Lavan notarios ‘narcoextorsiones’
Karla Portugal/Agencia Reforma
Lunes 8 de febrero de 2010
MÉXICO, DF.- Autoridades federales y organizaciones civiles detectaron durante 2009 una nueva forma de operar del crimen organizado: llevar a víctimas o familiares ante notarios públicos para que cedan sus bienes y propiedades.
Al menos siete notarios públicos de Tamaulipas están bajo investigación por haber participado en este tipo de ilícitos, según datos registrados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
El fenómeno se ha detectado también en Durango y Coahuila, estados que forman la Comarca Lagunera, así como en Chihuahua y Veracruz.
De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso el organismo –y que fue confirmada por la PGR–, se han detectado al menos cinco secuestros en los que los grupos criminales cobraron de esta manera y ninguna de las víctimas pudo recuperar sus bienes.
Miguel Valdés, secretario de Comunicación del Colegio de Notarios de Tamaulipas, dijo que incluso se comenta de una presunta lista de notarios investigados.
“Hay rumores de que llevaron al interesado para que firmara un poder y se hagan las escrituras posteriormente. A veces se confirman con lo que uno presencia, cuando se ve que tal propiedad era de alguien y ahora ya es de otra persona. Se dice que tienen por ahí una lista de notarios que ha participado en esas situaciones, pero siguen siendo rumores”, puntualizó en entrevista telefónica.
Según los informes, una vez que el crimen organizado establece qué propiedades le serán entregadas, pide llevar –ante determinado notario– las facturas y escrituras correspondientes para hacer el trámite de cambio de propietario.
Los inmuebles deben ser entregados físicamente y deshabitados y, hasta que no se firma el traspaso, no liberan a la víctima.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal detuvo a cuatro presuntos integrantes de “Los Zetas” que amenazaban y extorsionaban a empleados de notarías públicas para que legalizaran los inmuebles que les eran entregados como rescates. La banda operaba en Tampico, Ciudad Madero y Altamira.
José Antonio Ortega, representante del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, detalló que las bandas privan de la libertad a la víctima, a través de ella recopilan la información de los bienes que la familia posee, y posteriormente se ponen en contacto para decirles que propiedades quieren.
“Ahí están metidos los notarios, porque hay una serie de irregularidades que hacen que esto vaya ‘fast track’ y, además, no se cumplen todas las formalidades que se requieren, y en los cinco casos de los que yo tengo conocimiento, las propiedades se tuvieron que entregar desocupadas”, puntualizó.
