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Los cigarros ilegales, ya sea de fabricación local o los que ingresan de contrabando al País, están ganando mercado en México.

Estudios de Oxford Economics indican que los cigarros tuvieron el año pasado el 18.8 por ciento del consumo en México, desde el 2 por ciento de 2011.

De acuerdo con un estudio de la American Chamber of Commerce (AmCham), en los últimos cuatro años se han destruido más de 13 millones de productos pirata en México, y los cigarros ilegales prevalecen en el mercado mexicano.

Según el estudio, hay alrededor de 19 mercados físicos de productos apócrifos, ubicados en Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Puebla.

Catalina Betancourt, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Philip Morris México, mencionó que la mayor participación de los cigarros ilegales es consecuencia de la reforma fiscal de 2011, en la que se incrementó la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para cigarros hasta un 800 por ciento.

Señaló que este problema ha afectado a las empresas establecidas como Philip Morris, al igual que a los consumidores y al Gobierno, debido a que no hay controles en cigarros de manufactura cuestionable, mientras que el Gobierno deja de percibir ingresos por impuestos que se evaden.

«Se ve afectada la industria legal, ya que opera en un entorno de competencia desleal por el diferencial de precios entre los cigarros ilegales, que evaden el pago de impuestos, y los cigarros legales que cumplen las leyes sanitarias y tributarias», dijo.

Para detener el mercado ilícito de cigarros, la vicepresidenta comentó que es necesario que haya una política tributaria equilibrada y predecible, para evitar que los impuestos se conviertan en incentivos adicionales para el comercio ilícito de cigarros, así como acciones de vigilancia y control en contra de quienes fabrican y comercializan productos ilegales por parte de las autoridades.

«Es importante que distribuidores y comercializadores reconozcan las marcas que no pagan impuestos y son ilegales (…) y es necesario que consumidores tomen decisiones de compra informadas y que sepan que pueden apoyar a la industria legal, o pueden contribuir a fortalecer redes criminales», agregó.

Karla Aguilera
Agencia Reforma


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