir los gastos que realizó la empresa.

Obra cancelada

De acuerdo con un boletín de la Conagua de julio de 2019, se suspendió la obra al no estar concluidos los procesos de deslinde y pago de los predios.

Esto sucedió porque grupos de ejidatarios de Atotonilco y El Potrero, encabezados por el Observatorio de Conflictos Mineros del Estado de Zacatecas, se dijeron engañados por las autoridades municipales, estatales y federales.

Aun cuando se anunció por parte del gobierno de Tello Cristerna que en asamblea ejidal habían logrado el acuerdo para que los ejidatarios cedieran sus tierras a favor de la construcción de la presa, e incluso un grupo de El Potrero y Atononilco acusó al senador José Narro Céspedes de boicotear el proceso.

En mayo de 2019, Benjamín Miranda, líder comisariado de Atotonilco, afirmó que ellos estaban a favor de la presa y solo un grupo pequeño estaba en contra; señaló que éste era organizado por Narro Céspedes y que mandaba gente para cambiar en los interesados la postura sobre la presa.

Estos conflictos fueron –aseguró– los que llevaron a la cancelación de la presa por parte de la Conagua y lo que repercutió en que la Federación no destinara el recurso en los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022.

La falta de dinero en el presupuesto federal pone en duda que esta obra pueda arrancar en el próximo año, además porque la liberación de los predios que aún está en manos de los ejidatarios.


Nuestros lectores comentan

  1. Porqué nó hacen alusión a los atropellos del gobierno con la fuerza de policías a manera de intimidación a los habitantes? Todo quedó grabado como prueba.