LORENA GUTIÉRREZ/NTRZACATECAS.COM
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Zacatecas.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló al gobierno de Zacatecas y los cuatro principales Municipios del estado por múltiples irregularidades en la ejecución de recursos destinados a servicios de salud, programas sociales, combate a la inseguridad e infraestructura.

En la primera entrega de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se exponen anomalías que suman casi 456 millones de pesos, correspondientes a dinero federal otorgado a Zacatecas y que no se ejecutó, carece de comprobación, se ejerció de manera indebida, fue desviado, o incluso se desconoce su destino, entre otras irregularidades.

De ese total, se especifica que faltan por aclarar y/o recuperar más de 414 millones de pesos de fondos como Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Aportaciones para los Servicios de Salud, Programa de Inclusión Social Prospera, Subsidio para Seguridad Pública y Fortalecimiento de Infraestructura.

Los resultados dados a conocer este fin de semana corresponden a 12 de las 30 auditorías que se realizan en el estado, de las que se tienen hasta el momento 59 acciones: 43 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, ocho pliegos de observaciones y ocho recomendaciones.

El mayor número de señalamientos son para el gobierno del estado, con 23; después está el ayuntamiento de Zacatecas, con 13; Jerez, 12, y Fresnillo, nueve, mientras que la menor cifra la registró Guadalupe, al acumular dos.

Ante las negociaciones del presupuesto 2018, todas las entidades fiscalizadas recibieron la misma recomendación: “proporcionar la documentación que demuestre las acciones emprendidas”, pues uno de los señalamientos más recurrentes fue el incumplimiento de reportes, de entrega de comprobantes y, en general, rezago y opacidad en la información.

Se les pidió también garantizar que los recursos asignados por la Federación se usen de manera oportuna y para los fines establecidos, así como reforzar el control interno para blindar los procesos de operación, manejo y aplicación del erario.

En el caso de Jerez y Fresnillo, además se les requirió subsanar las deficiencias “en la adquisición de armas y que éstas sean entregadas con oportunidad al Municipio, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del subsidio (de seguridad)”.

 

Millones sin comprobar

El gobierno del estado fue la entidad más señalada; la ASF detectó irregularidades por encima de los 453 millones de pesos, otorgados durante el año fiscal que compartieron las administraciones de los priístas Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna.

La observación más grave corresponde al desvío de 384 millones 521 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a una cuenta bancaria de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en la que se administra gasto corriente; se subraya que el monto se usó “por concepto de recuperación del pago de la deuda pública directa”.

Los resultados de las auditorías exponen que hubo otras transferencias de recursos financieros que tuvieron destinos inciertos. Más de 27 millones de pesos se asignaron a proyectos y fideicomisos catalogados como ciencia y tecnología, pero no se acreditó que cumplieran los fines para los que estaban etiquetados.

También se estiman daños a la hacienda pública por 28 millones 379 mil pesos del mismo fondo que no fueron aplicados en las fechas indicadas. En consecuencia, el gobierno estatal deberá demostrar si se ejecutó este dinero y cómo; de lo contrario, está obligado a regresarlo a la Federación.

Anomalías similares figuran en las bolsas para servicios de salud y programas sociales enfocados a familias pobres y vulnerables.

La administración estatal omitió el ejercicio de más de 7 millones 750 mil pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, por lo que deberá regresarlos a la Tesorería, si no logra demostrar que fueron aplicados en tiempo y forma.

A ese monto se le suman 5 millones 138 mil pesos del Componente Salud del Programa de Inclusión Social Prospera, que tampoco fueron aplicados y por ello la Federación demanda su comprobación o reintegro.

En el rubro de servicios públicos destacan no sólo las observaciones, sino también la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias. La auditoría solicitó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Zacatecas, a cargo de Paula Rey Ortiz Medina, investigue e inicie procedimientos contra funcionarios involucrados en varias irregularidades.

Entre los casos destacados están el rezago en la información del sector salud referente a la compra de servicios a prestadores privados, listado nominal de plazas pagadas y adquisiciones de medicamentos, material de curación y otros insumos.

En varios formatos, los servidores públicos encargados presentaron información “sin calidad ni congruencia”, por lo que se duda de los datos proporcionados. Además, se detectó falta de difusión de la oferta y cobertura de los servicios médicos y trabas para otorgar recursos financieros a las instancias ejecutoras de este rubro.

En cuanto a Prospera, se pide investigar por qué se carece de un programa anual de adquisiciones de medicamentos, bienes y servicios, así como las discrepancias entre los estados presupuestales y los bancarios del esquema.

Otro ejemplo de casos que ameritan indagaciones por parte de la SFP estatal es que se realizaron pagos a nombre de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra), pero no se transfirieron los recursos económicos correspondientes a esta dependencia.

 

 

Alcaldías bajo la lupa

De los cuatro ayuntamientos auditados, el de Zacatecas obtuvo el mayor número de señalamientos. El que menos fue el de Guadalupe, correspondiente a las administraciones de los priístas Roberto Luévano Ruiz y Enrique Flores Mendoza, pues este municipio resultó con acciones sólo por fallas en procesos de validación de diplomados sobre seguridad pública.

En el resto de las alcaldías se detectaron irregularidades, principalmente en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), cuyos objetivos son la prevención del delito y la mejora de condiciones de las corporaciones policiacas en demarcaciones afectadas por la violencia.

A los tres ayuntamientos, la ASF impuso acciones de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por recursos que no se reintegraron a la Tesorería federal.

Se omitieron constancias de cancelación de cuentas bancarias destinadas a la administración del fondo y sus informes financieros son parciales y no mostraron calidad ni congruencia.

En el caso de la capital, tampoco se acreditó la autorización para ejecutar contratos de adjudicación directa y se señala la inexistencia de estudios de mercado y cotizaciones para las compras, así como la falta de evidencia que garantice el cumplimiento de entrega de adquisiciones.

Además, no se comprobaron las evaluaciones de desempeño ni el apego a lineamientos en la ejecución del programa; todo esto, en el último tramo de la administración de Carlos Peña Badillo y el inicio de la de Judit Guerrero López, ambos priístas.

En cuanto a Jerez, además de las anomalías y fallas en la aplicación del Fortaseg, hubo observaciones en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, pues tampoco se comprobó el reintegro de rendimientos financieros ni se informó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre ejercicios, destinos y resultados de los recursos de esta bolsa.

Se señala que la alcaldía, antes presidida por el panista José Viramontes Rodarte y actualmente en manos del priísta Fernando Uc Jacobo, no vigiló el alcance de las metas establecidas. Entre los señalamientos están obras inconclusas y que la documentación de los proyectos no aclara que las bolsas utilizadas provenían de la Federación.

Durante el Ejercicio Fiscal 2016, en el ayuntamiento de Fresnillo coincidieron los priístas Gilberto Dévora Hernández y José Haro de la Torre; el dinero del Fortaseg también se ejerció entre irregularidades en esta demarcación, una de las más azotadas por la inseguridad.

La auditoría observó 2 millones 510 mil pesos de recursos de dicho programa que no se ejecutaron ni se comprobó si fueron reintegrados a las arcas del gobierno federal.

Faltan comprobantes de recursos y rendimientos financieros sin aplicación, porcentajes de cumplimiento de metas y evidencia sobre evaluaciones de desempeño, además de la opacidad en el convenio de adhesión al programa, situación que se repite en Zacatecas y Jerez.


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