Los latinos podrían ser nuevamente un factor decisivo en los estados “columpio” como Florida, Nuevo México, Colorado y Nevada, donde la votación podría moverse hacia los demócratas o los republicanos, y definir el desenlace de los comicios, según la NALEO.

“Va a ser un número histórico pero no es suficiente. Nuestro potencial es mucho más”, señaló el presidente de NALEO, Arturo Vargas, durante un foro celebrado en esta capital.

Con un costo de 16 millones de dólares, una coalición de organizaciones anunció una movilización cívica y electoral, sin precedentes, que incluye visitas puerta a puerta, campañas por televisión, anuncios radiales y cibernéticos.

La coalición incluye al Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la organización Voto Latino, el Centro para el Cambio Comunitario y Mi Familia Vota, además de tener el apoyo de Univision, la mayor cadena estadunidense de televisión en español.

Cesar Conde, el presidente de Univision, dijo durante el foro que es necesario que el voto de la comunidad hispana de Estados Unidos tenga peso durante el proceso electoral y que reconozca que su participación tendrá un impacto no sólo personal sino social.

Con ese motivo, como lo hizo en 2008 y 2010, Univision está poniendo todos los recursos de su plataforma de medios, televisión, radio y todos los medios interactivos, señaló Conde.

Organizaciones independientes estiman que los comicios presidenciales de noviembre serán los más caros de la historia, con un costo global estimado en seis mil millones de dólares, tanto a nivel de las campañas federales, como estatales y locales.

El director nacional del Centro para el Cambio Comunitario, Rudy López, sostuvo que en el caso del voto latino será necesario aplicar una estrategia de “acupuntura electoral”, a fin de aplicar presión en las zonas donde se pueda ser más efectivo.

El grupo Voto Latino recurrirá por ejemplo al uso de unas 40 celebridades hispanas para impulsar el voto, así como al uso intensivo de las redes sociales, considerando que alrededor de 11 millones de latinos estadunidenses usan la red Facebook.

Para ello se abrirá una página dedicada de registro de electores, en el que se comprometan a participar en los comicios de noviembre próximo.

La estrategia de los grupos incluye, asimismo, concientizar a la población ante el hecho de que 11 estados del país planean legislaciones que exigen identificación al votante, por lo cual buscan acercarse a la comunidad para que puedan contar con credenciales o licencias vigentes.

Entre el electorado latino, el presidente Barack Obama goza de una cómoda ventaja a nivel nacional frente a cualquiera de los aspirantes presidenciales republicanos.

Las organizaciones esperan, sin embargo, que el impacto del voto latino se dé no sólo en la elección presidencial, sino en los 11 estados que ponen en juego las gubernaturas y legislaturas estatales, así como en puestos de elección popular locales.

Analistas coinciden en que los republicanos requieren un 40 por ciento del voto latino para recuperar en 2012 los estados de Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida, que fueron ganados por George W. Bush en 2004, pero retomados por Barack Obama en 2008.

Una encuesta de la firma Latino Decisions muestra, sin embargo, que el apoyo latino a los republicanos es inferior al 20 por ciento.

Durante el foro “Inmigrant Justice”, realizado en el barrio mexicano Pilsen, miembros de los grupos “Occupy Chicago” y “Ocupa el Barrio”, expusieron la situación que enfrenta la juventud inmigrante.

Así como su vinculación con los objetivos del movimiento de “ocupación”, el cual se ha extendido en Estados Unidos y varios países.

Ambos grupos destacaron que “el miedo” es el principal factor que impide una mayor acción de los inmigrantes, ya que desde las marchas de 2006 se han recrudecido no sólo la represión y persecución en su contra con diversas disposiciones federales y leyes estatales, sino su criminalización.

Tania Unzueta, líder del grupo Liga de la Juventud Inmigrante por la Justicia, expuso la necesidad que tienen los jóvenes indocumentados de ser escuchados y respetados sin seguir ocultándose.

Además relató el trabajo que su organización ha realizado en los dos últimos años en busca de la aprobación de la ley Dream Act, que otorgaría la ciudadanía a estudiantes universitarios.

En tanto, José Herrera, de la organización NoNameGroup & Undocumented Resilient & Organized, habló de la dificultad que enfrentan los jóvenes indocumentados, como en su caso, para estudiar y trabajar en un país donde las deportaciones se han incrementado bajo la administración Obama.

A su vez, Atzin Garcia, estudiante de high school y organizadora del grupo “Mimos indignados”, consideró que buscar la unidad de los inmigrantes de todas las etnias, y no sólo entre mexicanos, ayudaría a avanzar en la solución de las demandas de este gran sector poblacional.

San Diego.- Un legislador estatal propuso que los indocumentados en California trabajen legalmente para dar certidumbre a la economía local y mejorar la infraestructura fronteriza conjuntamente con México para fortalecer el crecimiento.

El asambleísta Manuel Pérez, de la frontera de California con México, propone mediante un paquete de iniciativas que los indocumentados permanezcan en California como trabajadores huéspedes y que el estado y México desarrollen conjuntamente infraestructura fronteriza.

Además que las empresas pidan residencia legal para los trabajadores indocumentados más competitivos.

Pérez confirmó que algunos de los principales sectores económicos como la agricultura y los servicios operan con incertidumbre por la falta de una reforma migratoria.

Presentó un paquete de tres iniciativas para mejorar la economía californiana. La primera es el Acta de Empleo Agrícola y Desarrollo Industrial, que incluye la propuesta de trabajadores huéspedes.

Organizaciones tanto de asistencia legal como de agroindustriales consideran que la agricultura de California, el principal rubro de riqueza estatal, se basa hasta en 97 por ciento en trabajadores mexicanos y sus descendientes.

Otra iniciativa de Pérez es crear un Banco de Infraestructura de Desarrollo Binacional, que de aprobarse operaría de manera similar al Banco de Desarrollo de Norteamérica (Nadbank), pero agilizaría la inversión para los límites fronterizos entre California y el estado de Baja California.

La tercera iniciativa, Acta de Retención de Trabajadores Altamente Calificados para el Desarrollo de California, propone que las instituciones, empresas y corporaciones soliciten y auspicien trámites de residencia legal para los trabajadores que ofrezcan mejor competitividad en el estado.

Pérez dijo que el paquete de iniciativas permitiría a California mejorar la economía estatal sin tener que seguir esperando una reforma migratoria aletargada en el Congreso.

El nuevo defensor público será el punto de contacto para personas, incluyendo los que tienen casos pendientes, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros grupos comunitarios que tienen preguntas, recomendaciones y otros asuntos, indicó la entidad en un comunicado.

“Queremos que la gente sepa que tienen un representante en esta entidad cuya única función es asegurar que su voz sea escuchada y sus intereses sean reconocidos”, afirmó el director del ICE, John Morton.

Desde 2008 Lorenzen-Strait fungía primero como asesor y luego analista del ICE sobre políticas relacionadas a la aplicación de la ley de inmigración, las detenciones y los jóvenes y como asesor en la oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley de Deportaciones (ERO).

En 2007 fue nombrado “Abogado de Maryland del año” por sus servicios “pro bono” por su labor en los Servicios Legales Comunitarios del Condado de Prince George.

En su función de defensor público, Lorenzen-Strait se reportará directamente al director de ERO, Gary Mead, y será responsable de escuchar quejas y preocupaciones, en particular con las acciones del ICE que involucren a ciudadanos estadunidenses.

Zavala, dirigente del sindicato United Food and Comercial Workers, local 881, forma parte de la Comisión Dream Act estatal encargada de otorgar becas a los inmigrantes indocumentados para estudiar en las universidades de Illinois, y que el gobernador Pat Quinn anunció este fin de semana, siete meses después de que firmó la ley respectiva.

El reconocido activista laboral dijo en entrevista que su nombramiento le sorprendió, pero tiene sentido al ligar la defensa de los derechos del trabajador inmigrante al esfuerzo por lograr una comunidad más preparada a través de sus jóvenes.

“Ellos son una clave importante en el futuro de las familias y para mejorar nuestras comunidades. Su preparación asegura una mejoría en el nivel de vida y en las condiciones sociales”, precisó.

Zavala aclaró que a la fecha sólo se conoce el nombramiento del grupo que administrará la comisión, pero no se ha fijado la primera reunión de planeación y se desconoce cuántos donadores privados participarán para formar los primeros fondos con los que se inicie la integración de becas.

Dijo que su aportación a la Comisión Dream Act Illinois incluirá el apoyar a los estudiantes que concluyan su preparación a orientarlos para su etapa de ejercicio profesional, “porque necesitarán conocer sus derechos laborales como cualquier trabajador”.

Además de Zavala, integran la comisión el estudiante mexicano indocumentado Rigo Padilla, de 23 años, quien se convirtió en origen del movimiento de jóvenes inmigrantes de Illinois cuando en el 2009 enfrentó una orden de deportación como consecuencia de una falta de tránsito menor.

También están la profesora Tanya Cabrera, la abogada Clara Rubinstein, la activista Claire Munana, el abogado Man H. Paik, y el sicólogo Ronald Perlman.

La comisión estará encargada de estructurar las becas con fondos privados y designarlas a los jóvenes indocumentados que se propongan inscribirse en alguna de las universidades del estado, así como facilitar el ingreso que les da la ley al programa de ahorro personal para financiarse sus estudios.

Los fondos para las becas procederán de donaciones privadas, las cuales iniciaron en agosto pasado, al menos de palabra, cuando el gobernador firmó la ley y ofreció mil dólares al propósito.

Asimismo, una contribución por 45 mil dólares del mexico-estadunidense Manuel “Manny” Flores, actual director del Departamento de Financiamiento y Regulación Profesional del gobierno de Illinois, y otros mil dólares del legislador estatal puertorriqueño Luis Arroyo.

Señaló que el aumento en la tasa de desempleo de los habitantes en la entidad incide en las cifras de personas que emigran a Estados Unidos en busca de trabajo, como lo han hecho ya un millón 500 mexiquenses.

Destacó que las tasas de desempleo que han imperado en el estado en los últimos años y que fluctúa entre los 7 y 8 puntos porcentuales, inciden para el incremento de la emigración al país del norte.

“Esto explica que las cifras que se reflejan en el fenómeno migratorio Estado de México-Estados Unidos no ha disminuido pese a la crisis y menos por el endurecimiento de las leyes migratorias, es por eso que el estado de México siga ocupando la cuarta posición de entidades expulsoras de migrantes”.

La mayor parte de los migrantes que se desplazan a Estados Unidos, y que regresan para quedarse en sus lugares de origen, provienen de municipios como Tonatico, Coatepec Harinas, Tlatlaya, Tejupilco, Luvianos y Almoloya de Alquisiras, todos del sur de la entidad.

Las nuevas medidas serán aplicadas por la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), instancia del gobierno estadunidense encargada de defender al consumidor de servicios financieros, equivalente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de México.

Estas nuevas acciones de protección exigen a las instituciones financieras que ofrecen el servicio de envío de recursos de Estados Unidos al exterior, que precisen la cantidad de dinero y las fecha exactas de la llegada de ese capital al país de origen, agregó.

Incluso esa oficina proveerá recursos administrativos en caso de que se presente algún problema en las transacciones, detalló el organismo en un mensaje dirigido a la población mexicana en Estados Unidos.

Con esta nueva regulación las instituciones financieras de la Unión Americana se harán responsables de sus agentes o socios en el exterior, lo que significa la garantía para el usuario en esa nación respecto a la actuación de las instituciones en el país de destino.

Esto es, que el dinero llegará a los familiares del migrante en las cantidades precisas que se señalan, en las fechas referidas y sin cuotas o problemas inesperados.

La nueva regulación promete más justicia en el envío de remesas, que a nivel mundial representa un flujo anual de 419 mil millones de dólares: México es el país que recibe mayor cantidad de dinero, proveniente de Estados Unidos.

La institución informó que la víspera se recibió un reporte de una embarcación de recreo de nombre “Tarimar” que informaba sobre una balsa que se encontraba a la deriva con tripulantes a bordo.

Por este motivo, el Mando Naval ordenó que zarpara una patrulla interceptora y una embarcación de búsqueda y rescate con el fin de ubicar la balsa.

Minutos después se logró encontrar la balsa donde viajaban Leober Jesús Navarro Batista, de 33 años; Carlos Oscar Díaz Vivero, de 27; Juan Francisco Solís Rosabal, de 27; Daniel Manuel Ríos Barrios, de 26; Alexander Pantoja Fonseca, de 23; y Geovani Marrero Zambrano de 28.

A su arribo a las instalaciones navales se les proporcionó atención médica y alimentación, encontrándolos con leve deshidratación tras haber salido de Cuba el pasado 25 de enero.

Estas personas, quienes pretendían llegar a Honduras, fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).

Una de las propuestas que podría incluirse en las elecciones de noviembre próximo es la Ley de Oportunidad y Prosperidad de California (COPA).

La COPA demanda como requisitos que los trabajadores indocumentados hayan pagado impuestos, carezcan de antecedentes penales, y hablen o al menos estudien inglés para alejarse del riesgo de las deportaciones.

En caso de aprobarse, la COPA pedirá al Departamento de Seguridad Interior (HSD) que se dé la oportunidad de prosperar a por lo menos un millón de indocumentados en California que cubren esos requisitos.

A su vez, el legislador Manuel Pérez, de los valles Imperial y Coachella, la región más empobrecida y de mayor desempleo del país, propone que hasta 2.5 millones de indocumentados en California permanezcan y trabajen con base en el plan de “trabajadores huéspedes”.

La propuesta de Pérez, llamada Ley de Trabajos Agrícolas y Estabilización Industrial, dice que para reactivar la economía y generar empleos, California debe impulsar la industria agrícola.

El sector agrícola es el motor económico y descansa casi totalmente en trabajadores mexicanos.

Los valles Imperial y Coachella se perfilan conjuntamente como la Mecca de la energía solar en el país. Esto debido a que el Departamento de Energía prevé inversiones hasta por dos mil millones de dólares en proyectos solares y eólicos en la región, aun cuando hoy día el desempleo ronde el 30 por ciento.

Pérez opina que en tanto una reforma migratoria nacional permanece sin avances en el congreso, la economía de California, el estado más poblado y más rico del país, debe reactivar y contribuir a la nación.

La iniciativa COPA también propone que California encabece cambios entre los estados, mientras la reforma migratoria nacional sigue sin avances.

COPA comenzó a reunir unas 504 mil firmas de electores empadronados, un requisito para integrar la propuesta en las boletas electorales de noviembre próximo.

si se aprueba, el plan considera con base en cálculos de la Universidad de California (UC) que podría beneficiar a un millón de indocumentados que incrementarían contribuciones tributarias hasta por 325 millones de dólares por año.

Aunque algunos opositores, especialmente republicanos, opinan que se trata de una “amnistía”, el plan sólo solicita al gobierno federal que los inmigrantes que fueran beneficiados puedan evitar deportaciones.

La COPA demanda que el Departamento de Seguridad Interior (HSD) considere a los inmigrantes en el programa como los de menor riesgo y necesidad de expulsión del país.

La iniciativa es similar en algunos aspectos a una ley que aprobó el estado de Utah en 2011, la primera en el país que concederá a partir del primero de enero del 2013 la clasificación de “trabajadores huéspedes”.

Los requisitos para que los inmigrante se acojan a la COPA son haber vivido en California de forma permanente desde antes del primero de enero del 2008, haber pagado impuestos por ingresos anuales, dominar o estar aprendiendo inglés, y carecer de antecedentes penales.

De manera adicional los migrantes que se acojan al plan pagarían una tarifa que haría autosuficiente el proyecto.

Entre los proponentes figuran el asambleísta estatal y autor de la propuesta Felipe Fuentes, el presidente de la bancada latina en la legislatura estatal, Tony Mendoza, los legisladores Gil Cedillo, Ben Hueso y el senador estatal Kevin de León.

Además, las organizaciones Proyecto de Registro Electoral del Suroeste, el centro de Recursos Centroamericanos, la Asociación Política México Americana, el Concilio de Federaciones Mexicanas, y la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, y otros.

El texto de la COPA señala que a diferencia de otras propuestas -principalmente antiinmigrantes- que han estado aletargadas en tribunales del país, el Acta de Prosperidad no enfrenta demandas pues deja intactas las leyes y prerrogativas federales.

El diario The New York Times señaló este viernes que Romney, quien encabezó las primarias republicanas en estados con alta población de hispanos como Nevada, Colorado y Arizona, ha manifestado posturas duras contra los inmigrantes.

Citó como ejemplo que Romney indicó que de ser aprobada por el Congreso la Ley Dream, él la vetaría si llegara a convertirse en presidente de Estados Unidos, posición contraria a su iglesia.

En 2011, la Iglesia Mormona jugó un papel decisivo en la aprobación de controversiales leyes en Utah que proporcionan a “trabajadores extranjeros” permisos a indocumentados con empleo para permanecer en Estados Unidos, recordó el diario.

También apoyó el “Utah Compact”, una declaración que exige un trato humano a los inmigrantes y condena las políticas de deportación que separan a las familias, que han sido adoptadas por otros estados.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es conocida por su renuencia a ser vista como una entidad religiosa entrometida en la política.

Sin embargo, en el tema de migración, la iglesia ha presionado a los legisladores y envió al obispo presidente H. David Burton para asistir a la firma de una ley.