ROSA ROJAS Y CLAUDIO MONTES DE OCA / NTRZACATECAS.COM
ROSA ROJAS Y CLAUDIO MONTES DE OCA / NTRZACATECAS.COM

A dos años de la implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Zacatecas, representantes de grupos feministas consideran que faltan cambios para garantizar la protección de los derechos de este sector. Las estadísticas exhiben el problema: mientras se resalta la baja de feminicidios u otros delitos en el estado, crecen los homicidios dolosos contra ellas.

El 8 de agosto de 2018 se declaró la alerta, un reiterado reclamo de organizaciones de mujeres en la entidad, que obtuvo respuesta tras la escalada de la violencia: aquel año concluyó con el histórico registro de 21 víctimas de feminicidio, de las más altas en el país.

De entonces a ahora, “hemos visto altibajos: gente que está en los gobiernos con alto nivel de compromiso, pero también todo lo contrario”, afirmó la activista María Luisa Sosa de la Torre.

“Hay en apariencia un nivel de disminución de feminicidio, pero nosotras no lo compartimos, dado el incremento de homicidios dolosos, lo que quiere decir que sigue estando en riesgo la vida de las mujeres”.

“Aunque lo quieran clasificar como homicidio doloso, en la realidad, en lo que va de este año, llevamos 34 crímenes violentos de mujeres, algunos clasificados como feminicidio y otros como homicidio doloso, pero que no deja de ser una situación de alto riesgo para la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres en Zacatecas”, argumentó Sosa de la Torre.

Expuso que las medidas obligatorias que se deben tomar no han sido evaluadas, pues “esto corresponde al ámbito federal y, desafortunadamente, el gobierno no ha cumplido”.

“Se hizo una reunión, se presentó el informe de cada una de las dependencias, algunas estaban en 0 por ciento de cumplimiento al momento de emitir. Éste es un punto nodal: cómo la Federación se distanció del cumplimiento de la responsabilidad que tenía de conducir el proceso de evaluación”, puntualizó.

La activista abundó en que, pese a que la declaratoria establece que cada ayuntamiento debe tener un plan de trabajo, hay 10 que ni siquiera lo han elaborado.

“Son obligaciones de los Municipios los lotes baldíos, casas abandonadas, iluminación de calles, pavimentación, que no haya expendios de alcohol cerca de escuelas o de lugares donde juegan menores; esta parte de corresponsabilidad la resolvieron de manera muy elemental, la mayoría”, desglosó.

Agregó que se estableció que los jueces debían prepararse para tratar casos con perspectiva de género y, aunque cada capacitación se reportó, “se cruza con que el Poder Judicial fue acusado de opacidad, de tal manera que no se pudo verificar el cumplimiento de esta responsabilidad a partir de las sentencias que se emitieron”.

En cuanto al Poder Legislativo, María Luisa Sosa expuso que “tenía la encomienda de emitir leyes diversas y la verdad es de que no hay un cumplimiento satisfactorio en torno a la forma de cómo se ha involucrado la Legislatura del Estado”.

Además, la emergencia sanitaria por COVID-19 vino a elevar las alarmas: se buscaron los medios para atender a las víctimas, ante el incremento de la violencia familiar y de pareja, por lo que la exigencia fue que el recorte presupuestal no tuviera impacto en la alerta y las políticas de igualdad. Aun así, la feminista recalcó que “no es el presupuesto adecuado y hace falta una inyección de recursos más grande”.

“Hace falta que se involucren mucho más, porque la atención de las violencias y las políticas públicas para la igualdad, que es lo que contiene la declaratoria, no son actividades extra, son las actividades que las instituciones deben de desarrollar. La declaratoria es exigirle al estado que cumpla sus responsabilidades que ya están en la ley”, aclaró.

Más víctimas

Durante el primer semestre de 2020 se registraron aumentos en diversos delitos contra las mujeres, aunque no en feminicidio, como en años en anteriores, sí en otros considerados de alto impacto. Esto, de acuerdo con el más reciente informe especializado que, mes con mes, emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los incrementos están en los homicidios y lesiones dolosas, secuestros y extorsión, así como en los reportes que recibe el Sistema de Emergencia por acoso sexual, violación y agresiones de pareja, mientras que los de violencia clasificada como “general” contra las mujeres y de tipo familiar, pese al descenso en el último año, aún se mantienen por arriba de los niveles registrados en 2018.

SIGUE VIOLENCIA

(ENE-JUN)

DELITO

2018

2019

2020

FEMINICIDIO

13

4

5

HOMICIDIO DOLOSO

34

25

43

LESIONES DOLOSAS

330

447

478

SECUESTRO

2

10

8

EXTORSIÓN

41

60

64

CORRUPCIÓN

DE MENORES

21

27

14

TRATA DE PERSONAS

3

7

4

LLAMADAS AL SISTEMA DE EMERGENCIA

VIOLENCIA CONTRA MUJERES

255

640

635

ABUSO SEXUAL

2

13

5

ACOSO SEXUAL

18

11

13

VIOLACIÓN

7

7

9

VIOLENCIA

DE PAREJA

1,588

2,320

2,835

VIOLENCIA

FAMILIAR

1,849

3,056

2,904

 


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