CUQUIS HERNÁNDEZ/NTRZACATECAS.COM
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Con montos observados por cerca de los 400 millones de pesos, este jueves, la LXIII (63) Legislatura aprobó las cuentas públicas y dictámenes de gestión financiera de los 58 municipios, así como de los sistemas de agua potable y alcantarillado, del ejercicio fiscal 2018.

Por las observaciones, se instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que interponga denuncia penal en contra de 15 municipios.

En el paquete se aprobaron, también, las cuentas de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ), y de la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario, en conjunto con los 33 sistemas de agua potable de municipios y algunas localidades.

De acuerdo con información de la Comisión de Vigilancia y Presupuesto, en voz del diputado Pedro Martínez, tan sólo en las cuentas públicas de los ayuntamientos, la ASE observó más de 368 millones de pesos, de los que resaltó Mazapil, con la mayor cantidad de recursos que sobrepasa los 123 millones de pesos, así como Villanueva, con poco más de 44 millones de pesos.

Según los resultados del órgano fiscalizador, se integrarán más de mil expedientes de investigación, aunque no todos representan observaciones financieras, no obstante que son los menos: 13, y que deberán concluir con un informe de presunta responsabilidad administrativa en contra de quien resulte responsable de las irregularidades detectadas.

En los 45 ayuntamientos con observaciones por presunto mal manejo financiero, y con probable daño a la hacienda pública, suman 368 millones 93 mil 22.65 pesos.

El cúmulo de observaciones pone a la cabeza a Mazapil con 123 millones de pesos, seguido de Villanueva con 44.7 millones.

En seguida figura Genaro Codina con 28 millones de pesos, Pinos con poco más de 25 millones, y Cañitas de Felipe Pescador con 20.6 millones de pesos.

Le siguen Melchor Ocampo con más de 15 millones de pesos, Villa García con 11.8 millones y Trancoso con 12.3 millones de pesos.

Guadalupe y Fresnillo tienen observaciones por poco más de 9 y 7 millones, mientras que Río Grande y Chalchihuites, a la par, registran poco más de 5 millones de pesos.

En seguida está El Salvador con 4.6 millones, y Pánfilo Natera con 4 millones, en tanto, Morelos y Villa González Ortega suman, a la vez, 3.6 millones, y Pánuco y Loreto con una cantidad similar.

En menor proporción se ubican Sombrerete, Ojocaliente, Miguel Auza y Teúl de González Ortega, con poco más de 2 millones de pesos; continúan Jalpa, Jerez de García Salinas, Juan Aldama, Concepción del Oro, Tepechitlán, Cuauhtémoc, Noria de Ángeles, Luis Moya, Zacatecas, Valparaíso y Jiménez del Teul, con poco más de 1 millón de pesos; Apulco y Vetagrande sumaron 1 millón de pesos cada uno.

En el caso de las cuentas públicas sin observaciones monetarias, Pedro Martínez mencionó a Apozol, Calera de Víctor Rosales, El Plateado de Joaquín Amaro, Huanusco, Juchipila, Mezquital del Oro, Momax, Santa María de la Paz, Trinidad García de la Cadena, Tabasco, Tepetongo, Villa de Cos y Villa Hidalgo.

Cabe mencionar que la legislatura dio instrucciones a la ASE para que presente ante las autoridades competentes, una denuncia penal en contra de 15 municipios, “por la presunta comisión de uno o varios delitos en el manejo de los recursos”, entre los que resaltó a Mazapil, Villanueva, Genaro Codina, Zacatecas, Morelos, Melchor Ocampo, Trancoso, Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, El Salvador, Jiménez del Teul, Moyahua y Sombrerete, entre otros.

Asimismo, se instruyó a la ASE para que notifique al Servicio de Administración Tributaria, en caso de nueve ayuntamientos, o a las autoridades fiscales competentes, “de los hechos que puedan entrañar el incumplimiento de disposiciones fiscales”; y de tres casos será notificada la Tesorería de la Federación, por incumplir las disposiciones normativas para ejercer los recursos.

Sistemas de agua potable

En cuanto a las cuentas públicas de los organismos operadores de agua potable, entre los que están el de San Antonio del Ciprés y Pozo de Gamboa, pertenecientes a Pánuco y San Marcos, de Loreto, la ASE reportó observaciones por casi 7 millones de pesos “de los cuales se derivan de 176 expedientes de investigación que tendrán que integrarse en el órgano fiscalizador”.

La diputada Susana Rodríguez Márquez dio lectura a los dictámenes de los organismos e instruyó a la ASE para que emita las correspondientes recomendaciones, “solicitando la atención de las autoridades municipales para establecer medidas preventivas y sistemas de control, así como supervisión eficaz para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que están destinados”.

La Legislatura instruyó a las entidades de fiscalización superior hacer del conocimiento “de los hechos que puedan entrañar el incumplimiento de las disposiciones legales por los aspectos observados de los sistemas de Cuauhtémoc, General Enrique Estrada, Fresnillo, Huanusco, Jalpa, Jerez de García Salinas, Juchipila, Luis Moya y San Marcos, Loreto, Nochistlán de Mejía, Ojocaliente, Villanueva, Villa González Ortega”, entre otros.

De acuerdo con los expedientes de investigación que se solicitó integrar a la ASE, para terminar el proceso de fiscalización y solventación, el sistema operador de Nochistlán de Mejía se le abrieron 10 expedientes de investigación con la mayor cantidad de recursos observados por 1 millón 768 mil 264 pesos.

Seguido de Río Grande que tiene 11 expedientes abiertos por un monto mayor a 1 millón 744 mil pesos, mientras que a Pinos se le realizó la integración de 16 expedientes por un monto mayor a 1 millón de pesos.

En menor proporción, se hicieron observaciones a los sistemas de Villa García por 515 mil pesos; de Trancoso por más de 423 mil pesos; Jalpa por 301 mil pesos; al de Tepechitlán por 217 mil.

Por lo anterior, Susana Rodríguez solicitó a la ASE concluir la integración de expedientes de investigación de los hechos a efecto de integrarlos en su totalidad “y en su momento elaborar un informe de presunta responsabilidad administrativa, que deberá ser remitida a las autoridades correspondientes para que haga lo correspondiente”.

Asimismo, ordenó interponer una denuncia de hechos en el caso del sistema de agua potable de Villa de Cos y, en el caso del Teúl de González Ortega y el sistema de San Antonio del Ciprés, en Pánuco, se instruyó a la auditoría informar al SAT sobre presuntas irregularidades.

En torno a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) también está la instrucción de dar aviso al SAT de probables incumplimientos a las disposiciones fiscales, además de que se incluyen 13 expedientes de investigación con un monto observado de 22 millones 799 mil 501 pesos.

 

NOTA RECUADRO

Denuncia penal contra Mazapil 

Por presunta comisión de uno o varios delitos, el pleno de la LXIII (63) Legislatura aprobó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) interponga una denuncia penal en contra de Mazapil, además que realice lo conducente y termine la integración de 45 expedientes por un monto observado en su conjunto de 123 millones 680 mil 211 pesos.

Con ello, Mazapil asume la mayor cantidad de recursos observados por la ASE durante el ejercicio fiscal 2018.

Lo anterior, se suma a la petición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que el 6 de octubre solicitó la separación del cargo del presidente municipal Gregorio Macías Zúñiga y la síndico Alma Lucía Leos Perales por presunto delito de peculado, para que ya sin fuero, encararan la demanda penal que persiste en contra de ellos.

Sin embargo, un mes después, el Congreso determinó denegar la petición, ya que éstos no fueron llamados antes a declarar ante el juez y, por tanto, el requisito legal no concluyó, lo que representaría echar abajo el proceso, ya que los indiciados podrían ampararse y ganar el caso.

En la revisión y aprobación este jueves de las cuentas públicas de los municipios del ejercicio 2018, Mazapil salta a la cabeza con la mayor cantidad de recursos observados; se integra a más de 30 municipios que presentan observaciones, en su mayoría mayores a 1 millón de pesos y que en su conjunto suman cerca de 400 millones de pesos, tanto en el ejercicio de los ayuntamientos como de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

 


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