Entre caciques
Martín Carcaño
Lunes 1 de marzo de 2010
A sabiendas de que su postulación como candidato a la gubernatura de Zacatecas parece cada vez más lejana, aunque no imposible, el litigante-político o político-litigante Tomás Torres Mercado sigue empeñado en hacer historia.
El senador perredista parecía reunir todos los requisitos de quien pueda mediar entre dos grupos de poder que, a su modo cada cual, ejercen o pretender ejercer su “legítimo” derecho al cacicazgo.
Tomás Torres bien pudo dar suficientes garantías de cortesía y trato político tanto a la mandataria saliente, Amalia Dolores García Medina, como al ex gobernador Ricardo Monreal. Se trataría, obviamente, de acuerdos no escritos, pero necesarios “por el bien superior de Zacatecas”, como dice uno de los teóricos del condado, y le hacen falta, sobre todo, a la primera mujer que ha encabezado el Poder Ejecutivo, porque las sospechas de corruptelas mayúsculas son cada día más grandes.
Ella, por lo pronto, ha preferido poner todas las canicas de su confianza en el grisáceo Antonio Mejía Haro, mientras que el senador fresnillense (y petista) Monreal se mantiene en el escenario del choque de trenes (o de cacicazgos), con su hijo político, Miguel Alonso Reyes, como precandidato del PRI-Verde-Nueva Alianza, y con David Monreal Ávila en el sector rojo, por si acaso hiciera falta “algo” de presión.
Han cuajado, pues, una magistral jugada en la que todos pierden.
Mientras tanto, con un ojo al gato y otro al garabato, Tomás Torres se ha dedicado a la confección de una de las contadas iniciativas que formarán parte de la urgente reforma política que, durante los próximos meses, será procesada en el Senado.
Según el político zacatecano y el contenido de sus planteamientos: “No debemos perder de vista que de poco o nada servirá una reforma política… si antes no fortalecemos los pilares que dan sustento al Estado: seguridad, justicia y bienestar para la población”.
“Debemos entender que poco o nada podremos alcanzar en materia de democracia o crecimiento económico con un Estado asediado por el crimen organizado y con puntos ciegos donde no existe otra autoridad que la que imponen los criminales. Un Estado atascado en el fango de la violencia y la impunidad”, precisa la iniciativa.
El documento del perredista, de acuerdo con una nota periodística de Leticia Robles de la Rosa, publicada en Excélsior, se convierte en el primero que no se queda en la Constitución Política, sino que prevé reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Orgánica del Congreso, y crea la ley para el decomiso o incautación de bienes producto u objeto de delitos patrimoniales que atenten contra el leal desempeño de la función pública, y el decreto para el diagnóstico y eficiencia de la función judicial.
De salida
Ya se sabe, dónde estás, Tomás.
