ABRIL SOLÍS / NTRZACATECAS.COM
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FRESNILLO. José Edmundo Guerrero Hernández, contralor municipal, informó que tres ex funcionarios se encuentran en observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como otros 23, por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE); todos de la administración 2016-2018.

El contralor no reveló los nombres de los ex funcionarios, pero señaló que estaban incluidos el ex presidente municipal, síndico y tesorero, así como algunos directores, jefes de departamento y todos los regidores de la administración 2017.

La ASF hizo la observación de 138 mil pesos que no se reintegraron ni se comprobó en qué fueron utilizados.

Con relación a la ASE, las observaciones son por el monto de 6 millones de pesos, que tampoco fueron comprobados al término de la administración 2017.

Cabe señalar que ya se les notificó a casi todos los funcionarios, quienes tienen un plazo de 10 días para hacer una contestación; con base en ésta, se realiza una valoración para desechar el caso, si es que no hay falta qué perseguir, o bien, se admite, para iniciar el procedimiento.

“Podemos tener un resultado completo en unos 20 o 30 días, una vez que se haya realizado el trabajo”, explicó el contralor.

Agregó que el expediente de la ASF está más completo, en comparación con el de la ASE, por lo que la Contraloría ya puede aplicar las sanciones necesarias.

A los expedientes estatales los consideró “incompletos, más ambiguos, vienen servidores públicos que no tienen injerencia o facultad en algunos hechos que se les acusan”, por lo tanto, explicó, “es nuestro trabajo, primero, notificarle, y esperar la contestación”.

Derivado de lo anterior, la Contraloría tiene facultad de determinar si las faltas administrativas son graves o no, dependiendo de la contestación.

Agregó que los 6 millones de pesos están clasificados como “préstamos personales” o “gastos por comprobar”, y explicó que podrían tratarse de recursos gastados en viáticos que no se comprobaron.

Finalmente, aseguró que no se le dará carpetazo al asunto y que la Contraloría está determinada a darle seguimiento.


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