FRANZELY REYNA/NTRZACATECAS.COM
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Integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas protestaron en el Congreso y en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para exigir que se corrijan irregularidades en el caso de la violación contra una menor de edad, y se le garantice un debido proceso a la víctima.

Las activistas se manifestaron con el performance Un Violador en Tu Camino a la entrada de la FGJE y del Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes, luego de que en el Palacio Legislativo acusaran abusos de las autoridades, a quienes calificaron de “cómplices” del presunto ataque contra la niña.

“La menor se encuentra destrozada tanto física como emocionalmente. Hacemos el llamado a la sociedad zacatecana para que se ponga en los zapatos de la víctima y de su familia, por las irregularidades que se están cometiendo en este caso”, expresaron las feministas.

La abogada y activista, Mara Muñoz Galván, informó que se presentó un amparo ante el Poder Judicial de la Federación, mismo que fue concedido, a fin de aplazar la audiencia de juicio oral que se realizaría este jueves y que el Tribunal Especializado en Justicia para Adolescentes se negó a posponer.

La intención es garantizar que la menor, quien denunció que fue violentada en abril de 2020, tenga “un acceso digno a la justicia” y no siga el proceso “en un escenario de impunidad”, precisó la también ex directora del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas.

Criticó que, en cambio, la audiencia intermedia se pasara del 21 al 24 de agosto “porque el defensor tenía otro compromiso”. Añadió que la niña se encuentra “en una situación emocional muy vulnerable”, así como su madre y sus testigos, y “no está en condiciones para la presión de estar frente a un tribunal”.

Al acusar manipulación, omisión y falsificación de pruebas, argumentó que se busca que instancias federales intervengan en el caso, debido a “las gravísimas violaciones a los derechos de la niña” por las que señaló a la FGJE y después al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).

Resaltó que el imputado fue detenido en flagrancia y que se trató de “una violación que se cometió de manera oral, anal y vaginal, con múltiples pruebas para demostrar esta situación”. Sin embargo, sentenció, “la Fiscalía, de manera paulatina, fue manipulando toda la investigación”.

Entre las irregularidades, mencionó que se sacaran datos del teléfono de la madre del imputado y no de él, pese a que la niña proporcionó el número correspondiente; no se hizo confronta de huellas dactilares y hubo omisiones en estudios genéticos, luego de que la víctima fuera retenida por más de seis horas.

Mencionó que, en ampliaciones de dictámenes ginecológicos, se cambió a que las lesiones fueron de más de 10 días, cuando los primeros estudios demostraron que eran recientes.

Como uno de los aspectos más graves, Muñoz Galván destacó la “falsificación de documentos en un proceso penal, que es un delito federal, y lo hizo la defensa, lo presentó ante la FGJE y la Fiscalía no fue para pedir un informe”.

Sobre un expediente, que advertía que el imputado tuvo una supuesta atención médica, la abogada reconoció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sí abriera una investigación para aclarar cómo sucedió esto.

Mara Muñoz enfatizó que el objetivo es que, “con agravantes de violencia psicológica, moral y física, con la contundencia que debe tener el caso, la sentencia sea proporcional”. “La Fiscalía está haciendo todo, en un hecho clarísimo de violación, para favorecer la teoría del caso del imputado […] ahora confiamos en los jueces federales, espero que no nos defrauden”, concluyó.

Respalda Legislatura

Ante las protestas de feministas en el Congreso del Estado, la Comisión Permanente de la LXIII (63) Legislatura exhortó a la FGJE, al TSJEZ y a la CDHEZ a que garanticen el acceso a la justicia y el debido proceso en el caso “de una niña víctima de violación, cuyo agresor fue detenido en flagrancia por la policía, pero que, por actos de corrupción en el proceso, puede quedar en libertad”.

Presentaron el punto de acuerdo las diputadas Gabriela Pinedo Morales, del Partido del Trabajo (PT), y Alma Dávila Luévano, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes también llamaron al gobernador, Alejandro Tello Cristerna, para prevenir corrupción, en este caso, en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). A las autoridades de Guadalupe, se les pidió revisar a sus elementos.

Resaltaron que el supuesto agresor contratara a un abogado, quien se desempeñó como director de Investigaciones de la entonces Procuraduría General, hoy Fiscalía, para “presuntamente corromper a las autoridades, debido al conocimiento que tiene del personal”, por lo que “hay temor de que se cometa un acto de injusticia e impunidad”.

En la discusión de la iniciativa, Perla Martínez Delgado, legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que no se trata de un caso aislado y que existen otros más en el estado, como una “situación común” a las que se enfrentan las mujeres en Zacatecas y en el país.

El diputado Javier Calzada Vázquez coincidió en que éste es un problema recurrente, al confirmar otra situación similar en la que se cometieron abusos. Recordó que, en aquella ocasión, en comparecencia del fiscal Francisco Murillo, le solicitó expedientes sobre los avances de los procesos, pero no le fueron entregados.

“Vemos que los incidentes vuelven a repetirse porque no son escuchados ni atendidos, porque se trata normalmente de familias de escasos recursos; si se trata de familias de políticos, sería un gran escándalo”, reprochó.

 

NOTA RECUADRO 1

 

Responden autoridades

Tras solicitar la postura de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) sobre las denuncias de irregularidades en el caso de la violación de una menor, la institución respondió con un breve texto enviado a través de Comunicación Social: “No habrá en este momento una postura al respecto por parte de la FGJEZ. Al ser un asunto estrictamente legal, la Fiscalía litiga estos asuntos en los tribunales (sic)”.

Por otra parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, informó, por escrito, que “el imputado se encuentra en prisión preventiva, en el Centro de Internamiento Juvenil, desde el 5 de abril”.

El magistrado argumentó que las inconformidades de la defensa de la denunciante fueron porque “se admitió una prueba que todavía no se desahoga ni valora, además de que otra razón de su protesta es que se busca diferir la audiencia del jueves, pero ni siquiera lo han solicitado”. “El juicio se realizará este jueves y será entonces cuando se pueda decir si existió o no impunidad en el caso”, puntualizó.

María de la Luz Domínguez Campos, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), aclaró que se integra un expediente después de que la madre de la menor abusada interpusiera una queja. Aseguró que el organismo realiza las diligencias correspondientes y negó que haya indiferencia u omisión, como lo señalaron feministas.

“Solicitamos al Ministerio Público que su actuación sea apegada a la norma, que cumpla con los lineamientos fundamentales y con debida diligencia, a efecto de que este caso no quede impune y haya justicia para la víctima”. “La Comisión de Derechos Humanos ha actuado permanentemente […] con imparcialidad, apegada a la imparcialidad, objetividad y de manera oportuna”, enfatizó.

 

RECUADRO 2

Presumen resultados

Sin mencionar las protestas de feministas ni el llamado de la Legislatura a esclarecer anomalías en el caso de una menor violada, autoridades estatales difundieron, a través de un boletín, que este miércoles sesionó el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para dar a conocer resultados del Plan En Contingencia Estamos Juntas.

Ante el pleno del órgano, integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de instituciones municipales, órganos autónomos, academia y organizaciones de la sociedad civil, Adriana Rivero Garza, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujer) y secretaria técnica del Sistema, recordó que el programa de contingencia fue ordenado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna.

Enumeró que se han brindado más de 34 mil atenciones, un promedio diario de 236 a 118 mujeres, “lo que muestra la prevalencia durante este periodo, que se acentúan los riesgos de violencia hacia mujeres y niñas”. Mencionó que 31 municipios reportaron 2 mil 108 atenciones, sobre todo de tipo psicológico, de enero a junio; sin embargo, excusó que “no todos informaron los registros administrativos”.

Cabe destacar que, hace una semana, directoras de institutos municipales advirtieron del aumento de las agresiones en casa, resaltando las de tipo sexual contra menores, y expusieron las limitaciones que padecen por cierre de oficinas, disminución de personal y falta de vías de comunicación con las víctimas.

En la reunión del sistema de prevención, Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), invitó a las funcionarias de ayuntamientos a unirse a las Mesas Regionales de Construcción de Paz.

Con respecto a la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres, Rivero Garza presentó “la actualización de acciones de prevención, seguridad, justicia y reparación”, el Informe Anual 2019 del SEPASEV y el Sistema Informático “para registrar y concentrar el avance de los trabajos a favor de los derechos de este sector”.

Por último, el secretario general de Gobierno, Jehú Salas Dávila, exhortó “a que continúen trabajando a favor de las mujeres con acciones coordinadas e interinstitucionales […] para que las zacatecanas tengan una vida libre de violencia y discriminación”.

 


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