SAÚL ORTEGA / NTRZACATECAS.COM
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El Colectivo Nacional Anticorrupción (Colecna), representado por Jorge Rada Luévano, denunció a Uriel Márquez Cristerna, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por presunto conflicto de interés al haber ejercido el cargo durante la administración de Alejandro Tello Cristerna.

De acuerdo con la denuncia, de comprobarse la irregularidad, ésta podría constituir una falta grave debido a que Márquez Cristerna es primo hermano del ex mandatario estatal Tello Cristera, de acuerdo con el artículo 51 de la Ley General de Responsabilidades Administrativa.

Rada Luévano urgió en que se realicen las investigaciones correspondientes “toda vez que el conflicto de interés es considerado como una falta grave, conforme a las disposiciones jurídicas”.

Enfatizó que no puede negarse el hecho de la existencia del conflicto de interés, al tomar como base que en los juicios en que ha intervenido Márquez Cristerna “no funge directamente como parte, interviniente  el entonces gobernador Tello Cristerna”.

Abundó que, al estar Tello Cristerna al frente del Poder Ejecutivo y todas sus secretarías, “de ahí que el conflicto de interés del magistrado Márquez Cristerna es incluso permanente y total en todos aquellos juicios promovidos contra alguna dependencia de la Administración Pública Centralizada, ya que su primo era gobernador”.

Por tanto, a decir del abogado y representante del colectivo, “las decisiones de los juzgadores deben ser apegadas al derecho y [que] garanticen el acceso a la justicia sin discriminación ni preferencias”.

Por lo anterior, argumentó que este principio de imparcialidad que debe evitar conflictos de interés “se rompe, al existir un grado consanguíneo con el titular del Ejecutivo”.

Los integrantes de la LXII (62) Legislatura designaron a Uriel Márquez Cristerna como magistrado en diciembre de 2017, con un total de 22 votos de 30; trabajó como coordinador general jurídico del gobierno estatal en la administración de Miguel Alonso Reyes, por un periodo de cinco años y tenía el puesto de Procurador Fiscal en la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Las designaciones obedeció a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, que fue aprobada en julio de 2017 como parte del paquete de leyes secundarias que conforman al Sistema Local Anticorrupción que entraron en función en 2018.


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