LAURO RODRÍGUEZ/NTRGUADALAJARA.COM
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JALISCO. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco coincidió con el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, en que el crimen organizado se apoderó del Norte del estado. Ante esto, el titular de la comisión, Alfonso Hernández Barrón, reafirmó el llamado a garantizar la seguridad y el derecho al acceso de servicios de la población en esta zona de Jalisco.

El domingo, el cardenal narró cómo son frecuentes los retenes del crimen organizado en las carreteras de la zona Norte y mencionó que solo la semana pasada lo detuvieron en dos ocasiones para investigar quién era, de dónde iba y hacia qué lugar se dirigía. “Es el pan de cada día”, lamentó.

A la par, reconoció que los párrocos deben pedir permiso al “jefe de la plaza” para poder organizar fiestas patronales. Por cada autorización tienen que pagar el 50 por ciento de las ganancias de las celebraciones.

Por su parte, Hernández Barrón precisó que no es una situación nueva, pues desde hace meses, incluso años, denuncian la presencia del crimen organizado en los límites de Jalisco con Zacatecas, Durango y Nayarit, pero las autoridades no pueden retomar el control de esta zona que afecta a municipios como Mezquitic, Huejúcar, Huejuquilla, Teocaltiche, Villa Guerrero, Totatiche y más.

“La colindancia de Jalisco con nuestros vecinos en la zona Norte es el territorio ahora de disputa de algunos grupos que provocan afectaciones a la población, que se ven impedidas, incluso, a salir de sus comunidades por el temor a ser detenidas, retenidas, a ser robadas o agredidas. Recordemos que ha habido desaparición de personas allá en Monte Escobedo, un municipio de Zacatecas cercano a Mezquitic y al municipio de Huejúcar. Ha habido homicidios de personas, ha habido múltiples agresiones”, describió.

En varios de estos municipios hay comunidades indígenas wirraritari que no solo están en riesgo constante por la violencia, sino porque perjudica, también, el acceso a servicios básicos. Por ejemplo, provoca que los médicos no quieran ejercer en estos municipios, relegando el derecho a la salud de los pobladores.

Hernández Barrón mencionó que espera que ahora que la Iglesia Católica se posicionó sobre el tema y lo llevó al debate público, que las autoridades volteen a ver al Norte del estado. 

Hace unos días, la CEDH emitió un pronunciamiento sobre la inseguridad en San Andrés Cohamiata en Mezquitic; el titular del organismo afirmó que sí se reforzó la presencia de elementos federales en el lugar, pero falta que estas acciones sean permanentes y que tengan resultados.

“Es muy irresponsable que las comunidades de la zona Norte, particularmente las comunidades wirraritari se queden sin servicios públicos, sin personal médico porque no se garantiza la seguridad en sus territorios”.

“Ahora se ha colocado en el contexto por las manifestaciones de algunos líderes religiosos, sería bueno que las autoridades tomen conciencia y dejen de manejar el discurso políticamente correcto y nos digan realmente lo que está sucediendo y qué están haciendo”, concluyó.


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