Chicago. Las familias de dos jóvenes mexicanos que en 2007 murieron al ser chocados por un policía ebrio, promueven una ley para que los conductores involucrados en accidentes con víctimas sean sometidos de inmediato al alcoholímetro.
Erick Lagunas, de 21 años, y Miguel Flores, de 22, fallecieron la madrugada del Día de Acción de Gracias 2007 en el oeste de Chicago, donde su auto fue embestido por la camioneta de John Ardelean, un policía que se encontraba fuera de servicio.
El policía había estado en un bar y se le hizo la prueba de alcohol ocho horas después del accidente, pero aún así registró niveles fuera de los permitidos. Sin embargo después de un largo proceso un juez negó esa evidencia y le otorgó la libertad.
Ante ello, las familias Flores y Lagunes decidieron hacer algo más en memoria de los fallecidos y promueven una ley que será respaldada en el Senado por el legislador de origen mexicano Martín Sandoval, y en la Cámara de Representantes por Lisa Hernández.
“Nosotros no conseguimos justicia, por eso estamos intentando centrarnos en algo positivo. Creemos que esta ley nos dará consuelo al impedir que otra familia sufra el mismo drama que nosostros”, declaró al respecto Nancy, hermana del fallecido Miguel Flores.
“El resultado tal vez hubiera sido diferente si se hubiera forzado al policía a tomar la prueba de alcohol en la sangre inmediatamente. Esta ley no nos traerá a nuestros familiares de regreso, pero al menos ayudará a prevenir más tragedias de este tipo”, agregó.
Con ayuda de la Alianza Contra los Automovilistas Intoxicados (AAIM, siglas en inglés), las dos familias promueven una ley que obligaría a cada conductor implicado en un accidente con víctimas a someterse a una prueba obligatoria de sobriedad de manera inmediata.
Actualmente en el estado a los automovilistas envueltos en este tipo de accidentes sólo se les aplica el alcoholímetro si el oficial que llega a la escena lo decide porque sospecha que el conductor está bajo la influencia del alcohol.
La ya denominada Ley Flores/Lagunes cuenta con el apoyo abierto del secretario de Estado de Illinois, Jesse White, así como del presidente municipal de Cicero, Larry Dominick.
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