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NUEVA YORK. El Presidente Donald Trump está enfrentando un nuevo desafío constitucional que pretende socavar su uso de los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio, de acuerdo con la edición en línea del diario The Wall Street Journal.

El diario destacó que un grupo que representa a los usuarios de acero importado está trabajando con dos de sus miembros para revocar la ley comercial de décadas de antigüedad que permitió a Trump sancionar las importaciones de acero y aluminio. Los demandantes argumentan que la ley delega indebidamente facultades comerciales a la rama ejecutiva del poder legislativo en violación de la Constitución.

La Suprema Corte no ha anulado ninguna legislación federal basada en el argumento utilizado por el grupo siderúrgico desde la década de 1930, según los abogados del grupo. Una demanda anterior, que impugnó la justificación de los aranceles por motivos de seguridad nacional por parte de Trump, fue desestimada a principios de este año en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos.

Aún así, la demanda muestra una amplia coalición de negocios, legisladores e incluso algunos sindicatos que comparten la preocupación común de que los aranceles de Trump afecten a las empresas. La administración de Trump aplicó aranceles y amenazó más con la esperanza de obtener concesiones de los socios comerciales, indicó la publicación.

Los críticos de la administración citan cada vez más la Constitución de Estados Unidos mientras presionan para limitar la autoridad de Trump sobre el comercio. Más de 270 organizaciones empresariales escribieron al Senado esta semana diciendo que «las circunstancias actuales ponen de relieve la necesidad de que el Congreso garantice que la autoridad se utilizará, según lo previsto por el Congreso, en el interés nacional general».

El senador republicano Bob Corker está liderando un esfuerzo para darles a los legisladores las tarifas impuestas bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la ley que Trump utilizó para los aranceles al acero y aluminio y la base para posibles tarifas futuras que los funcionarios están considerando para vehículos y autopartes.

La demanda presentada este miércoles fue organizada por el American Institute for International Steel, un grupo que incluye usuarios de acero importado y otros relacionados con el comercio de la aleación, incluidos algunos grupos de trabajadores.En la demanda, AIIS se une a Sim-Tex LP, un distribuidor de Texas de productos de oleoductos para la industria del petróleo y gas, y Kurt Orban Partners, un comerciante de acero especial con sede en California, al solicitar a los jueces federales que declaren la Sección 232 inconstitucional y anular el arancel del 25 por ciento de Trump sobre el acero importado fabricado bajo la autoridad de esa ley.

Las firmas siderúrgicas y el grupo comercial dicen que han sido injustamente perjudicados por la ley y argumentan que delegan indebidamente poderes comerciales al Presidente porque carece de directrices o reglas para limitar la discreción del presidente. El caso fue presentado en el Tribunal de Comercio Internacional, un tribunal federal en Nueva York que conoce casos de comercio.

La Constitución otorga al Congreso autoridad sobre aranceles, impuestos y gravámenes relacionados. Con los años, los legisladores han delegado muchos poderes comerciales al Presidente por diversas razones, incluida la capacidad del poder ejecutivo de negociar fácilmente con otros países, su autoridad para tomar decisiones rápidas basadas en la seguridad nacional y su papel tradicional en la apertura negociar cuando muchos en el Congreso quieren proteger los intereses en sus estados.

Los funcionarios de la administración Trump dicen que la Sección 232 les da amplia autoridad para definir la seguridad nacional en términos económicos y bloquear las importaciones para lograr sus objetivos, pero los abogados dicen que la ley, sin disposiciones para su revisión en el Congreso y los tribunales, hace que sea vulnerable a una reto, destacó el diario.


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