CUQUIS HERNÁNDEZ/NTRZACATECAS.COM
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Aunque no ha sido autorizada en el Senado, el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa que fue aprobada fast track, en la que daban por aprobado que los programas sociales del gobierno federal se pudieran “seguir promoviendo”, reprochó el diputado federal, Miguel Ángel Varela Pinedo.

Informó que la queja que sacó a relucir el presidente de Sombrerete, Alan Murillo, no sólo es una casualidad, sino que es derivado de que hace 15 días en el Congreso de la Unión, el presidente morenista de la mesa presentó esa iniciativa que daba “por legal” que se siguieran promoviendo los programas sociales hasta antes del 10 de abril, cuando se realizarán las votaciones para la revocación de mandato.

Ello, cuando se supone que ya no estaba autorizado; “entonces, ellos están cometiendo un ilícito porque lo aprobaron fast track (procedimiento vía rápida) en el Congreso, pero en el Senado aún no, pero con esa aprobación se están basando en que es legal”, expresó.

Por tanto, las campañas que se están haciendo en los municipios se realizan por medio de los servidores de la nación, de la oficina del Bienestar y de otras dependencias gubernamentales “cuando es a todas luces una ilegalidad y me queda claro que a los adultos mayores les dicen que si votan por la revocación, seguirán teniendo los programas sociales y si no, ya no los tendrán”.

Esto, añadió el legislador, “es algo que no va, que no es lícito”, por lo que exhortó a la ciudadanía a no permitir esta situación, “que no hagan caso y si pueden grabar las anomalías, lo hagan y lo den a conocer”.

Varela Pinedo dijo que la situación sucede de manera recurrente en todas las poblaciones, sobre todo en los municipios de las regiones de Tlaltenango y Juchipila; por ejemplo, en Nochistlán, Jalpa o Jerez y por supuesto, dijo, en la zona metropolitana, desde Guadalupe hasta Fresnillo.

En estos municipios, dijo, la 4T se aprovecha de que tienen un ejército electoral y de empleados que están llevando a cabo la promoción de los programas, “y nos queda claro que lo hacen con un formato de compromiso de cumplimiento”, es decir, que tienen una cuota por estado, que deben cumplir, de personas para que salgan a votar.

 


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