SAÚL ORTEGA/NTRZACATECAS.COM
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El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) ocupa la posición 27, a nivel nacional, en protección para mujeres víctimas de violencia de género, reveló el estudio “(Des) Protección Judicial en Tiempos del Covid-19”, elaborado por la organización Equis, Justicia para las Mujeres.

Zacatecas obtuvo 14.3 puntos, de cien posibles, en la evaluación de: órdenes de protección en materias familiar y penal; medidas precautorias en lo familiar y en lo penal; pensiones alimenticias; centros de convivencia y políticas internas para las necesidades del personal frente a la crisis.

Debajo del estado sólo están Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Guanajuato y Baja California como las entidades donde el Poder Judicial desprotege más a las mujeres violentadas, pues “se limitaron a señalar la suspensión de labores, sin establecer continuidad a los servicios jurisdiccionales”.

De acuerdo con el estudio de Equis, Zacatecas fue de los 13 estados del país que no determinó explícitamente guardias para emitir órdenes de protección en materia familiar, desde que el TSJEZ suspendió funciones por la emergencia sanitaria, el 19 de marzo.

Éstas, se resaltó, “son herramientas especialmente útiles en circunstancias de urgencia, pues su sencillez agiliza la respuesta de las autoridades ante situaciones de violencia”, al no estar condicionadas a que se presente o exista una denuncia, o un proceso judicial iniciado por las víctimas.

El tribunal de justicia en la entidad, junto con los de otras 17, tampoco consideró las guardias para la emisión de órdenes de protección en materia penal, según el análisis del acuerdo de los magistrados.

Además, de los 32 poderes judiciales en México, sólo siete tomaron en consideración de manera explícita el establecimiento de guardias de personal para emitir medidas precautorias en materia familiar; Zacatecas, no.

“La diferencia entre las órdenes de protección y las medidas precautorias es que éstas últimas se dictan generalmente como parte de un procedimiento judicial; por ejemplo, un divorcio, una demanda de alimentos, un juicio de guardia y custodia de menores, entre otros”. El objetivo de este recurso, destaca el documento, es “proteger a las partes que pudieran ser víctimas de violencia”.

En el caso de las órdenes de protección en materia penal, para quienes acuden a denunciar un delito y el presunto responsable representa un riesgo, se subrayó la importancia de que el Poder Judicial cancele, ratifique o modifique la medida, dictada por el Ministerio Público.

Esto sobre todo cuando se ordena “la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, la separación inmediata del domicilio, o bien, se limita el acercamiento al domicilio de la víctima o al lugar en el que se encuentre”.

Sin embargo, Zacatecas se colocó entre las 19 entidades que omitieron la necesidad de contar con personal para llevar a cabo dichos procesos.

Otro de los servicios suspendido sin alternativa a nivel local, aunque igualmente en casi todos los poderes judiciales, fue el de centros de convivencia familiar supervisada. Pese a las restricciones para evitar contagios, se señaló que esto no implica que no haya otras opciones para garantizar el derecho, por ejemplo, vía telefónica o por videoconferencias.

También se criticó que el TSJEZ no considerara explícitamente como exento de trabajar a ningún grupo de los considerados vulnerables al coronavirus: mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, mayores de 60 años y con enfermedades crónico degenerativas.

Asimismo, Zacatecas tampoco precisó opciones para las personas con cargas adicionales de cuidado, como quienes tienen a su cargo hijos, mientras que otras entidades sí lo hicieron y propusieron jornadas más flexibles.

De los criterios evaluados, el estado sobresalió únicamente, a la par que otros 20, en el establecimiento de guardias para que el pago de pensiones alimenticias opere de manera regular.

En este caso, se recordó que el incumplimiento de las obligaciones familiares, de los que los beneficiados son por lo general los hijos, “se utiliza como un mecanismo para ejercer violencia contra las mujeres”, al provocar una situación de precariedad y control.

Adicionalmente, se expusieron fallas en accesibilidad a comunicaciones, transparencia y publicidad de audiencias orales y situaciones con mujeres recluidas.

“El hecho de que los poderes judiciales no establezcan de manera explícita la provisión de estos servicios y los difundan entre la ciudadanía, desprotege a las mujeres que se encuentran inmersas en un proceso judicial o que quieren iniciarlo”, advirtió la organización feminista.

 


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