FRANZELY REYNA | NTRZACATECAS.COM
FRANZELY REYNA | NTRZACATECAS.COM

Zacatecas.- Según el Semáforo Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad AC (IMCO), la reforma constitucional para la entrada del Sistema Estatal Anticorrupción es deficiente, quedando ésta en el último lugar del color amarillo dentro de ese semáforo.

Dentro del semáforo de Implementación de la Ley Anticorrupción, Zacatecas, de igual manera, se encuentra en último lugar del color rojo, en el cual se puntualiza que en el estado aún no se cuenta con la aprobación de la Ley Estatal Anticorrupción por parte de la LXII (62) Legislatura.

En las observaciones específicas sobre la implementación constitucional del sistema, puntualiza que no se establece un comité coordinador en conformidad con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se resalta que para establecer el sistema local, se tiene en cuenta la investigación y sustanciación de faltas graves pero no otorga facultad de sanción a las faltas no graves.

IMCO califica con 80 por ciento la reforma constitucional hecha por el gobierno de la entidad por contar con dichas irregularidades.

En el caso de la Ley Estatal Anticorrupción, se especifica que no se establece al sistema estatal de manera adecuada, las obligaciones de la secretaría de control interno no contempla obligaciones completas además que las directrices de la misma secretaría carecen de contenido adecuado.

También se establece que el Sistema Local de Información es complejo y obstaculiza diversas áreas dentro del sistema local anticorrupción.

 

Se defienden

Por su parte, el coordinador jurídico del estado, Jehú Salas Dávila, reconoció que sólo se tiene aprobada la iniciativa de reforma constitucional para que se establezca el Sistema Estatal Anticorrupción.

Además, destacó que Zacatecas está en tiempo para que la Ley Estatal Anticorrupción, (presentada en abril a la LXII Legislatura), pueda aprobarse en el congreso local y realizar modificaciones para que el sistema quede debidamente instalado.

Entre esos cambios está “darle autonomía a la procuraduría general para convertirla en fiscalía, también tenemos obligación de darle vida por medio de una Ley secundaria al Tribunal de Justicia Administrativa que aplicará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Destacó que la iniciativa para el Tribunal de Justicia Administrativa se enviará al congreso del estado esta semana “y con esto estaríamos cumpliendo con la obligación de iniciar el procedimiento para el establecimiento del sistema que esperamos que esté en funcionamiento pleno a partir del 1 de enero del próximo año”.

Reiteró que la entidad se encuentra en tiempo de realizar la aprobación a la Ley estatal anticorrupción pues se tiene un plazo hasta el 18 de julio para que quede armonizado con la Ley general.

“La configuración legislativa de las normas no serán discutidas por un margen amplio porque se tienen acotaciones específicas por parte de los ordenamientos generales”, aseguró.

Salas Dávila hizo hincapié en que cuando se cumplan las obligaciones que tiene el gobierno estatal sobre el sistema estatal anticorrupción solo faltaría “que la legislatura en coordinación con la Auditoria Superior del Estado (ASE), realicen la Ley de Fiscalización Superior del Estado, que sería la Ley que faltaría para completar el sistema”.


Los comentarios están cerrados.