El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) culminaron este viernes la firma de los Acuerdos de Integridad Electoral en las seis entidades donde se renovarán las Gubernaturas el 5 de junio.
En la firma en Aguascalientes, el Magistrado presidente Reyes Rodríguez y el consejero presidente Lorenzo Córdova hablaron de la importancia de la convivencia pacífica y la solución de las diferencias, en una sociedad plural, por las vías legales e institucionales.
«Las elecciones procesan los conflictos. Para que las elecciones cumplan su papel, deben respetarse las reglas y sancionar las malas prácticas», expuso el presidente del TEPJF.
Destacó que en Aguascalientes participen mujeres como candidatas a la Gubernatura, lo que lleva a redoblar esfuerzos para garantizar un ambiente libre de violencia política de género.
En tanto, el presidente del INE defendió el modelo electoral con el que se han garantizado alternancias y pluralidad.
«Suscribir un pacto de este tipo implica un compromiso público de respetar las reglas del juego democrático», expuso Córdova.
En su momento, el Gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco coincidió en que los acuerdos como el suscrito ayudan a procesar diferencias, aunque no sean suficientes.
En el evento, se comprometió a garantizar seguridad y paz en los comicios del 5 de junio y rechazó que las elecciones se conviertan » en un campo de guerra» que abonen a la polarización.
Estos acuerdos, firmados con la participación de las autoridades electorales y partidos políticos locales, con los representantes de los tres poderes de estos seis estados como testigos de honor, al igual que el TEPJF y el INE, parten de un diagnóstico sobre la situación del País y de compromisos comunes.
El «Acuerdo por la Integridad de los Procesos Electorales Estatales 2022» ha sido firmado en Hidalgo (4 de marzo), Quintana Roo (11 de marzo), Durango (14 de marzo), Tamaulipas (31 de marzo), Oaxaca (8 de abril) y Aguascalientes (22 de abril).
En el documento suscrito, similar en cada Estado, se reconoce que el País tiene un sistema nacional de elecciones y justicia electoral «sólido, legítimo y reconocido por actores políticos y por la sociedad como garante de elecciones democráticas, libres y competitivas», producto además de una transición democrática.
A pesar de estas instituciones firmes y sólidas, alerta sobre los peligros en las elecciones.
«Existen amenazas al sistema democrático. Tal vez la más palpable es la violencia y la violencia que gradualmente a ensombrecido los procesos electorales, poniendo en riesgo el funcionamiento de las instituciones, partidos y organizaciones, sino también la vida de los candidatos y candidatas, y la libertad con la cual la ciudadanía acude a las urnas», se señala como preámbulo.
«Otros factores que ponen en peligro la consolidación de nuestra democracia son la violación de los derechos humanos de la ciudadanía, la corrupción en todas sus formas, y la discriminación por género, raza, condición social y razones políticas .A ello se añade el uso indebido de recursos públicos, el financiamiento ilícito a los partidos políticos y candidaturas, las amenazas a las instituciones y prácticas electorales como la compra y coacción del voto, velada o directa».
Para los actores que suscribieron el acuerdo, estas «malas prácticas y delitos electorales» ponen en entredicho la democracia porque modifican las condiciones de los ciudadanos para emitir libremente su voto y afectan también la legitimidad de las personas electas.