Los diputados mexicanos consideraron que con esto se defenderán las garantías individuales de los connacionales que cruzan al vecino país.

El integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, el priista Miguel Pompa Corella, expresó que se debe generar un análisis serio de las causas por las que los mexicanos emigran a Estados Unidos.

“Todo lo que defienda a nuestros connacionales es bien recibido”, señaló el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Agregó que es necesario fortalecer los programas que benefician al campo para que los mexicanos no tengan que abandonar el país, pues es lamentable que por políticas equivocadas cada vez sean más los connacionales que emigran en busca de mejores oportunidades.

Por separado, el vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas, confió en que la figura del ombudsman verdaderamente proteja los derechos de los inmigrantes y no sólo respalde la seguridad interna de Estados Unidos.

“Nosotros esperaríamos que eso fuese un foco de atención a un problema que es mutuo pero que en mucha medida, Estados Unidos tiene responsabilidad de que indistintamente la condición en la que cruce cualquier ciudadano de cualquier país, se le garantice la protección de sus derechos fundamentales”, destacó.

Mientras que el secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores, el perredista José Luis Jaime Correa, dio la bienvenida a la creación del ombudsman para inmigrantes indocumentados; aunque, no la consideró la solución definitiva a la defensa de los derechos humanos de ese núcleo social.

La directora de la organización Change, Jackie Mahendra, dijo que el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco (UCSFMC) accedió a operar al indocumentado Jesús Navarro, al recibir 140 mil firmas y comentarios de apoyo.

El momento para la intervención quirúrgica depende ahora del Centro Médico, pero podría practicarse este fin de semana, señaló Mahendra.

Navarro trabajó 15 años en una acerera de Oakland hasta hace unos meses, cuando autoridades federales hicieron una auditoría a la empresa con el programa e-Verify, o verificación de documentos a empleados, y el inmigrante tuvo que dejar su puesto.

Aunque desempleado, el seguro médico que Navarro tuvo durante esos 15 años de trabajo siguió vigente y, al surgir un donante, cubría todos los requisitos para tener el trasplante.

El Centro Médico universitario se oponía sin embargo a practicar la operación y aunque públicamente negaba que se debiera a la condición migratoria de Navarro, también repetía que podría influir.

El caso acaparó la atención nacional desde enero pasado, pero la diferencia la marcó la organización Charge, que se encargó de recolectar las firmas de apoyo para Navarro.

Navarro, de 35 años de edad, todavía enfrenta la posibilidad de ser deportado después de la operación.

La manifestación realizada en esta capital fue organizada por un grupo demócrata ante la especulación de que Rubio, senador por Florida de origen cubano, pudiera ser el compañero de fórmula de una eventual campaña presidencial del republicano Mitt Romney.

Los participantes en la protesta reclamaron al congresista la falta de consistencia en sus posiciones sobre el proyecto la ley Dream Act.

Rubio “necesita decidir si está con nosotros o está con la gente antiinmigrante del Partido del Té (facción ubicada a la derecha de los republicanos)”, señaló Matías Ramos, uno de los manifestantes.

Explicó que el senador le dice “palabras bonitas” a los estudiantes indocumentados cuando está frente a ellos, pero ante reuniones de conservadores “se jacta” de no respaldar la iniciativa que le permitiría acceder a la universidad a los inmigrantes pagando las mismas colegiaturas que los ciudadanos estadunidenses.

Rubio fue este jueves uno de los oradores en la conferencia anual de los conservadores a la que asistirán durante los próximos tres días al menos tres de los aspirantes republicanos a la Presidencia y otros miembros destacados del Partido Republicano.

Los latinos podrían ser nuevamente un factor decisivo en los estados “columpio” como Florida, Nuevo México, Colorado y Nevada, donde la votación podría moverse hacia los demócratas o los republicanos, y definir el desenlace de los comicios, según la NALEO.

“Va a ser un número histórico pero no es suficiente. Nuestro potencial es mucho más”, señaló el presidente de NALEO, Arturo Vargas, durante un foro celebrado en esta capital.

Con un costo de 16 millones de dólares, una coalición de organizaciones anunció una movilización cívica y electoral, sin precedentes, que incluye visitas puerta a puerta, campañas por televisión, anuncios radiales y cibernéticos.

La coalición incluye al Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la organización Voto Latino, el Centro para el Cambio Comunitario y Mi Familia Vota, además de tener el apoyo de Univision, la mayor cadena estadunidense de televisión en español.

Cesar Conde, el presidente de Univision, dijo durante el foro que es necesario que el voto de la comunidad hispana de Estados Unidos tenga peso durante el proceso electoral y que reconozca que su participación tendrá un impacto no sólo personal sino social.

Con ese motivo, como lo hizo en 2008 y 2010, Univision está poniendo todos los recursos de su plataforma de medios, televisión, radio y todos los medios interactivos, señaló Conde.

Organizaciones independientes estiman que los comicios presidenciales de noviembre serán los más caros de la historia, con un costo global estimado en seis mil millones de dólares, tanto a nivel de las campañas federales, como estatales y locales.

El director nacional del Centro para el Cambio Comunitario, Rudy López, sostuvo que en el caso del voto latino será necesario aplicar una estrategia de “acupuntura electoral”, a fin de aplicar presión en las zonas donde se pueda ser más efectivo.

El grupo Voto Latino recurrirá por ejemplo al uso de unas 40 celebridades hispanas para impulsar el voto, así como al uso intensivo de las redes sociales, considerando que alrededor de 11 millones de latinos estadunidenses usan la red Facebook.

Para ello se abrirá una página dedicada de registro de electores, en el que se comprometan a participar en los comicios de noviembre próximo.

La estrategia de los grupos incluye, asimismo, concientizar a la población ante el hecho de que 11 estados del país planean legislaciones que exigen identificación al votante, por lo cual buscan acercarse a la comunidad para que puedan contar con credenciales o licencias vigentes.

Entre el electorado latino, el presidente Barack Obama goza de una cómoda ventaja a nivel nacional frente a cualquiera de los aspirantes presidenciales republicanos.

Las organizaciones esperan, sin embargo, que el impacto del voto latino se dé no sólo en la elección presidencial, sino en los 11 estados que ponen en juego las gubernaturas y legislaturas estatales, así como en puestos de elección popular locales.

Analistas coinciden en que los republicanos requieren un 40 por ciento del voto latino para recuperar en 2012 los estados de Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida, que fueron ganados por George W. Bush en 2004, pero retomados por Barack Obama en 2008.

Una encuesta de la firma Latino Decisions muestra, sin embargo, que el apoyo latino a los republicanos es inferior al 20 por ciento.

Durante el foro “Inmigrant Justice”, realizado en el barrio mexicano Pilsen, miembros de los grupos “Occupy Chicago” y “Ocupa el Barrio”, expusieron la situación que enfrenta la juventud inmigrante.

Así como su vinculación con los objetivos del movimiento de “ocupación”, el cual se ha extendido en Estados Unidos y varios países.

Ambos grupos destacaron que “el miedo” es el principal factor que impide una mayor acción de los inmigrantes, ya que desde las marchas de 2006 se han recrudecido no sólo la represión y persecución en su contra con diversas disposiciones federales y leyes estatales, sino su criminalización.

Tania Unzueta, líder del grupo Liga de la Juventud Inmigrante por la Justicia, expuso la necesidad que tienen los jóvenes indocumentados de ser escuchados y respetados sin seguir ocultándose.

Además relató el trabajo que su organización ha realizado en los dos últimos años en busca de la aprobación de la ley Dream Act, que otorgaría la ciudadanía a estudiantes universitarios.

En tanto, José Herrera, de la organización NoNameGroup & Undocumented Resilient & Organized, habló de la dificultad que enfrentan los jóvenes indocumentados, como en su caso, para estudiar y trabajar en un país donde las deportaciones se han incrementado bajo la administración Obama.

A su vez, Atzin Garcia, estudiante de high school y organizadora del grupo “Mimos indignados”, consideró que buscar la unidad de los inmigrantes de todas las etnias, y no sólo entre mexicanos, ayudaría a avanzar en la solución de las demandas de este gran sector poblacional.

San Diego.- Un legislador estatal propuso que los indocumentados en California trabajen legalmente para dar certidumbre a la economía local y mejorar la infraestructura fronteriza conjuntamente con México para fortalecer el crecimiento.

El asambleísta Manuel Pérez, de la frontera de California con México, propone mediante un paquete de iniciativas que los indocumentados permanezcan en California como trabajadores huéspedes y que el estado y México desarrollen conjuntamente infraestructura fronteriza.

Además que las empresas pidan residencia legal para los trabajadores indocumentados más competitivos.

Pérez confirmó que algunos de los principales sectores económicos como la agricultura y los servicios operan con incertidumbre por la falta de una reforma migratoria.

Presentó un paquete de tres iniciativas para mejorar la economía californiana. La primera es el Acta de Empleo Agrícola y Desarrollo Industrial, que incluye la propuesta de trabajadores huéspedes.

Organizaciones tanto de asistencia legal como de agroindustriales consideran que la agricultura de California, el principal rubro de riqueza estatal, se basa hasta en 97 por ciento en trabajadores mexicanos y sus descendientes.

Otra iniciativa de Pérez es crear un Banco de Infraestructura de Desarrollo Binacional, que de aprobarse operaría de manera similar al Banco de Desarrollo de Norteamérica (Nadbank), pero agilizaría la inversión para los límites fronterizos entre California y el estado de Baja California.

La tercera iniciativa, Acta de Retención de Trabajadores Altamente Calificados para el Desarrollo de California, propone que las instituciones, empresas y corporaciones soliciten y auspicien trámites de residencia legal para los trabajadores que ofrezcan mejor competitividad en el estado.

Pérez dijo que el paquete de iniciativas permitiría a California mejorar la economía estatal sin tener que seguir esperando una reforma migratoria aletargada en el Congreso.

El nuevo defensor público será el punto de contacto para personas, incluyendo los que tienen casos pendientes, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otros grupos comunitarios que tienen preguntas, recomendaciones y otros asuntos, indicó la entidad en un comunicado.

“Queremos que la gente sepa que tienen un representante en esta entidad cuya única función es asegurar que su voz sea escuchada y sus intereses sean reconocidos”, afirmó el director del ICE, John Morton.

Desde 2008 Lorenzen-Strait fungía primero como asesor y luego analista del ICE sobre políticas relacionadas a la aplicación de la ley de inmigración, las detenciones y los jóvenes y como asesor en la oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley de Deportaciones (ERO).

En 2007 fue nombrado “Abogado de Maryland del año” por sus servicios “pro bono” por su labor en los Servicios Legales Comunitarios del Condado de Prince George.

En su función de defensor público, Lorenzen-Strait se reportará directamente al director de ERO, Gary Mead, y será responsable de escuchar quejas y preocupaciones, en particular con las acciones del ICE que involucren a ciudadanos estadunidenses.

Zavala, dirigente del sindicato United Food and Comercial Workers, local 881, forma parte de la Comisión Dream Act estatal encargada de otorgar becas a los inmigrantes indocumentados para estudiar en las universidades de Illinois, y que el gobernador Pat Quinn anunció este fin de semana, siete meses después de que firmó la ley respectiva.

El reconocido activista laboral dijo en entrevista que su nombramiento le sorprendió, pero tiene sentido al ligar la defensa de los derechos del trabajador inmigrante al esfuerzo por lograr una comunidad más preparada a través de sus jóvenes.

“Ellos son una clave importante en el futuro de las familias y para mejorar nuestras comunidades. Su preparación asegura una mejoría en el nivel de vida y en las condiciones sociales”, precisó.

Zavala aclaró que a la fecha sólo se conoce el nombramiento del grupo que administrará la comisión, pero no se ha fijado la primera reunión de planeación y se desconoce cuántos donadores privados participarán para formar los primeros fondos con los que se inicie la integración de becas.

Dijo que su aportación a la Comisión Dream Act Illinois incluirá el apoyar a los estudiantes que concluyan su preparación a orientarlos para su etapa de ejercicio profesional, “porque necesitarán conocer sus derechos laborales como cualquier trabajador”.

Además de Zavala, integran la comisión el estudiante mexicano indocumentado Rigo Padilla, de 23 años, quien se convirtió en origen del movimiento de jóvenes inmigrantes de Illinois cuando en el 2009 enfrentó una orden de deportación como consecuencia de una falta de tránsito menor.

También están la profesora Tanya Cabrera, la abogada Clara Rubinstein, la activista Claire Munana, el abogado Man H. Paik, y el sicólogo Ronald Perlman.

La comisión estará encargada de estructurar las becas con fondos privados y designarlas a los jóvenes indocumentados que se propongan inscribirse en alguna de las universidades del estado, así como facilitar el ingreso que les da la ley al programa de ahorro personal para financiarse sus estudios.

Los fondos para las becas procederán de donaciones privadas, las cuales iniciaron en agosto pasado, al menos de palabra, cuando el gobernador firmó la ley y ofreció mil dólares al propósito.

Asimismo, una contribución por 45 mil dólares del mexico-estadunidense Manuel “Manny” Flores, actual director del Departamento de Financiamiento y Regulación Profesional del gobierno de Illinois, y otros mil dólares del legislador estatal puertorriqueño Luis Arroyo.

Señaló que el aumento en la tasa de desempleo de los habitantes en la entidad incide en las cifras de personas que emigran a Estados Unidos en busca de trabajo, como lo han hecho ya un millón 500 mexiquenses.

Destacó que las tasas de desempleo que han imperado en el estado en los últimos años y que fluctúa entre los 7 y 8 puntos porcentuales, inciden para el incremento de la emigración al país del norte.

“Esto explica que las cifras que se reflejan en el fenómeno migratorio Estado de México-Estados Unidos no ha disminuido pese a la crisis y menos por el endurecimiento de las leyes migratorias, es por eso que el estado de México siga ocupando la cuarta posición de entidades expulsoras de migrantes”.

La mayor parte de los migrantes que se desplazan a Estados Unidos, y que regresan para quedarse en sus lugares de origen, provienen de municipios como Tonatico, Coatepec Harinas, Tlatlaya, Tejupilco, Luvianos y Almoloya de Alquisiras, todos del sur de la entidad.

Las nuevas medidas serán aplicadas por la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), instancia del gobierno estadunidense encargada de defender al consumidor de servicios financieros, equivalente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) de México.

Estas nuevas acciones de protección exigen a las instituciones financieras que ofrecen el servicio de envío de recursos de Estados Unidos al exterior, que precisen la cantidad de dinero y las fecha exactas de la llegada de ese capital al país de origen, agregó.

Incluso esa oficina proveerá recursos administrativos en caso de que se presente algún problema en las transacciones, detalló el organismo en un mensaje dirigido a la población mexicana en Estados Unidos.

Con esta nueva regulación las instituciones financieras de la Unión Americana se harán responsables de sus agentes o socios en el exterior, lo que significa la garantía para el usuario en esa nación respecto a la actuación de las instituciones en el país de destino.

Esto es, que el dinero llegará a los familiares del migrante en las cantidades precisas que se señalan, en las fechas referidas y sin cuotas o problemas inesperados.

La nueva regulación promete más justicia en el envío de remesas, que a nivel mundial representa un flujo anual de 419 mil millones de dólares: México es el país que recibe mayor cantidad de dinero, proveniente de Estados Unidos.