Reprochan defensores de migrantes actitud de Western Union
Kutzi Hernández/ntrzacatecas.com
Lunes 15 de febrero de 2010
Entradas relacionadas
- Refuerzan Sonora y Arizona vínculos en materia de seguridad
- Celebra Ronstadt sus 65 años con presea Hometown Award por documental
- Presentan demanda contra ley antiinmigrante de Alabama
- Inicia en SLRC campaña de protección preventiva al migrante
- Dispone juez bloqueo parcial de ley antiinmigrante de Georgia
- Reportan nueva incursión de incendio forestal de Arizona hacia Sonora
- Sofocan en Sonora incendio que comenzó en Arizona
- Descartan muertes de migrantes en el desierto de Yuma
Chicago.- La Coalición de Illinois pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) exigió a la empresa Western Union devolver antes del 21 de marzo 17 millones de dólares confiscados de forma ilegal a migrantes en Arizona, tras negociar un acuerdo con el estado.
El director ejecutivo de la coalición, Joshua Hoyt, denunció que Western Union aceptó un acuerdo el jueves pasado con el estado de Arizona por 94 millones de dólares.
Sin embargo, el estado y la empresa se niegan a devolver los recursos tomados de los envíos de sus clientes migrantes de 2002 a 2006, que fueron declarados ilegales por la Suprema Corte de Arizona.
Explicó que el día 11 el fiscal de Arizona, Terry Goddard, anunció el acuerdo con la empresa para terminar con investigaciones en su contra por mala conducta, “con esto se resuelven todos los problemas entre ambos, pero Western Union mostró sus verdaderas intenciones con la decisión de comprar paz del fiscal sin importarle sus clientes”.
Recordó que para confiscar miles de transferencias de más de 500 dólares de 29 estados, el fiscal Goddard argumentó sin pruebas que eran usadas para tráfico de personas, y los clientes de Western Union nunca fueron advertidos de que el dinero enviado a Arizona podría ser confiscado, ni cuando así lo hicieron.
Quienes trataron de investigar dónde estaba el dinero eran sujetos a interrogatorio, y nunca hubo ninguna audiencia en la corte.
Además, en más del 90 por ciento de las confiscaciones hechas por los agentes policiales se tomó la decisión de quedarse con el dinero, dijo Hoyt.
En 2006, Western Union cooperó con ICIRR en la preparación de una demanda legal federal pidiendo que estas confiscaciones fueran declaradas una violación de los derechos constitucionales.
La empresa presentó además una demanda en la corte de Arizona para detener las confiscaciones de recursos dirigidos al Estado de Sonora, en México.
“Ambos, Western Union y Arizona, estuvieron de acuerdo en que la mayoría de transferencias de dinero a ese estado fueron para propósitos legítimos, pero ninguna provisión se hizo para regresar el dinero a los inmigrantes”, enfatizó.
Todas las confiscaciones fueron declaradas ilegales por la Suprema Corte de Arizona en junio de 2009.
La combinación de demandas resultó en la suspensión de las incautaciones de fondos de transferencia de Western Union, que luego dijo que estaba por llevar una gran negociación con ese estado sureño, pero se negó a incluir en ella a los clientes afectados.
Hoyt precisó que el acuerdo entre Western Union y el fiscal Goddard significa que la empresa está de acuerdo con las confiscaciones de dinero, que proseguirán, y pagará además a Arizona millones de dólares por el tiempo que sus agencias policiales invirtieron en la confiscación de dinero de los clientes.
Coincidió en la posibilidad de boicotear a la empresa como una forma de conseguir que devuelva el dinero a los inmigrantes.
Sin embargo, reiteró, que ICIRR solicita a Western Union devolver los fondos tomados ilegalmente de sus clientes, antes de la Marcha por América, a realizarse en Washington el próximo 21 de marzo de 2010, y que se rehúse a participar en futuras confiscaciones de dinero.
(Con información de Notimex)
