EL FINANCIERO
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El Congreso de Estados Unidos decidirá este lunes si aprobar o no una disposición de la ley Build Back Better de 1.75 billones de dólares que ofrece 4 mil 500 dólares adicionales en créditos fiscales a compradores de vehículos eléctricos fabricados únicamente por trabajadores estadounidenses sindicalizados.

La propuesta mantiene en descontento a Canadá y a México, quienes consideran que se trata de una política proteccionista y que viola el T-MEC.

Canadá no se quedará tranquilo, permitiendo que nuestra industria y trabajadores se vean injustamente perjudicados por políticas proteccionistas”, dijo Alice Hansen, secretaria de prensa de la ministra de Comercio de Trudeau, Mary Ngpor.

Por su parte, el embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, argumentó que eso va en contra del pacto comercial trilateral entre los países –el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá– y pone en riesgo la integración continental que, dijo, es crucial para hacer que los automóviles producidos en Norteamérica sean competitivos en todo el mundo.

Según el embajador, la medida es contraproducente para EU y para la región. Disgregar ahora el mercado automotriz integrado sería muy perjudicial, dijo, y no hay resultados positivos posibles.

“Un grupo relevante de senadores demócratas y republicanos están en contra de la iniciativa de otorgar incentivos de entre 7 mil 500 y 12 mil 500 dólares para la compra de autos eléctricos, porque consideran que es una medida proteccionista para obligar a las armadoras a fabricar los motores en Estados Unidos y no en los otros países”, escribe este lunes Darío Celis, columnista y periodista de El Financiero, en Podría hoy EU arriesgar el T-MEC.

Inversiones en México están en riesgo

Las inversiones en México están en riesgo por este proyecto de ley que ofrece créditos fiscales para los vehículos eléctricos construidos con mano de obra nacional, dijo en entrevista con Bloomberg la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Al menos dos inversiones en vehículos eléctricos podrían no cerrarse en México y ocho estados podrían perder las expansiones de fabricantes de automóviles debido a la legislación, dijo Clouthier vía Zoom.

Señaló que está conversando con muchos senadores estadounidenses para tratar de hacerlos cambiar de opinión y describió las acciones de Estados Unidos como contradictorias en un momento en que se trabaja estrechamente con México para mejorar los cuellos de botella en la cadena de suministro y se mantienen negociaciones amistosas en temas como la inmigración.

“No puede ser que estemos trabajando tan armoniosamente en unas áreas con EU cuando, al mismo tiempo, hacen este tema los senadores “, dijo Clouthier.

“Hay afectaciones en términos de inversiones detenidas en algunos estados por carros eléctricos que están por llegar”.

Tanto México como Canadá han acusado a EU de posibles violaciones del acuerdo de libre comercio actualizado de América del Norte, conocido como T-MEC. Argumentan que el proyecto de ley, que otorgaría un crédito fiscal adicional a los consumidores que compren vehículos eléctricos fabricados por trabajadores estadounidenses sindicalizados, perjudicaría a los fabricantes de automóviles del resto de América del Norte.

Clouthier aseguró que México está dispuesto a seguir adelante con » todo tipo de represalias “, incluida la imposición de aranceles a los productos estadounidenses.

El pasado 6 de diciembre, el sector privado nacional externó su respaldo a la Secretaría de Economía respecto a las acciones que decida tomar para defender los derechos de los empresarios mexicanos en caso de aprobarse en Estados Unidos el crédito fiscal para vehículos eléctricos, por su impacto para la economía nacional al poner en riesgo a un cuarto de las exportaciones nacionales y ser violatoria del Tratado entre MéxicoEstados Unidos y Canadá (TMEC).

La disputa sobre el crédito a los vehículos eléctricos se ha sumado a las tensiones ya existentes sobre qué automóviles se pueden vender libres de impuestos en función del porcentaje de piezas que se fabrican en la región. México solicitó conversaciones formales sobre el tema en agosto y Canadá se unió como tercera parte interesada.


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