Víctor Martínez | ntrzacatecas.com
Víctor Martínez | ntrzacatecas.com
CUENTA

En sesión ordinaria de la LXI (61) Legislatura fue aprobada, por mayoría, la Cuenta Pública 2012 del gobierno del estado, a la que se hicieron señalamientos por irregularidades en el gasto de 24 millones 319 mil 65 pesos en diversas dependencias.

El monto mayor corresponde a la Secretaría de Educación y Cultura (ahora Secretaría de Educación de Zacatecas), con 15 millones 116 mil 559 pesos no justificados, correspondientes al pago de maestros comisionados y a la erogación para una asociación civil.

Los resultados de la fiscalización revelan que el extinto Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace), ahora Subsecretaría de Infraestructura Escolar, debe resarcir 3 millones 385 mil 658 pesos debido al incumplimiento de obligaciones por parte del director general, entonces Francisco Javier Bañuelos Acuña, así como del jefe de Planeación y Programación.

También se plantean sanciones por haber adjudicado obras en forma directa y/o invitación restringida por un monto de 69 millones 85 mil pesos, lo que representó 44 por ciento del total de los recursos.

La ley de obras públicas y servicios sólo permite, como máximo, 30 por ciento de los fondos, según señala la Cuenta Pública 2012.

Otra de las instancia señaladas es el Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez), con 3 millones 837 mil 126 pesos.

Su titular, Martín Barraza Luna, no presentó físicamente la evaluación de la Comisión Mixta en el caso de 120 expedientes de becas otorgadas durante 2012; asimismo, existen expedientes de becas y apoyos sin que se comprobara su entrega.

Le sigue el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (CECYTEZ), cuyas autoridades deben regresar un millón 388 mil 996 pesos; el dictamen no especifica los incumplimientos.

En el caso de la extinta Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) se tienen sin comprobar 209 mil 737 pesos.

 

Aprobación del dictamen es ilegal, insiste Medina

Al momento de presentarse al pleno los resultados de la revisión hecha por la Auditoría Superior del Estado (ASE), la coordinadora de la fracción panista, María Guadalupe Medina Padilla, insistió en que la aprobación del dictamen en las comisiones de Vigilancia y Cuenta Pública fue ilegal, pues faltaba quórum.

El dictamen se aprobó con 24 votos a favor; sólo votaron en contra Medina Padilla y Soledad Luévano Cantú (MC), mientras que José Luis Figueroa Rangel (PT) y María Eugenia Flores Hernández (PRD) se abstuvieron.

Desde el principio de la sesión la legisladora panista solicitó una rectificación de hechos, sin que se lo permitiera la mesa directiva, presidida por Araceli Guerrero Esquivel (PRI); la panista pretendía que quienes fueron funcionarios públicos en ese año se abstuvieran de votar el dictamen.

“Los diputados que dictaminaron estas cuentas públicas tienen interés directo y personal en éstas. Algunos fueron titulares de órganos de la administración pública en los años que estas cuentas públicas corresponden”, advirtió.

Entre los parlamentarios señalados se encuentra el coordinador de la bancada priísta, Rafael Gutiérrez Martínez, ex titular de la CEAPA, instancia absorbida por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA).

La coordinadora albiazul aseveró que el gobierno de Miguel Alonso Reyes debería explicar el gasto de mil 850 millones 890 mil 671 pesos extraordinarios, pues el presupuesto aprobado por la Legislatura para ese año apenas ascendió a 14 mil 975 millones 478 mil 101 pesos.

Detalló que de las más de 700 observaciones hechas por la ASE, sólo 27 merecieron acciones resarcitorias, ocho correspondieron al fincamiento de responsabilidades administrativas y no se presentó incumplimiento alguno a las disposiciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De éstas, agregó, en 202 casos se solicita la intervención “del organismo interno de control”, pues la Contraloría Interna (ahora Secretaría de la Función Pública) no atendió las peticiones de la auditoría.

Soledad Luévano Cantú se sumó a las críticas y lamentó que la aprobación de las cuentas públicas sólo sirva para limpiar la cara de los funcionarios estatales.

“Es triste que los priístas crean que la gente es tonta y que con esta cuenta pública le van a limpiar la cara al gobierno (…) ellos saben que la auditoría encontró irregularidades graves, por eso cambiaron el dictamen en un plazo de media hora y sin quórum”, indicó.

De acuerdo con Luis Acosta Jaime (PAN), nunca se violó el proceso legislativo; asimismo, consideró que si bien había más tiempo para analizar los informes enviados por la ASE, fue el adecuado para la aprobación de la cuenta.

Además, el panista negó cualquier relación con el gobernador Miguel Alonso Reyes sobre este tema.

“Yo creo que era el momento oportuno. Se les dio oportunidad a todos (de discutir el dictamen) y se sometió a la aprobación de los demás integrantes, quienes señalaron que era el momento oportuno”, enfatizó.

En respuesta, Medina Padilla sostuvo que no fue hasta el martes a las 10:47 horas cuando le entregaron las 5 mil fojas de la cuenta pública; de esta forma –reiteró– se incumplió la normatividad, pues los documentos debieron ser entregados desde que los envió la ASE.

Al respecto, no descartó buscar mecanismos legales para impugnar esta acción legislativa, mientras que –dijo– el Partido Acción Nacional (PAN) deberá revisar si se inicia un procedimiento ante la Comisión de Orden.

 

Reelección legislativa, sólo por un periodo

En sesión de la LXI (61) Legislatura, se aprobaron diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Zacatecas, mediante las cuales se da paso al modelo político establecido por el Instituto Nacional Electoral.

Aunque se armonizan diversos contenidos de la reforma aprobada a nivel federal, hay cambios notorios en la legislación local, tal como en la reelección de diputados y representantes de los ayuntamientos.

La iniciativa original –presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales– contemplaba el derecho de los diputados a reelegirse “hasta por cuatro periodos consecutivos”, mientras que alcalde, síndico y regidores podían tener “un periodo adicional”.

Sin embargo, tras la discusión del pleno se logró que los diputados locales sólo permanezcan dos periodos en el cargo.

En ambos casos –advierte el documento–, es necesario que los candidatos sean postulados por el mismo instituto político o por cualquiera de los partidos de la coalición que lo postularon; además, se excluye de este derecho a quienes hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

La propuesta fue aprobada, en lo general, con 24 votos a favor y cinco en contra, con el apoyo de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal) y Verde Ecologista de México (PVEM).

Las bancadas de los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) no avalaron el dictamen, pues no contemplaba la revocación de mandato, reserva que fue votada en contra.

Alfredo Femat Bañuelos, del PT, consideró que ello representa “un agravio de la idiosincrasia de México”, pues en el país existe entre los políticos la tendencia a perpetuarse.

“Estrecharía de manera desmedida la relación entre grupos de interés económico y legisladores, además de que disminuirá la renovación de nuevos cuadros políticos”, advirtió, antes de que la iniciativa fuera sometida a votación.

 

Impulso político de las mujeres

Otro de los cambios a la propuesta original establece que la mitad de los recursos que provengan de las sanciones emitidas contra los partidos políticos será destinada a infraestructura en materia de ciencia y tecnología, mientras que el resto será favorecer el desarrollo político de la mujer.

Organizaciones presentes en el Congreso reprocharon este cambio, pues desde hace 10 años, cuando se propuso el modelo de equidad de género para Zacatecas, se planteó que la totalidad de estos fondos se destinarían al fortalecimiento político de la mujer.

“Está incompleto”, gritaban desde las bancas ubicadas arriba del salón de plenos, donde se sesionaba desde poco después de las 19:20 horas.

 

Fiscalía electoral

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deberá contar con una fiscalía especializada en atención a delitos electorales que tenga los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

 

Voto migrante

En el caso del derecho a voto de los migrantes, éste se sujeta únicamente a la elección de gobernador.

“Los migrantes independientes no somos de segunda (…) que le pregunten al estado si no le sirven los 500 millones de dólares que enviamos cada año”, expresó el diputado petista José Guadalupe Hernández Ríos.

 

Candidatos independientes

Los candidatos independientes tendrán acceso a tiempos de radio y televisión, así como a los recursos financieros establecidos en la ley para el desarrollo de campañas, una vez que logren el registro ante la autoridad electoral. Además, los partidos y asociaciones civiles podrán coaligarse para los procesos comiciales siguientes.

En cuanto a los requisitos para que los partidos políticos mantengan el registro, aumenta de 2.5 a 3 por ciento de la votación válida emitida.

Asimismo, “se prevé la base” para la fiscalización, en el caso de que el Instituto Nacional Electoral (INE) delegue esta atribución al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ).

 

Aprueban alto a cuotas escolares

Por otra parte, los diputados aprobaron, por unanimidad, el exhorto al gobernador Miguel Alonso Reyes para que a través de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) se garantice la educación gratuita y de calidad para niños y jóvenes.

Soledad Luévano Cantú, diputada por MC, mencionó que las autoridades educativas “han tolerado y, en algunos casos, fomentado el cobro de cuotas escolares a los padres de familia”, condicionando la inscripción de los menores.


Los comentarios están cerrados.